Jesús Antonio Camarillo
Académico
Mucha controversia causó toda la faena involucrada en la elaboración, aplicación y resultados del examen para la elección de jueces en el estado de Chihuahua. Según notas periodísticas y quizá en el acto más visible de la molestia desatada, el magistrado Luis Villegas Montes “acusó públicamente a la consejera de la judicatura Luz Estela Castro Rodríguez de no ser confiable y de hacer todo lo necesario para favorecer solamente a sus recomendados en el proceso de selección de jueces de primera instancia” (El Diario; 23/05/ 2018). Según el funcionario judicial la prueba de conocimientos tenía muchas fallas, “como preguntas repetidas, otras equivocadas, algunas confusas y otras capciosas”. Aduciendo que se hizo prácticamente para no pasarla. Lo asentado por Villegas Montes fue apoyado por algunas Barras y Colegios de Abogados de la entidad, así como por personas que realizaron el controvertido examen.
La inconformidad del funcionario judicial también hizo alusión a que la institución que se encargó de los preparativos del examen no fue “un organismo propio” como el Instituto de Formación y Actualización Judicial, sino que fue elaborado por la Universidad Iberoamericana, específicamente por gente allegada a la consejera.
Como respuesta a lo dicho por el juzgador, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en un comunicado con inserciones pagadas en distintos medios, manifestó que ese organismo no cuenta con ninguna prueba que sustente tal señalamiento, exhortando al magistrado para que de contar con algún medio de prueba lo presente de manera formal.
Cabe advertir, en principio, que el tono que adquirió la discusión por un examen de conocimientos parecería algo inédito en el entorno chihuahuense, pero no las dudas y sospechas por exámenes similares aplicados en el pasado. Históricamente, la selección de jueces y magistrados en el estado de Chihuahua ha estado salpicada de zozobras y “sospechosismos”. En países con un subdesarrollo visible en materia de transparencia y una prácticamente nula división de los poderes, el que alguien sospeche de un examen para acceder a un cargo público constituye una regla y no una excepción. Sin embargo, parte de la completitud de esa regla es mantener sofocada la duda o la sospecha. El malpensado tiene que tragársela entera, si acaso no quiere ver obstaculizado su futuro laboral o político. Pero pensemos, ¿cuántos jueces y magistrados en la historia de Chihuahua han llegado a su posición prácticamente inamovible por sus propios méritos? Quizá muchos de ellos, pero defender la idea de que el Poder Judicial chihuahuense es un poder inmaculado, sería propio de un Hércules de la ingenuidad.
Lo que se observa ahora es que esa duda o sospecha se explicita. Las razones son múltiples y no alcanzaría este espacio para dar cuenta de ellas. En mi modesta percepción, ambas partes de polémica tienen algo de razón. Según me han comentado algunos de los sustentantes, el examen contenía, por ejemplo, preguntas demasiado ambiguas que requerían de una toma de posición iusfilosófica del propio reactivo para poder dimensionar el alcance de la interrogante. Pero estos defectos son muy propios de instrumentos de este tipo y además no conforman la totalidad de los reactivos. Por otra parte, y contrario a lo que afirman los inconformes, un examen de conocimientos para el ejercicio judicial ya no puede encerrarse en la perspectiva provinciana de “lo que dicen mis códigos estatales”. Antes bien, una prueba de conocimientos para aspirantes a jueces debe mantener una perspectiva abierta y hoy más que nunca debe privilegiar el planteo iusfilosófico y teórico, que es el que finalmente brindará la pauta para que los jueces de hoy puedan argumentar suficientemente en sus fallos, específicamente en lo que tiene que ver con la temática de los derechos fundamentales.
Así, la melancolía para que un examen de esta clase pregunte por los tiempos, los plazos y los términos que los códigos locales indiquen, se antoja cada vez más injustificada.