Francisco Ortiz Bello
Analista
Fiel a su carácter pendenciero, conflictivo, inestable y altamente visceral, y a su total carencia de visión como estadista, el gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado ha declarado abiertamente la guerra contra los propietarios del Canal 44 de televisión local, los Cabada. El pretexto ha sido, desde luego, la candidatura de Armando Cabada, quien busca la reelección por la Alcaldía.
Y digo pretexto, porque en realidad este pleito en contra de los empresarios de la comunicación es lo de menos, Corral se pelea con todo mundo y por cualquier razón, pero en este caso en particular el pleito del gobernador obedece a motivos totalmente electoreros y partidistas.
Sí, Javier Corral sabe bien -porque tiene encuestas que se lo dicen con mucha claridad- que su candidato a la Presidencia Municipal de Juárez no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección. Sabe también que las encuestas ponen en primer lugar al actual alcalde con licencia Armando Cabada y que, de confirmarse esa ventaja, el exconductor de noticieros se reelegiría en el cargo con un muy amplio margen de ventaja. Eso no lo puede permitir el gobernador.
Y ha quedado demostrado, con los hechos recientes, que Corral está dispuesto a hacer lo que sea para evitar el triunfo de Cabada. Literalmente lo que sea. Incluso violentar las disposiciones legales que regulan los procesos electorales desde su alta investidura como gobernador.
Pero no sólo eso, que en sí ya representa una grave falta, sino que también está dispuesto a usar el aparato de administración y procuración de justicia como instrumento para atemorizar, o de plano, inhabilitar candidatos. Todo el poder del Estado al servicio de una causa política, partidista y electorera.
¿Por qué afirmo lo anterior? Porque hay suficientes elementos, evidencias, que apuntan en ese sentido, ¿cuáles son? En días recientes, y por cierto de manera bastante oficiosa, la Fiscalía General del Estado dio entrada a dos denuncias interpuestas por diversos actores políticos. No perdamos de vista este elemento, la política y los partidos en medio de todo esto.
En una de ellas, interpuesta por el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en esta frontera, Lic. Sergio Madero Villanueva, en la que a resumidas cuentas se le acusa de favorecer a la empresa televisora de su familia, mediante un contrato o convenio de publicidad por más de 18 millones de pesos, violando con ello las disposiciones que impiden a los servidores públicos otorgar contratos o beneficios a familiares.
Si bien es cierto que tal disposición legal existe, en el caso de la televisora propiedad de los Cabada hay algunas consideraciones que bien vale la pena analizar. Armando Cabada tuvo que vender sus acciones de la empresa familiar para entrar a la política hace dos años, ya que una clausula del testamento y de la sociedad establece que si alguno de los socios interviene en cualquier actividad política, debe abandonar la sociedad. Por esa razón las acciones de Armando fueron adquiridas, compradas, por don Arnoldo, el padre de los Cabada y fundador de la empresa. No existe pues ningún vínculo del presidente municipal con licencia y la empresa familiar.
En cuanto al otorgamiento de contratos también existen algunas consideraciones importantes. Primero, no es el presidente municipal quien otorga de manera directa y unipersonal tales contratos o convenios, vaya, ni siquiera es el único que autoriza mediante su firma. En la administración municipal existe el Comité de Adquisiciones que es la instancia que valora, revisa y a final de cuentas autoriza cualquier contratación de esta naturaleza. Así pues no hay una relación directa entre los convenios y la voluntad unipersonal del presidente municipal.
Si bien es cierto que los artículos 261 y 262 del Código Penal del Estado de Chihuahua, señalan las prohibiciones que tienen los servidores públicos para el uso de sus facultades y atribuciones en relación con el otorgamiento de contratos, concesiones o licencias, para no favorecer a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, también lo es que dicho favorecimiento debe entenderse o interpretarse adecuadamente.
Grupo Intermedia, o Canal 44, tiene casi 30 años ininterrumpidos celebrando contratos o convenios de publicidad con las diferentes administraciones municipales que ha habido en ese lapso de tiempo, por lo tanto el convenio celebrado con la actual administración no es nuevo ni fue producto de la relación familiar con el alcalde en turno, sino incluso como un derecho adquirido con el paso de los años. Y no sólo con la administración municipal ha celebrado contratos la televisora de los Cabada, sino con diversas dependencias e instancias de gobierno a lo largo de todo ese tiempo, que consideran necesaria la contratación de Canal 44 debido a las altas audiencias a las que llegan sus mensajes publicitarios, lo que puede ser fácilmente demostrado a través de las mediciones de rating.
¿Sería justo para cualquier empresa, de medios o no, dejar de recibir contratos o convenios -que ha recibido siempre- tan sólo porque uno de los familiares de los dueños recién entra a trabajar en la dependencia de Gobierno que los otorga? Además dichos contratos, al igual que el resto de las empresas de medios de comunicación, se hacen cumpliendo con todos los requisitos legales que exige la normatividad respectiva. Hay decenas de casos similares por todo el país, en donde el criterio de los jueces, tribunales y magistrados ha sido ponderar con todo detalle todas las circunstancias de cada caso, para determinar con precisión si existió dolo, si existió realmente favorecimiento o sólo se trata de casos regulares de derechos previamente adquiridos.
Pero hay más elementos a considerar en el caso de la empresa de los Cabada. El contrato o contratos otorgados en 2017 y 2018 resultaron menores en montos, que los otorgados en administraciones pasadas por lo que, lejos de hablar de favorecimiento a sus familiares, se podría decir que resultaron afectados al disminuir el importe de dichos contratos anteriores. Por otro lado, tampoco se puede hablar de dolo para la comisión de un delito, elemento necesario (el dolo) para la configuración del tipo penal, porque toda la información relativa a dichos contratos es pública y cualquiera tiene acceso a la misma a través de la página de transparencia del municipio.
Pero vayamos al verdadero fondo de todo esto. Si la autoridad investigadora, hoy en manos del panista Corral, le quiere ver elementos para considerar que se cometió un delito, lo va a hacer ¿por qué? Bueno, sencillo. Porque de esa manera quitarían de en medio a quien parece el claro ganador de la contienda electoral por la Presidencia Municipal. O al menos ese sería el cálculo político-electoral con esta medida.
Sin embargo, a la luz de todos los hechos y consideraciones ya analizados surgen varios cuestionamientos sobre los que habría que reflexionar. ¿Por qué presentar esta denuncia justo en pleno proceso electoral? Si los contratos datan de enero de 2017 y enero de 2018, ¿por qué no denunciaron desde entonces? ¿Por qué es el PAN quién denuncia? ¿Creerán de verdad que quitando jurídicamente de la contienda a Cabada será Galindo el que gane la elección? ¿Pensarán que los abogados de Cabada no tendrán nada que decir al respecto?
En mi opinión resulta claro y evidente que el gobernador Corral pretende eliminar de la contienda electoral a Armando Cabada, y que hará lo que sea para lograrlo incluso por la vía del abuso del poder, utilizando indebidamente las instancias de justicia a su disposición para arrebatarle un eventual triunfo en la mesa o inhabilitarlo posterior al mismo.
No obstante todo lo anterior, el propio gobernador Corral no tiene empacho alguno en violar flagrantemente la Ley Electoral, ante la complacencia de la autoridad respectiva que nada le dice, respondiendo públicamente y hasta con comunicado de prensa oficial al candidato Cabada. El gobernador no es candidato a nada, no aparece en las boletas electorales, por tanto no puede entrometerse en las campañas, y menos dando a conocer supuestos logros de su gobierno. Además la ley se lo prohíbe expresamente.
La clara y abierta intromisión del gobernador Corral en el proceso electoral amenaza gravemente con desestabilizarlo, porque genera una gran inequidad hacia los demás candidatos y en favor de los de su partido. Y la autoridad electoral ¿dónde está?