Sergio Pacheco González
Analista
Promover, permitir y estimular, son los verbos que dan cuenta de las acciones de diversos actores de cara al incremento de los –se estima en diversos medios– alrededor de 38,000 vehículos irregulares que se encuentran circulando en este municipio. Como se puede observar en las vialidades, vehículos sin placas o con tarjetones color rojo, se mezclan en el tráfico con aquellos de origen nacional, nacionalizados o fronterizos, que han legalizado su estatus y han pagado los impuestos respectivos, así como los derechos vehiculares correspondientes.
Particulares, autoridades municipales y federales, así como candidatos a puestos de elección popular, locales y federales, encuentran coincidencias en la promesa de establecer, por enésima ocasión, un plan de regularización de los conocidos como autos chuecos o chocolates. Coyuntural como es, la estrategia parte del error de legitimar las acciones de particulares u organizaciones partidistas, que asumen en la práctica atribuciones gubernamentales.
Se entiende que los particulares, cuyo negocio es la compraventa de vehículos, insistan y presionen por lograr que las condiciones para llevar acabo su actividad posibiliten la legal estancia de esos bienes, lo que no se atiende ni resuelve es la ilegal introducción de estos. En este ámbito, las autoridades responsables han sido omisas.
Permitir la circulación de vehículos, amparados en una identificación sin validez oficial y con mínimas, por no decir nulas, posibilidades de que sus propietarios sean identificados en casos de siniestros, ha tomado tal cariz que, de acuerdo con autoridades locales y estatales, un porcentaje importante de los vehículos vinculados a hechos delictivos, no contaban con placas o portaban tarjetones rojos.*
Es claro que no se trata de estigmatizar a quienes por necesidad adquieren un vehículo en condiciones desfavorables para su patrimonio, su seguridad y tranquilidad. Lo que está en cuestión es la permisividad gubernamental y acciones como la que realiza el Partido Revolucionario Institucional a través de su Secretaría General del Comité Directivo Nacional, al promover el registro de propietarios de medios de transporte de procedencia extranjera, con el único amparo de un futuro y quizás improbable programa de regularización decretado por su ahora candidato presidencial, en caso de obtener el triunfo en las elecciones de este 2018.
En el pasado, con programas similares, a la par que fronterizos lograban regularizar sus vehículos, se posibilitó la introducción de cientos de vehículos al centro y sur del país, satisfaciendo necesidades diversas. Ahora, en un entorno electoral, se utiliza un argumento válido: no dañar el patrimonio de las familias juarenses, para pretender legitimar tanto las omisiones como las acciones irregulares, es decir, fuera de la norma o de las reglas correspondientes.
Al habilitar estos medios de transporte para su libre circulación y al establecer al mismo tiempo criterios de excepción, se presenta un contrasentido: quienes los usen no pueden ser molestados por el hecho de carecer de placas oficiales, tornando a quienes carecen de tal tarjetón, versión vendedores o priista, en usuarios vulnerables a la acción gubernamental. En otras palabras, quien posea un vehículo extranjero no regularizado, puede optar por no acatar la norma vigente y ampararse con entes capaces de ofrecerles trato de excepción, o bien estar a expensas del ejercicio de la autoridad local. De ésta, el eslabón más débil y por lo tanto el más cuestionado, es el agente de Tránsito. ¿Tomarán en cuenta las autoridades las condiciones en que los exponen en su labor?
Si, como señala José Antonio Crespo (2013:19): “La legitimidad política puede entenderse, en términos generales, como la aceptación mayoritaria, por parte de los gobernados, de las razones que ofrecen los gobernantes para detentar el poder”, es claro que el argumento esgrimido apunta en este sentido: no afectar el patrimonio de las familias juarenses. ¿Lo pensará así la mayoría?
Una consideración se impone. Como sus ediciones previas, un futuro programa de regularización no atenderá las causas que favorecen la introducción ilegal de vehículos, si no se plantea atacar la corrupción, auspiciar la movilidad urbana y la seguridad ciudadana. Transporte público digno y eficiente, por ejemplo, es una de las opciones. Densificar la ciudad, antes que mantener su hasta ahora incesante expansión, una más. Cierto, otros intereses se tocarán, corresponderá a las autoridades gubernamentales lograr los acuerdos que el interés general demanda.
Referencia- Crespo, José Antonio. (2013). Elecciones y democracia. México: IFE.
* https://www.periodicoelmexicano.com.mx/local/reconoce-alcalde-uso-de-chuecos-en-delitos; http://www.juarezhoy.com.mx/index.php/juarez/item/36056-la-mayoria-de-los-crimenes-se-cometen-en-autos-chuecos