Lourdes Almada Mireles
Analista
La UACJ se encuentra en un momento decisivo y requiere ponerse a la altura de los tiempos y las exigencias actuales. Consolidarse como una institución pública, gobernada con base en la legalidad y la transparencia requiere un cambio de rumbo y una decisión clara de terminar con prácticas cotidianas que frenan su desarrollo, tanto académico como democrático.
Una de esas prácticas nocivas es el culto a la personalidad, reflejo de un sistema político que funciona a través de la concesión y el pago de favores y que reproduce el control y la permanencia de quienes gobiernan. Desde hace varias semanas, a propósito del lanzamiento formal de la campaña por la Rectoría del actual secretario académico, Manuel Loera, han llamado mi atención algunas declaraciones de colegas que, a pesar de no querer que gane firmaron en apoyo al funcionario “por lealtad” o “porque sienten que le deben”, o “por agradecimiento”, ya que “gracias a él” pudieron estudiar un posgrado, obtener una beca, acceder a un sabático o, peor aún, “a él deben su contratación”.
Esa forma de generar “deuda” entre las y los docentes universitarios se ha alimentado durante los últimos años con formas que deslegitiman las instancias en las que descansa la gestión y administración de la universidad, quita poder y anula el papel de otros funcionarios (as) responsables de tales recursos, y lo que es aún peor, afecta la imagen y la forma en que las y los profesores se conciben y valoran a sí mismos.
Durante los últimos seis años, en los que Manuel Loera ha fungido como secretario académico, cada vez que un (a) profesor (a) decide estudiar algún posgrado, gestionar una beca, tramitar una licencia o incluso gestionar un año sabático –todos derechos universitarios claramente establecidos en nuestra normatividad interna-, los mismos colegas sugieren: “habla con Loera”. De la misma manera, cuando algún profesor (a) acude a las instancias correspondientes a solicitar informes, el personal administrativo, invariablemente sugiere: “hable con el maestro Loera, a ver él qué le dice”.
Profesores (as) y administrativos (as) asumen –porque lo saben- que al tener su venia, el trámite avanzará y si no, las posibilidades serán realmente escasas. Entonces el o la docente hace antesala en la Secretaría Académica, finalmente se entrevista con el licenciado Loera, quien amablemente valorará la petición y “hará todo lo posible por ayudar”. Así el trámite avanzará y el o la docente quedará “eternamente” agradecido con quien concentra las decisiones que competen a los órganos colegiados y a la estructura administrativa creada para darles seguimiento.
¿Por qué y cómo, acceder a un derecho se convierte en una “deuda” por un “favor” brindado? Si el año sabático, la beca o el apoyo recibido son un derecho y se otorgaron conforme a la normatividad y mediante procedimientos claros y transparentes, se habrían garantizado las condiciones de equidad para acceder a recursos públicos. Y entonces nadie le debe nada a nadie… Si se concedieron en cambio como un “favor” y se debe por ello “gratitud” a alguien, estaríamos frente a casos de mal uso de recursos públicos, manejo discrecional de los fondos y violación de los derechos humanos, la normatividad y los criterios básicos de la institución.
Es importante aclarar que la responsabilidad es en todos los casos de la autoridad, pues los profesores finalmente están (estamos) haciendo lo que se les indica como necesario para acceder a los beneficios a que tienen derecho.
Más serio aún es el hecho de que un número importante de profesores (as) se sientan agradecidos y comprometidos con Manuel Loera porque “le deben” su contratación. Este aspecto es aún más delicado –desde mi punto de vista- porque lleva a las y los docentes a dudar tanto de su propia capacidad como de la legalidad de su integración a la UACJ. Si las contrataciones se realizan mediante convocatoria abierta y bajo la evaluación de un comité dictaminador, se supone que se elige a los (as) profesionistas más capacitados y que demuestran un perfil idóneo para el puesto.
Pensar o hacer creer a las y los docentes que le deben su plaza a alguien en la institución es una ofensa grave contra la dignidad, la transparencia y la normatividad universitarias. Más allá de la elección de rector, nuestro pronunciamiento es por la legalidad, la transparencia y la democracia en la UACJ.