LA COLUMNA
de El Diario
• Policías, gobernador y Aztecas de ‘vieja escuela’
• Mil millones de Río Tinto pueden eso y más
• Panistas juarenses no fueron con Anaya
• El rostro sin emoción de la candidata Maru
Restan todavía 12 días para que termine el mes. Efectivamente junio apunta para quedar registrado como uno de los meses más violentos del año junto con mayo, que se fue casi al doble de abril.
Lo han dicho las autoridades federales, estatales y municipales, ha sido la guerra intestina librada entre Los Aztecas y La Línea, brazos operadores del Cártel de Juárez, la que ha provocado la mayor cantidad de ejecuciones en esta frontera.
Los autollamados “Aztecas vieja escuela” han amenazado en mantas a municipales y ministeriales por apoyar a uno de los grupos separados que es liderado por uno de los nuevos Aztecas y miembros de La Línea.
Enero empezó violento con 72 muertes, febrero se redujo a 44, marzo subió a 56, abril a 65, mayo alcanzó casi el doble con 124 y junio lleva más de 90 hasta ayer a media tarde.
Los propios jefes policiacos y miembros de la Mesa de Seguridad advirtieron que las cifras de junio podrían alcanzar a las de mayo porque notaban una “mayor descomposición” entre Los Aztecas.
Aun con esas tendencias en la mano, las autoridades correspondientes no han tomado las providencias elementales que impidan esa escalada muy similar ya a los años negros de inseguridad sufridos por esta frontera hace nueve años.
Javier Corral, el gobernador del estado, la ha pasado a mentira y mentira. “La próxima semana ustedes podrán comprobar un nuevo operativo. Más fortalecido, con mayor presencia de todos nosotros, que hemos logrado en una reunión muy importante en forma espléndida”, anunció con bombo y platillo tras sostener una reunión con funcionarios federales.
Estuvo en la Ciudad de México con el fiscal general del Estado, César Peniche Espejel; el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Aparicio; el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y el jefe de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto.
Ningún operativo. Hacemos énfasis: en lo que toca a Juárez, precisamente mayo fue el más violento del año, junio pinta para emparejarle. Ninguna coordinación, ninguna misericordia hacia los juarenses de su gobierno.
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Así muy bajita la mano, la empresa minera Río Tinto saca un promedio de mil millones de pesos anuales por su actividad desarrollada en Cieneguita Lluvia de Oro, en el municipio de Urique, Chihuahua; allá por el fondo de Barrancas del Cobre, el principal centro turístico serrano de la entidad.
En aquella mina se reventó una presa el pasado cuatro de junio, murieron cuatro mineros y una cantidad todavía indeterminada desapareció. Han sido hallados pedazos de cuerpos. Nada más. Entre seis y diez son las personas bajo toneladas de lodo.
Además de los trabajadores muertos, todas las alertas de emergencia fueron encendidas río abajo, rumbo al Río Fuerte, en Sinaloa, de cuya agua viven cientos de miles de personas y empresas agrícolas. Imposible conocer el tamaño de la contaminación producida. Fue manejado el incidente con gran opacidad sobre todo por parte de autoridades estatales.
A pesar de las múltiples irregularidades en la operación de esa mina, involucrado su dueño Mario Ayub Touché con el director de Minería del Gobierno estatal, Rafael Jabalera y la diputada panista, Blanca Gámez, los trabajos allá no solamente han continuado, sino que ahora tienen la protección de militares para evitar toda “fiscalización social”.
A los dueños y sus cómplices en Gobierno no les importan vidas de seres humanos ni medio ambiente; es más el dinero en juego: hablamos de una tonelada y media de oro por año a un precio en el mercado general de mil 400 millones de pesos; y cinco toneladas de plata: 60 millones. Menos gastos que no llegan al 30 por ciento las ganancias son exhorbitantes. Pueden llevarse a todos los militares del estado para vigilarlos y ni así les hacen cosquillas.
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Ni falta que hicieron los panistas juarenses en Chihuahua capital el sábado para participar en el cierre de campaña de Ricardo Anaya. Fue repleto el gimnasio Manuel B. Aguirre (unas ocho mil gentes) con acarreados de Delicias, Cuauhtémoc, Camargo, Jiménez, algo de Parral (allá están muertos los azules) y el grueso de la misma ciudad de Chihuahua.
Aunque sean contados los blanquiazules fronterizos que traen la camiseta puesta se notó el vacío en Chihuahua y también el enojo del dirigente estatal de Acción Nacional, Fernando Álvarez Monge.
Pasaron lista de asistencia sólo las candidatas Lucero Nieto, del tercer distrito federal; Marisela Terrazas, del quinto local, y la abanderada por el cuarto federal, Daniela Álvarez, una de las pocas que trae sus números en verde no sólo porque se trate de un distrito históricamente azul, sino porque hace campaña para obtener el amplio margen que le permita obtener un espacio holgado en la Cámara de Diputados y en tres años entrar como cuchillo en mantequilla por la Alcaldía.
El caso es que sólo ellas fueron al cierre de Anaya, el resto se hizo ojo de hormiga igual que a lo largo de toda la campaña. Ramón Galindo, el aspirante a la Alcaldía, tampoco quiso gastar gasolina de Juárez a Chihuahua pero se aventó un enlace vía skype con el candidato presidencial, quien se comprometió a ayudar a esta frontera para terminar el Hospital Infantil de Especialidades, continuar con los trabajos del Centro Histórico de la ciudad y construir el Centro de Convenciones. Galindo y su equipo entablaron la comunicación justo desde el exhipódromo, donde permanecen a menos que medias varios de esos proyectos.
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Maru Campos no supo ni qué contestar. Con un rostro reluciente pero ayuno de emoción, salió por la tangente. Se indignó y se escabulló sin respuestas convincentes. Fue apabullada por las pruebas de corrupción en su contra.
Debió tener mucho estómago para resistir las acusaciones de Fernando Tiscareño y Alejandro Domínguez (candidatos a la Alcaldía de Chihuahua), durante el debate del domingo en la capital del estado, que tuvo como base la información publicada por El Diario en relación a los siete y pico de millones recibidos de manos de Jaime Herrera y sus operadores, por instrucciones de César Duarte. Fueron pagos por grandes servicios en el Congreso del Estado cuando ella era diputada. Cinismo descarado.
Tiscareño no se quedó con la simple acusación, y el mismo domingo fue a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar denuncia penal.
Pero Maru, la candidata a la reelección por el PAN, goza de muy buenas influencias. El gobernador Corral, en un cálculo electoral para reducir daño, se hace de la vista gorda. La ha dejado pasar.
El cascabel está puesto pero bendita impunidad, y graciosa protección del Instituto Electoral, que redujo audiencia en un domingo de fiesta al debate, tal vez con el objeto de que pasara sin pena ni gloria.
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