Javier Cuéllar/
Abogado
El ambiente que se respira en el estado es tenso, lleno de temores y muchos ciudadanos están emigrando de sus lugares de origen debido a la gran onda de violencia y criminalidad que azota al estado, sobre todo en muchas poblaciones de la
Sierra donde la gente se siente más vulnerable ante las embestidas de ciertas pandillas del crimen organizado que han llegado incluso a cometer ataques directos perfectamente bien organizados que terminan por incendiar sus viviendas, ante la conducta inconmovible de las fuerzas de seguridad pública que no hacen otra cosa que recular dejando a los ciudadanos a su suerte.
En tales circunstancias, los resultados publicados por la encuestadora Arias Consultores, ha hecho del conocimiento público que Chihuahua es uno de los estados peor gobernados de la República Mexicana, donde el 83.7 por ciento de los consultados reprobó al gobierno del licenciado Javier Corral Jurado mientras que solamente el 12.9 por ciento de la calificación es aprobatoria. Ante esos resultados que se palpan en el ambiente cotidiano, nuestro primer mandatario estatal debe reflexionar y evaluar el desempeño de sus funcionarios, sobre todo en el campo de la seguridad pública donde la impresión mayoritaria de la ciudadanía es que no están dando la talla.
A este índice reprobatorio debemos sumar que los representantes del Consejo Coordinador Empresarial han convocado al propio gobernador Javier Corral Jurado a una sesión para que les informe algunos pormenores del comportamiento de la seguridad pública en el estado, alarmados por los altos índices de violencia y criminalidad que estamos sufriendo.
Ante esta inconformidad ciudadana debemos dimensionar objetivamente los índices de criminalidad y al efecto tenemos que en los peores momentos del régimen del expresidente Felipe Calderón y su guerra contra casi todos los narcos, los niveles de homicidios ascendieron a 12 eventos diarios en promedio tan solo en nuestra fronteriza Ciudad Juárez y ahora el indicador se coloca alrededor de los cinco homicidios diarios lo que nos muestra que vamos ya en poco menos de la mitad y aunque las cosas no están tan malas como en esos aciagos tiempos, de todos modos el incremento de la violencia es substancial si tomamos en cuenta que a su salida el exgobernador César Duarte Jáquez había reducido esos niveles de homicidios a 0.8 fatalidades diarias. Nada qué ver con lo que está pasando actualmente y si bien en esto de la criminalidad no hemos tocado fondo, para allá vamos sin prisas pero sin pausas.
A mi juicio no es el Consejo Coordinador Empresarial la institución que debe llamar a cuentas al señor gobernador por más que su preocupación sea legítima y manifiesta. Quien lo debe llamar a cuentas para que informe de la situación es el propio Congreso del Estado que debe instar a que se tomen las medidas necesarias para abatir la ola de violencia que nos está dañando. Esa representación popular debe ser informada sobre la naturaleza de las acciones que se están diseñando para restablecer el orden constitucional en el estado.
Pero quien debe ser llamado a informar es más puntualmente el propio fiscal general del estado que es la dependencia que directamente es la responsable de tutelar el orden y la paz pública. Como representantes directos del pueblo, el Congreso debe tomar cartas en el asunto y urgir al gobernador para que espete a la Fiscalía el cumplimiento de su deber.
Los organismos intermedios de la sociedad como las cámaras de comercio e industria son importantes y deben ser tomados en cuenta en cuanto a sus opiniones, pero es el Congreso general quien detenta la legítima representación popular, quien debe ocuparse de supervisar de manera informada las razones que se tienen para justificar o reprobar el estado de cosas imperantes. Y exigir al órgano preciso de la administración pública que cumpla con su deber.
La vida institucional del estado se ha deteriorado sensiblemente y ese dato es algo que no puede ser pasado por alto por la representación popular auténtica de la entidad federativa.