Pascal Beltrán del Río
Analista
Ciudad de México.- Ayer se dio la primera reunión entre el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del país.
Los mandatarios estatales han sido los grandes ganadores de la etapa de alternancia política, caracterizada por la ausencia de mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República por parte del partido gobernante.
Esa etapa se abrió en 1997 y se cerró este año con los resultados de los comicios del pasado 1 de julio, que devolvieron la mayoría a la fuerza ganadora de la elección presidencial.
Durante estos 21 años, los gobernadores se convirtieron en protagonistas de la política nacional.
Antes de eso, habían sido un apéndice de la Presidencia de la República. La enorme mayoría de ellos llegaba al cargo por decisión del Ejecutivo federal y duraban en él mientras éste lo dispusiera.
Antes de 1997 no era raro que el presidente decidiera remover a gobernadores, como si se tratara de empleados a su servicio y no de servidores públicos elegidos por la ciudadanía en las urnas.
Los primeros en rebelarse al mando unipersonal que distinguía al sistema político mexicano fueron gobernadores.
Comenzó Cuauhtémoc Cárdenas, gobernador de Michoacán, quien protagonizó, en los años ochenta, la ruptura más importante en la historia del PRI.
La década siguiente, luego de la pérdida de la mayoría tricolor en la Cámara de Diputados, los gobernadores de Puebla y Tabasco –Manuel Bartlett y Roberto Madrazo, respectivamente– retaron al entonces presidente Ernesto Zedillo a abrir el proceso de designación del candidato presidencial del partido.
Después de la toma de posesión de Vicente Fox –primer presidente en 71 años que no surgió del PRI–, los gobernadores se organizaron para incidir en la toma de decisiones.
Fue entonces que se formó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), integrada por mandatarios estatales surgidos de diferentes partidos políticos.
Se había inaugurado la etapa de la partidocracia, que reemplazó al régimen de partido hegemónico y en el que los gobernadores jugarían un papel preponderante.
El guanajuatense Vicente Fox había llegado a Los Pinos en 2000 después de haber sido gobernador entre 1995 y 1999. De hecho, Fox fue el primer exgobernador en alcanzar la Presidencia de la República después de que lo hiciera el veracruzano Adolfo Ruiz Cortines en 1952.
Durante medio siglo, los mandatarios estatales habían sido meros aprendices del Ejecutivo. Llegar al cargo de gobernador era un simple premio de consolación o una forma de poner fin a una carrera política.
Eso acabó a partir del año 2000. Los gobernadores se organizaron para exigir a Los Pinos un reparto del poder, especialmente en la asignación de los recursos públicos.
Uno de los principales logros de la Conago fue la obtención de una parte significativa del erario federal. Sin necesidad de desgastarse en cobrar impuestos, los estados se hicieron –mediante el cabildeo realizado por su respectivo gobernador– de cuantiosos recursos públicos denominados “participaciones”.
De los 5.2 billones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, 15 por ciento corresponde a ese rubro, un dinero con el que los gobernadores pueden hacer básicamente lo que quieran sin consultar a la Federación y que en años recientes ha estado en el radar de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, a causa de la opacidad con que ha sido ejercido ese gasto.
La reunión de ayer seguramente marcará el principio de un cambio de relación entre los gobernadores y el Gobierno federal.
Golpeados por escándalos de corrupción –como los protagonizados por los exmandatarios estatales Javier Duarte y Roberto Borge—, los gobernadores han perdido mucho del poder que habían adquirido como virtuales virreyes de la política nacional.
El actual Gobierno federal, el del presidente Enrique Peña Nieto, les quitó facultades mediante las llamadas reformas estructurales, como el manejo de la nómina magisterial.
No puede descartarse que López Obrador continúe con esa tendencia. Quizá vaya más allá y trate de hincar el diente en las prerrogativas que aún les quedan, como las participaciones federales, de donde el nuevo gobierno podría obtener los recursos que necesita para sacar adelante sus prioridades, como son los programas sociales para los adultos mayores y los jóvenes, así como la construcción de una o dos refinerías.
¿O usted cree que a López Obrador le importará mucho lo que le pida la Conago, donde su partido tendrá apenas cinco de las 32 posiciones?