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Votar: ineludible responsabilidad civil

Francisco Ortiz Bello
Analista | Domingo 01 Julio 2018 | 00:01:00 hrs

Los mexicanos decidimos hoy el futuro de nuestro país a través del voto en las urnas. La jornada electoral de este día es, en muchos sentidos, histórica para el desarrollo de México. También lo es para los chihuahuenses y juarenses en particular, porque además de votar por presidente de la República, senadores y diputados, en Chihuahua renovaremos el Congreso del Estado, los ayuntamientos y las sindicaturas de toda la entidad. Sin duda, un día y una jornada determinantes para todos los mexicanos.

Como mexicanos, como chihuahuenses, como juarenses no podemos, no debemos, evadir la enorme responsabilidad que significa elegir a nuestros gobernantes y representantes populares, sean quienes sean, porque de ello dependerán muchas cosas, entre las más importantes por supuesto, la necesaria representatividad y legitimidad de quienes obtengan el triunfo, así como la viabilidad de nuestra nación, de nuestro estado y de nuestra ciudad.

Como ciudadanos con derecho al voto, no podemos voltear la mirada hacia otro lado y dejar pasar el momento adecuado de hacer valer ese derecho -y obligación al mismo tiempo-, bajo ninguna excusa ni pretexto. Por más desencanto que exista hacia los partidos, o hacia los políticos que los conforman. La voz del pueblo en las urnas debe escucharse, fuerte, sonora, firme, decisiva.

El voto no es, de manera alguna, una opción a la que se pueda renunciar. Dejar de ejercer ese derecho constituye una gran irresponsabilidad de quien lo haga, porque no sólo renuncia a un derecho (que incluye también una obligación), también renuncia a una necesidad social: tomar decisiones sobre el presente y futuro de su país, de su comunidad, del bienestar de su familia.

La jornada electoral de hoy de ninguna manera es cosa menor. El destino del país es algo trascendental para cada mexicano y, más allá de ideologías, colores o partidos políticos, como ciudadanos de esta gran nación tenemos el deber de participar activamente en la toma de decisiones como la de hoy. No importa por quién vaya a votar, partidos políticos o independientes, lo que verdaderamente importa es que salga a votar.

En nuestro país ya no podemos seguir teniendo presidentes, gobernadores o alcaldes que llegan al cargo con un mínimo de aprobación de los electores. Lo mismo ocurre con diputados y senadores. Por eso después creen que no representan a nadie, porque nadie les pide cuentas luego.

Sólo para que podamos darnos una idea de lo que significa esto de la representatividad ciudadana, analicemos las más recientes elecciones presidenciales y las anteriores de alcalde en Juárez.

En 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa obtuvo la victoria con 15 millones de votos. En ese año, la lista nominal de electores fue de 71.3 millones de votantes. Es decir, Calderón obtuvo sólo el 21 por ciento de los votos del universo de electores con derecho a sufragar. Peor aún, en 2006 el INEGI reportó una población total de 104.9 millones de mexicanos, es decir, si comparamos el total de votos obtenidos por el panista para ganar la Presidencia, contra la población total de nuestro país en ese año, obtenemos que en realidad su representatividad fue mucho menor, apenas un 14.3 por ciento. Llegó representando apenas un poco más de uno de cada diez mexicanos.

Algo muy similar ocurrió en 2012. Hace seis años, el priista Enrique Peña Nieto junto con su aliado el PVEM, obtuvo la victoria con 19.1 millones de votos. En ese año el listado nominal se conformó con 79.5 millones de electores, lo que nos da una representatividad de 24 por ciento. Pero, al igual que en el caso anterior, la población en nuestro país en 2012 fue reportada en 110.1 millones de habitantes, por lo que en realidad Peña Nieto sólo obtuvo una representatividad del 17.3 por ciento de los mexicanos. Ni siquiera 2 de cada diez.

Esos niveles de representatividad son alarmantes por lo bajos que resultan. No es posible que un presidente de la República, cuya facultad y obligación es dirigir los destinos de toda una nación no tenga el aval o la representatividad ni siquiera de dos de cada 10 mexicanos. Por eso luego es difícil que entiendan y comprendan la enorme pluralidad de México, y menos aún que puedan emprender acciones de amplio espectro para todos.

Legitimidad y legalidad son dos cosas diferentes. Los presidentes de la República pueden llegar a la Presidencia mediante procesos perfectamente legales, calificados y sancionados debidamente por la autoridad electoral. Pero cuando su nivel de representatividad es tan bajo, como lo hemos ejemplificado en los casos anteriores, carecen de legitimidad para ejercer la función, ya que en realidad representan a muy pocos mexicanos.

Tan sólo como ejemplo, recordemos el caso de Felipe Calderón, quien además de llegar con bajos niveles de representatividad, la diferencia que obtuvo a su favor contra Andrés Manuel López Obrador de apenas 250 mil votos, un poco más de medio punto porcentual, puso en severo entredicho su legitimidad como presidente, y hubo de recurrir a fuertes medidas de empoderamiento, así como a necesarios acuerdos con el PRI para lograr cierto balance y estabilidad al inicio de su gestión.

Las cosas no son muy diferentes en el ámbito local. En 2013, el priista Enrique Serrano obtuvo la victoria electoral con 164 mil 340 votos que, en relación con la lista nominal de ese año, representaron un 16 por ciento. Ese año, la participación ciudadana fue de apenas el 30 por ciento de la lista nominal. Con una población estimada de un millón 350 mil habitantes en 2013, el nivel de representatividad que obtiene Serrano con su triunfo es de sólo 12 por ciento, es decir, apenas uno de cada diez habitantes de la ciudad.

Por eso resulta necesario y urgente que el nivel de participación ciudadana se incremente sensiblemente. Para que nuestros gobernantes y representantes populares realmente representen a un amplio número de ciudadanos y sus gestiones cuenten con una legitimidad aceptable desde el inicio de sus encargos.

Pero hay otro factor que es indispensable considerar en este análisis. El costo de la democracia mexicana es de los más altos del mundo. La desconfianza en los procesos electorales amañados que en el pasado reciente se daban, y la constante fiscalización de cada etapa de los procesos electorales han hecho que cada voto en nuestro país cueste más en cada proceso electoral.

El presupuesto asignado para las elecciones que se realizarán hoy en México, sólo el proceso federal, es de 7 mil 145 millones de pesos, es decir, si todos los ciudadanos salieran a votar hoy, el costo por voto sería de 81.4 pesos. Pero si estimamos una participación ciudadana del 50 por ciento, el costo de cada sufragio se incrementaría a 162.8 pesos. Una democracia cara, incompleta y sin el verdadero respaldo ciudadano, que es su esencia. O debería serlo.

Tan sólo para ilustrar de forma clara y precisa como ha ido creciendo el costo de nuestra democracia, las elecciones en 2006 costaron 2 mil 435 millones de pesos, mientras que en 2012 el costo se elevó a 4 mil 173 millones, y para este año costarán 7 mil 144 millones. Es decir, en 12 años, el costo se elevó en casi 300 por ciento.

Creo que todas estas son suficientes razones de orden moral, cívico, legal, político y hasta económico para convencernos de por qué hay que ir a votar hoy. Pero por si no lo fueran, dejé al final la que puede ser la de mayor peso. Piense en el futuro y destino que le quiere construir a sus hijos, a su familia, a sus parientes y amigos. Debemos ser conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como mexicanos, pero sobre todo como personas de contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestro país, en beneficio de nosotros mismos de nuestras familias.

No permita que otros decidan por usted, ni por los suyos. Hoy, todos los mexicanos debemos hacer un espacio en nuestras actividades domingueras y dedicárselo al deber cívico, moral y familiar de ir a votar. Por quien usted desee, pero vaya a votar.



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