Sergio Pacheco González
Analista
En una colaboración anterior, se comentaba que uno de los argumentos que de cierta manera legitima la circulación de vehículos extranjeros no regularizados, se sustenta en la pretensión de proteger el patrimonio familiar de quienes los poseen, ante su eventual decomiso por parte de autoridades federales, pues, como ya lo expresó el entonces presidente municipal en funciones: “Nosotros como autoridad local no estamos obligados ni a decomisar mucho menos porque no tenemos esa facultad”.
Como se sabe y observa cotidianamente, las autoridades federales han decidido no realizar la confiscación o embargo de esos vehículos, mientras que candidatos de diversos partidos y niveles, han prometido la implementación de un programa de regularización de dichos bienes muebles al triunfo de sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República. La autoridad local considera que, después de un programa de regularización, las y los propietarios de vehículos chocolate, tendrán la obligación de cumplir con las normas locales.
Dos aspectos es importante tomar en cuenta cuando se habla de patrimonio familiar. El primero es de orden legal. De acuerdo cin el portal de Gobierno del Estado (http://tramites.chihuahua.gob.mx/secretar%C3%ADa-general-de-gobierno/constituci%C3%B3n-del-r%C3%A9gimen-de-patrimonio-familiar), la constitución del patrimonio familiar es un: “Acto por medio del cual se protegen los bienes que garanticen la subsistencia de una familia, tales como: casa habitación, muebles, unidad de producción”, entendiendo por esta última aquel negocio, incluidos muebles e instrumentos de trabajo, que provee la subsistencia familiar.
Lo que llama la atención para este caso, es que se excluye de manera precisa, como parte del peculio familiar, a los automóviles. Además, asegurar este patrimonio requiere de realizar un trámite ante la autoridad estatal. La ventaja de éste radica en que los bienes en él reconocidos, de acuerdo con el artículo 176 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, “serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles por herencia, con simplificación del procedimiento de los juicios sucesorios. La ley determinará los bienes que deban constituirlo, su valor máximo, las personas en cuyo beneficio se establezca y los requisitos de su constitución, ampliación, reducción o extinción”.
El otro aspecto por considerar no carece de aspectos legales, mas permite develar lo que no se reconoce en el discurso de quienes son permisivos y omisos en la aplicación de las normas. Si se pretende proteger el patrimonio de quienes, a decir del entonces alcalde en funciones, son gente muy humilde, ¿por qué no poner límites en los modelos y marcas de los vehículos que pueden ser sujetos de ese beneficio? Así como se acordó o permitió hacer uso de un tarjetón para evitar multas a quienes circulan con automotores sin placas, así pudo acordarse que esto no fuera posible para quienes, así como tienen la capacidad económica para comprar un BMW, por ejemplo, tengan la responsabilidad de cumplir con las leyes.
Se puede argüir que no se debe tratar de manera diferente a ninguna persona, no obstante, en los hechos es lo que se ha materializado. Por ejemplo, ¿qué consideraciones se tomaron en cuenta, relativas al patrimonio de quienes cumplen con sus responsabilidades? Entre estas personas, por cierto, las hay también de diversos estratos socioeconómicos. En un eventual siniestro, ¿qué patrimonio está en riesgo? El de todas y todos. Primero, porque quien posee un vehículo chocolate no puede contratar un seguro vehicular y por tanto contar con el respaldo económico, médico y legal que éste ofrece, por lo tanto, de corresponderle la responsabilidad como causante de este, tendrá que poner en uso sus escasos o amplios recursos económicos para hacer frente a la eventualidad. Por tanto, su patrimonio podría verse muy afectado, cuando no también su libertad.
Las personas que pudieran ser afectadas, así como los recursos públicos, están también en riesgo, máxime cuando no se pudiera identificar a quien resultara responsable o éste no contara con los medios para hacer frente a los costos que resultaran del incidente, riesgo más que evidente si se toma en cuenta que, de acuerdo con la Encuesta Percepción de la ciudadanía sobre el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas, 71.2 por ciento de las personas que indicaron manejar algún tipo de vehículo en 2017, no contaban con ningún tipo de seguro vehicular. En este sentido se puede coincidir: el patrimonio está en riesgo.