Sergio Pacheco González
Analista
En el año 2000, en México se materializaba la primera alternancia en la Presidencia de la República. La ola de la transición democrática que se describía recorría el mundo, parecía tomar rumbo en el país. Atrás quedaron los reclamos de justicia por el llamado fraude electoral de 1988 y por las pérdidas de vida que en el proceso se presentaron. En el transcurso del proceso siguiente, la violencia homicida se hizo presente en las filas del partido gobernante. Impactó, más allá de éste, no sólo porque se trataba del secretario general del partido y del candidato a la Presidencia, sino porque se atribuyó al célebre discurso pronunciado por éste, el 6 de marzo de 1994, la motivación para su muerte:
“Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota; son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso.
Yo veo un México convencido de que ésta es la hora de las respuestas; un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar.
Yo me propongo encabezar un Gobierno para responderle a todos los mexicanos. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar”.
En el año 2012, se cerró el primer ciclo de la alternancia y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) retomó la administración federal. Seis años después, la vigencia de lo expresado por Luis Donaldo Colosio Murrieta no parece estar a discusión.
Después de algunos esbozos de una nueva institucionalidad, no sólo en el ámbito electoral, sino también con la creación de organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (2001) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2003), el gobierno de la alternancia perdió el rumbo y la legitimidad, y con ello la capacidad de avanzar en el cumplimiento de la promesa constitucional, aquella que todo político que se precie de serlo, asume como propia, concebir a “la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” (Artículo 3 Constitucional, Fracción II, Inciso a). El bono democrático apenas alcanzó para pasar la estafeta a un correligionario. Le siguieron dos sexenios en los que las violencias se han enseñoreado del país.
Este domingo 1 de julio de 2018, la ciudadanía ha optado por un nuevo ciclo de alternancia. Pareciera que la esperanza de que “el cambio” es posible se renueva. La esperanza de que los agravios tendrán freno, que los funcionarios públicos tendrán la voluntad y la actitud de servicio que dicen tener. Que la violencia será contenida y la justicia tendrá lugar y dará al traste con la impunidad, el abuso y el autoritarismo. Que los representantes populares tendrán la capacidad de comunicarse con hombres y mujeres de diversos contextos, con edades, expectativas y necesidades diversas, que al ser escuchados y escuchadas, se sabrán personas reconocidas y respetadas, con la disposición y la capacidad de sumar esfuerzos para construir mejores condiciones de vida.
Por ello, uno de los retos más desafiantes que enfrentará el nuevo Gobierno consiste en transitar de la democracia formal, a la democracia sustantiva. Pasar de esa concepción que nos homogeniza y que en el campo electoral considera que un ciudadano(a) es igual a un voto, ignorando de esa manera las diferencias e incluso desigualdades que prevalecen entre grupos y personas; a una que se nutre de las prácticas y experiencias que se verifican en la interacción social.
No hay recurso más poderoso, en términos políticos y sociales, que el recurso humano. Y precisamente, por su carácter humano, es que tiene como prerrequisito, para su óptimo desarrollo, el reconocimiento de su dignidad. El bono democrático que ha otorgado esta elección exige congruencia de la ciudadanía y de los liderazgos acreditados. Esto significa, participación y exigencia ciudadanas, responsabilidad, compromiso y respeto por parte de las autoridades gubernamentales.