Opinion

Elecciones concurrentes, ¿benéficas o perjudiciales?

Francisco Ortiz Bello
Analista

2018-06-16

Mucho se ha dicho y escrito sobre el proceso electoral de este año, cuya principal característica de ser concurrente es lo que lo hace inédito, atípico, extraordinario y, por lo tanto, muy difícil de analizar en todo su contexto.
Principalmente se justificó la medida de homologar calendarios electorales federales y locales, bajo el razonamiento de eliminar gastos, optimizar la organización, unificar la logística e incrementar sensiblemente la participación ciudadana, como las principales razones que llevaron a esta decisión. Ahora, en la recta final de las campañas, no parecen tan claras como antes esas mismas razones.
Nunca antes como hoy se había evidenciado con tanta claridad, la enorme brecha que hay entre estos dos contextos políticos, el nacional y el local, en relación directa con los intereses, demandas y aspiraciones de los ciudadanos fronterizos, por poner un ejemplo. Es claro que la geopolítica define las diferencias entre las distintas regiones de nuestro país.
Es por ello que no resulta igual para un yucateco, que para un poblano o un juarense, la valoración de su voto para presidente de la República que para alcalde de sus respectivas ciudades. O para diputados locales y federales.
La interacción directa con el poder político central, debido a la cercanía geográfica, entre un habitante de Puebla, Querétaro o Toluca, con uno de Juárez, Reynosa o Tijuana es abismalmente diferente no sólo por esa lejanía de espacios físicos, sino por la lejanía de intereses, problemáticas y atención que desde el gobierno central se da a las entidades alejadas del centro del país, particularmente a las del norte.
Mientras que para un norteño es más prioritaria, y hasta urgente en algunos casos, la definición de autoridades federales en términos de una visión político-económica cada vez más regionalizada, cada vez más aterrizada a problemas y situaciones especificas de entidades o ciudades, más que de todo el país, para los habitantes del centro de México, o del sur, las prioridades o necesidades son completamente distintas.
En ese sentido, la oferta política que hacen los candidatos a la Presidencia de México, ya sea de partidos, coaliciones o independientes, puede eventualmente “contaminar” la visión o voluntad de los electores en relación con su decisión del voto por autoridades o representantes locales, haciendo con ello que tome decisiones equivocadas o, al menos, influenciadas por factores ajenos a sus reales intereses.
No estoy afirmando categóricamente que así sea. O que así vaya a ocurrir. Lo que sí digo es que bien vale la pena reflexionar sobre el tema, discutirlo, analizarlo y evaluar el resultado final del actual proceso electoral concurrente. No sólo desde esta visión estrictamente político-electoral y de la participación ciudadana en relación directa con sus intereses y más sensibles demandas, sino en el más amplio de los escenarios que también incluya, por supuesto, la valoración técnica del proceso en sí mismo.
Aspectos tales como la instalación y operación de las casillas electorales, la selección, reclutamiento y capacitación de los funcionarios de casilla, la validación de los representantes de candidatos, observadores electorales, así como todo lo inherente al desarrollo de la jornada electoral, son temas sobre los que hay que reflexionar muy detenidamente para valorar la conveniencia, o no, de que los procesos electorales en México sean concurrentes.
Toda esta parte de la organización, operación y logística de una elección, anteriormente estaba muy bien definido el nivel de participación y responsabilidad del tipo de autoridad electoral que tenía a su cargo dicho proceso. Si la elección era federal, la responsabilidad de todo correspondía pues a la instancia electoral federal, y si era estatal o local, en consecuencia la responsabilidad era de la autoridad estatal.
Ahora no. En el actual proceso electoral concurrente, la operación de las casillas electorales está a cargo de los dos niveles de la autoridad electoral. En diferentes niveles de participación y de responsabilidad pero ambas participan. Eso va a requerir de un alto grado de capacitación y coordinación de quienes organizan, así como de los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla.
En una misma casilla se recibirán, clasificarán, contarán y empaquetarán los  votos para presidente de la República, senadores y diputados federales, que deberán tener un tratamiento y canalización particular, así como los votos para diputados locales, alcaldes, síndicos y fórmulas de Ayuntamiento, tendrán el propio que es diferente.
Todo eso sin contar con la parte operativa de vigilancia a cargo de los partidos políticos o coaliciones que también hacen un importante despliegue de representantes, en cada casilla, por cada candidato. ¿Harán lo mismo esta vez? Porque resulta claro que si en una misma casilla se cuentan, clasifican y empaquetan todos los votos, es decir, en lugar de que hubiera dos representantes por cada candidato a cada cargo de elección popular, por cada partido o coalición (eso sería algo así como 12 representantes de una misma fuerza política), con dos o tres quizá sería suficiente.
Sin embargo, no terminan ahí todas las valoraciones y reflexiones en relación con la conveniencia o viabilidad de los procesos electorales concurrentes. Hay otros elementos que “enturbian” o “contaminan” una elección y otra.
Regularmente, en los procesos electorales de antaño, la separación de los ámbitos estatal y federal, permitía a los partidos políticos, candidatos y patrocinadores de campañas, enfocarse, concentrarse adecuadamente en el tipo de campaña de que se tratara. Destinando los recursos financieros, materiales y humanos necesarios y suficientes para el buen éxito de las mismas. Hoy, con el proceso electoral concurrente, quedó demostrado que en muchos casos se han distraído esa clase de recursos hacia las campañas federales, particularmente hacia las de presidente de la República, con toda la desatención que eso implica para las campañas locales.
Y ese es, quizá, uno de los factores más riesgosos que se deben evaluar y analizar en los procesos electorales concurrentes. Porque lejos de contribuir positivamente a nuestra incipiente democracia, pudiera representar el punto de quiebre para terminar de tirar por la borda los esfuerzos realizados hasta hoy.
¿A qué me refiero? El inusitado apoyo que se percibe en el electorado hacia López Obrador, en su aspiración por llegar a la Presidencia de la República, al menos de acuerdo con casi todas las encuestas, pudiera llevar a una especie de elección en cadena (muy similar al fenómeno Fox en 2000) mediante la que el electorado chihuahuense y juarense, decidiera dar también su voto a Morena en correspondencia con la elección federal, olvidando las particularidades de la elección local, las condiciones de la política doméstica, las condiciones económicas de la región, así como las características, virtudes y defectos de los candidatos locales, lo cual por supuesto no sería nada conveniente para la vida de quienes habitamos esta zona del país.
Ese quizá sea el riesgo mayor. Porque representaría una lastimosa regresión de nuestra democracia, hacia los peores años del mesianismo político de los años postrevolucionarios. Que el gane, lo gane todo, y que el que pierda, lo pierda todo. Aunque el que termine perdiendo sea el pueblo al final.
Por todo ello es que planteo esta necesidad de evaluar la conveniencia o no de los procesos electorales concurrentes. Realizar un balance serio, objetivo, imparcial, informado, bien documentado, que refleje a ciencia cierta todas las ventajas y desventajas de su operación, poniéndolas adecuadamente en una balanza que nos permita ver con claridad si vale la pena ahorrarnos unos pesos y algo de tiempo, aun a costa de sacrificar otros temas de mayor impacto en la sociedad y en nuestro sistema democrático.
No siempre ahorrar dinero es signo de beneficio y utilidad. Sobre todo cuando lo que se sacrifica al dejar de gastar recursos económicos, o tiempo, o todo junto, disminuye o afecta el devenir democrático, incluyente y participativo de toda una nación y sus habitantes.

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