Sergio Sarmiento
Periodista
Ciudad de México.- Enrique Peña Nieto le debe la Presidencia a la inseguridad. En 2012, ante una brutal oleada de violencia, el político mexiquense convenció a los votantes que "los priistas sí saben gobernar" y que él tendría éxito donde el panista Felipe Calderón había fracasado.
Los primeros años del gobierno de Peña Nieto coincidieron con una disminución de los indicadores de violencia, en particular los homicidios dolosos. La tendencia había empezado en 2012, el último año de gobierno de Calderón, pero esto no le impidió a Peña Nieto asumir el crédito. Se entiende, todos los políticos lo hacen. La mejoría, sin embargo, duró poco. Los homicidios dolosos empezaron a repuntar en 2015 y hoy estamos sufriendo el período más violento de las décadas recientes.
En 2017 se registraron 25 mil 340 homicidios dolosos, según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un espectacular incremento de 63 por ciento sobre los 15 mil 520 de 2014. Las cifras de este 2018 apuntan ya a que en el año se romperán nuevamente los precedentes. Tan solo en abril se registraron 2 mil 343 denuncias por homicidio. Si bien el tema fundamental de la elección parece ser la corrupción, la inseguridad parece estar incidiendo de forma importante en el ánimo de rechazo al gobierno de Peña Nieto y al PRI.
Hay lugares en que el Estado mexicano simplemente parece haber desaparecido. La empresa Lala se ha visto obligada a cerrar su centro de distribución en Ciudad Mante, Tamaulipas; Coca-Cola Femsa hizo lo mismo en Ciudad Altamirano, Guerrero; Colima sufre un verdadero huracán de homicidios. Los criminales ya no se detienen ante nadie. Los periodistas han sido, desde hace mucho, víctimas favoritas; 11 fueron asesinados en México en 2017, según Reporteros sin Fronteras, solo detrás de los 12 de Siria, un país en guerra. A esto hay que añadir los ahora numerosos homicidios de políticos, que en la última cuenta sumaban cerca de 80 desde que empezó la campaña electoral en septiembre.
Ni siquiera los funcionarios de seguridad están exentos. Luis Carlos Nájera, exfiscal general de Jalisco, fue objeto de un ataque este lunes 21 de mayo que dejó tres muertos, entre ellos un bebé de ocho meses, y 15 lesionados. Un día después un comando asesinó al comandante regional de la policía de investigación de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Israel Sotelo Corona. El 12 de abril otro comandante de la fiscalía mexiquense, José Luis Mendoza Espinoza, fue ejecutado junto a un escolta.
Lo peor es que ningún candidato parece proponer soluciones realistas. Mejorar la capacitación, certificar a los policías o purgar las fuerzas de seguridad son promesas que hemos escuchado una y otra vez y que se han aplicado sin modificar la situación. La única propuesta original, la amnistía de Andrés Manuel López Obrador, puede empeorar las cosas.
El Estado mexicano ha abdicado de su responsabilidad de preservar la seguridad de los mexicanos. Solo así pueden explicarse los ataques constantes e impunes a ferrocarriles y ductos de combustibles. Estamos de regreso a los tiempos en que el bandidaje impedía el desarrollo del país. ¿Tendremos que recuperar la ley fuga de Porfirio Díaz?
Si la violencia en tiempos de Calderón hizo que en 2012 triunfara un candidato de oposición que decía que él y su equipo sí sabían gobernar, hoy la continuación de la violencia está llevando a su derrota.
Persistente
Philip Roth logró éxitos de venta y de crítica con novelas como Portnoy's Complaint y American Pastoral. Alexander Portnoy en 1969 era un joven obsesionado por el sexo; David Kepesh, en The Dying Animal de 2001, es un profesor universitario de 70 años obsesionado por el sexo con una joven estudiante latina. Cuando menos Roth fue persistente.