Francisco Ortiz Bello
Analista
La libertad de pensamiento y expresión, derechos garantizados a cualquier ciudadano en nuestra Constitución, son la base fundamental de las redes sociales. Ahí, todos pueden decir lo que piensan, lo que sienten, lo que les preocupa y lo que opinan de cualquier tema. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp y las demás redes sociales se han convertido en nuestros días en verdaderos “tribunales” populares en los que se “enjuicia” y “condena” con la mayor facilidad del mundo. Se ha llegado a verdaderos extremos de satanizar o criminalizar a personas o agrupaciones, sin la más mínima cordura o prudencia.
Incluso se ha llegado a afirmar que, en diversos procesos electorales en varios países del mundo, las redes sociales han jugado un papel preponderante para influir en las decisiones de los electores. Hay quienes aseguran que este papel ha sido determinante en algunos casos. No estoy tan seguro de que se pueda afirmar tanto, pero de que han sido un importante canal de comunicación para la sociedad moderna, no cabe la menor duda.
El mismo Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, ha afirmado en varias ocasiones que su triunfo se debe, en buena medida, a las “benditas redes sociales” sin especificar con precisión a qué se refiere exactamente cuando hace tal afirmación. Es decir, no precisa qué tanto en realidad influyeron las redes sociales en su triunfo, ya sea estimando algún porcentaje de influencia o bien algún otro cálculo más preciso.
Lo cierto es que hoy por hoy estamos ante un fenómeno de comunicación de muy importantes dimensiones. Los llamados “influencers” o “youtubers” alcanzan niveles de audiencia que asombran, logrando millones de reproducciones de sus videos o publicaciones diversas, difundidos a través de las redes sociales. Estos singulares personajes son “seguidos” también por millones y millones de personas. Todos hemos visto la viralidad con que se difunden algunos de estos productos de la comunicación postmoderna en nuestro país.
Sin embargo, también es de todos conocida la enorme displicencia e irresponsabilidad con la que se publica en las redes sociales, sin atender a la más mínima regla de ética o de verificación sobre los contenidos.
Incluso denostando y atacando el honor y la integridad de personas, sin que lo que se diga de ellas sea verdad o ni siquiera algo verificado.
Al estar ubicadas en la red de redes –internet–, las redes sociales se han convertido en territorio de nadie, en donde las supuestas libertades se convierten en armas para casi cualquier cosa, desde promocionar y publicitar productos o servicios, hasta para hacer trizas la honorabilidad de personas e instituciones, sin que para ello importen en lo más mínimo la clase, calidad, veracidad, certeza y legalidad de los contenidos que se difunden.
Derivado de todo ello, en diversas partes del mundo tanto gobiernos como organismos no gubernamentales han realizado algunos intentos por regular los contenidos publicados en estas redes sociales y su uso indiscriminado, pero estos esfuerzos siempre han topado contra la barrera de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, argumentando precisamente que la libertad de expresión es uno de esos derechos fundamentales de los individuos.
Pero ¿qué es en realidad la libertad de expresión? ¿Se puede o se debe regular? ¿Qué dice el marco normativo en nuestro país al respecto? Veamos.
De acuerdo con el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El artículo 6 de la Constitución mexicana dice a la letra: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
El artículo 7 de la misma Carta Magna señala puntual: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.
“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.
Considero que este marco regulatorio es muy claro. Sí, podemos decir lo que pensamos, podemos expresar libremente nuestras ideas y opiniones, siempre y cuando estas no constituyan un ataque a la moral, a los derechos de los demás o no se incite a la comisión de algún delito o conducta delictiva. Simple, ¿no?
Pues exactamente eso es lo que no ocurre en las redes sociales. Basta con echar una ojeada a cualquier publicación sobre campañas políticas, candidatos o partidos, en las redes sociales para darnos cuenta de que nadie ejerce esta libertad de expresión responsable y legal. Opinar de algo o de alguien es muy distinto a acusarlo de ser ladrón o corrupto, sin tener para ello la menor prueba que demuestre la acusación.
En las redes sociales hoy se comparte de todo. Desde novedosas y aleccionadoras lecciones sobre cómo elaborar una buena carne asada, interesantes videos de “hágalo usted mismo”, notas informativas de último momento, hasta inquietantes fotografías o videos de mujeres en poses y vestimenta que poco dejan a la imaginación, o bien repetir sin sentido lo que “alguien” más publicó en su muro y que se constituye en una grave advertencia para apagar los celulares durante la noche, debido a una terrible tormenta solar que ocurrirá, y para darle certeza a la publicación se acompaña con una información del National Geographic publicada en su sitio web. La nota y la tormenta son ciertas, verdaderas, sólo que corresponden a una publicación de enero de 2012, y los supuestos efectos devastadores que menciona la publicación que alerta a los usuarios de las redes, no tienen la menor base científica. ¡Terrible!
Pero lo mismo ocurre cuando se quiere influir en personas o grupos con fines específicos. Ya sea defender alguna causa o desprestigiar a una persona en específico. No importa que lo que se diga sea verdad o no, no importa el daño moral que se ocasiona cuando se atribuyen a una persona hechos o conductas no reales, que no tienen ningún sustento, lo único que importa es repetirlo, repetirlo, repetirlo y repetirlo. Hasta el cansancio.
Incluso hay toda una industria alrededor de esta poco edificante actividad en las redes sociales. “Empresas” o “granjas” repletas de los conocidos como bots (perfiles falsos de redes sociales), que rentan o venden sus servicios a quien lo desee, y dedicados de tiempo completo a “sembrar” comentarios, opiniones, acusaciones, señalamientos o cualquier clase de estrategia bien definida, aunque no sea precisamente verdadera o cierta.
Considero que, si en verdad queremos avanzar hacia una sociedad realmente más justa y democrática, como ciudadanos cada uno de nosotros, estamos obligados a reflexionar sobre este tema ¿De verdad se puede publicar lo que sea en las redes sociales? ¿Hacia dónde nos lleva esta actitud humana tan autodestructiva?
Tener una opinión sobre cualquier tema o persona y expresarla libremente no es lo mismo que hacer una acusación falsa o sin sustento. Lo primero se llama libertad de expresión, lo segundo sólo tiene un nombre: calumnia, difamación, y quien calumnia y difama, tarde que temprano, se convertirá en enemigo de la sociedad entera. Ofender y calumniar a alguien no sólo atenta contra su dignidad como persona, como ser humano, sino que pinta de cuerpo entero a quien efectúa la acusación como un ser carente de valores esenciales y de respeto por los demás es, por tanto, un ser despreciable que no merece formar parte del conjunto social, por mucho que las redes sociales los festejen y los consientan.