Pascal Beltrán Del Río
Analista
Ciudad de México.- La preocupación no debiera girar en torno de lo que ocurra el domingo 1 de julio, sino el lunes 2.
Tenemos un sistema electoral que, pese a sus limitaciones y desfiguros, posee una característica básica de la democracia: cada voto corresponde a un ciudadano distinto y gana quien más votos obtiene.
Entonces, no veo razón para que quien sea declarado triunfador de la elección presidencial no cuente con legitimidad para gobernar.
Podrá gustarle a unos y no gustarle a otros, pero habrá presidente de la República elegido por la mayoría de los votantes (y lo mismo ocurrirá en los estados con las elecciones de gobernador).
Seguramente, el 1 de julio no sucederá nada grave que tenga que ver con la organización de las elecciones. Las casillas se instalarán, los ciudadanos se formarán en ellas y votarán, los sufragios se contarán y alguien se alzará con la victoria.
Si hay problemas, éstos ocurrirán a partir del 2 de julio. ¿Cuáles pueden ser? Fundamentalmente, tres: que alguno de los perdedores no acepte el veredicto de las urnas y crea que él importa más que el país; que el ganador no tenga la grandeza para buscar la suma de quienes pierdan y que el largo periodo de transición –cinco meses, entre el 1 de julio y el 1 de diciembre– dé lugar a un vacío de autoridad que impida lidiar con dos temas de la mayor importancia: la economía y la seguridad pública.
Sin demérito de los dos primeros puntos, me extenderé en el tercero porque me parece que no se le ha dado la importancia suficiente.
Ya he escrito aquí que México tiene un período de transición demasiado largo. Éste es una herencia de la Constitución de 1857, del que, inexplicablemente, no nos hemos podido deshacer.
Se entiende que en el siglo XIX organizar un gobierno podía tomar mucho tiempo. Antes de que inauguraran el tren entre la Ciudad de México y Oaxaca, en 1892, el recorrido en carreta entre una ciudad y otra tomaba más de una semana. Por cierto, esa es la razón por la que los pueblos oaxaqueños que están en el camino celebran su tianguis en días de la semana distintos.
Pero ¿qué justifica hoy en día que México tenga un proceso de transición tan largo?
La reforma constitucional que comenzará a operar en 2024 lo reducirá a cuatro meses (de las elecciones en junio a la toma de posesión en octubre), pero sigue siendo excesivo.
Y el problema que tenemos en 2018 es la incertidumbre económica que tiene agarrado al mundo, así como el crecimiento exponencial de la violencia criminal en muchas partes del país.
¿Habrá una adecuada coordinación entre el gobierno actual y el equipo del ganador de la contienda presidencial para hacer frente a esas dos amenazas? Ojalá que sí. ¿Pero si no?
La historia ha probado que, sin coordinación, los periodos de transición son potencialmente tiempos de riesgo, en los que se fermentan problemas que pueden estallarle en las manos al gobierno entrante.
Por si fuera poco, México no solo tendrá que lidiar con un largo proceso de transición a nivel federal. Ese peligro también estará presente en algunos de los estados que tendrán cambio de gobernador derivado de las mismas elecciones.
Esto es especialmente cierto en entidades donde se dará una alternancia entre partidos, que, es muy probable, serán la mayoría.
Se antoja que en Veracruz una transición entre los Yunes, padre e hijo, sea manejable. Pero ¿qué pasará si Miguel Ángel Yunes Linares tiene que entregarle el poder a Cuitláhuac García, el candidato a gobernador del partido de su archirrival Andrés Manuel López Obrador?
En Veracruz, la toma de posesión será el 1 de diciembre, misma fecha de la asunción del nuevo presidente. Sin embargo, en Tabasco -estado que, igual que Veracruz, enfrenta problemas económicos y de seguridad- la toma de posesión será el 1 de enero.
Solo tres estados, Guanajuato, Morelos y Yucatán, tienen una toma de posesión que se adelanta al 1 de diciembre. En el primero, será el 26 de septiembre y en los dos siguientes, el 1 de octubre. En la Ciudad de México será el 5 de diciembre; en Jalisco, al día siguiente; en Chiapas, el 8 de diciembre, y en Puebla, el 14 de diciembre.
Ojalá que la palabra que marque estos lapsos entre la votación y la toma de posesión sea la colaboración. Para ello se necesitará primero que se conjuren los dos primeros riesgos que se asomarán en el horizonte del país el 2 de julio: la no aceptación de los resultados por parte de quienes pierdan la Presidencia y las gubernaturas y la falta de grandeza de los ganadores para entender que han recibido una oportunidad para servir temporalmente a los ciudadanos, no servirse de ellos.