LA COLUMNA
de El Diario
• Renuncia con zancadilla de Transporte
• Avanzan cuatro hacia salas judiciales
Mal ejemplo el que están poniendo dos diputadas del Congreso del Estado en aquello de la denuncia pública de la violencia política contra las mujeres.
Karina Velázquez y Liliana Ibarra se quejaron en varios, pero varios espacios, de haber sufrido ataques en su contra por la simple razón de su género.
La priista Velázquez, ahora presidenta del Congreso, se mostró muy ofendida en abril de 2017 cuando el diputado panista Jorge Soto la quiso callar en el salón de plenos al decir que no podía opinar sobre la elección del auditor porque no contaba con el perfil requerido.
Mientras que en febrero de 2018, luego de ser balconeada en un audio donde despotricaba contra el PAN, Liliana Ibarra dijo que era objeto de una campaña en su contra.
Ambas legisladoras aseguraron que recurrirían a instancias estatales para interponer la queja correspondiente.
A la fecha, de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral, ninguna de las dos acudió a ratificar la denuncia, por lo que los casos quedaron en las nubes.
Habrá que ver si hizo lo mismo María Antonieta Mendoza, la diputada de Nueva Alianza que prometió llevar hasta sus últimas consecuencias la denuncia interpuesta contra… Jorge Soto, que le dijo que mejor se bajara de su lugar como secretaria del Congreso si no estaba dispuesta a acatar órdenes.
En tiempos del #MeToo y, sobre todo, de un Legislativo histórico donde las féminas son mayoría, las legisladoras deberían comprometerse con sus denuncias o, simplemente, no colgarse de un tema tan serio como la violencia contra las mujeres para salir del paso en el batidillo que se traen en política.
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La salida política que le ofrecieron a Víctor Estala Banda para separarse de su encargo como jefe de la oficina de Transporte Público en Juárez, va con zancadilla, cuentan los bien enterados de la grilla en las instalaciones de Pueblito Mexicano.
Y es que poco después de que anunciara su renuncia al puesto, se apersonaron en las oficinas de transporte Joel Gallegos, director general de Gobierno y Transporte -con quien Estala nunca tuvo buena relación- y Mario Echanove, quienes están dándole al área una buena revisada que huele a auditoría.
Cesado en febrero por 15 días a raíz de una investigación de la Secretaría de la Función Pública, Víctor Estala pudo regresar a finales a abril al puesto. La maniobra fue altamente repudiada por transportistas y por propios funcionarios que no querían de vuelta al protegido de Ramón Galindo.
El miércoles de la semana pasada, Estala anunció que había cerrado un ciclo y aunque se va exonerado de la primera investigación de la SFP, falta ver si Gallegos le da oportunidad de irse limpio y ayudar a Galindo en la campaña o si le va a volver a poner el pie.
De momento, además de la revisión, viene una removida a la oficina con nuevo personal, para que no quede rastro de Estala.
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En el concurso de magistrados para salas civil, familiar y penal del Tribunal Superior de Justicia, los candidatos con puntajes más sobresalientes para la primera fase han sido Angélica Jurado, Pedro Valdés, Angélica Godínez y Ana Berceli Holguín, respectivamente.
Angélica Jurado es magistrada provisional, se ha convertido por conveniencia en pro corralista a pesar de haber sido operada su llegada a ese espacio por el magistrado duartista, Jorge Ramírez. Hubo traición en El Paso del Coyote; Pedro Valdés es un doctor en Derecho muy reconocido pero le critican su falta de capacidad para debatir (será Salomón pero no Demóstenes, dicen de él). También lo catalogan como el “grillo favorito” de Palacio de Gobierno.
Angélica es actual secretaria del Tribunal de Justicia, relacionada con Palacio también pero al menos con un par de décadas y media de méritos en el Tribunal, varios cargos obtenidos por concurso de oposición, un par de maestrías. Ana Berceli Holguín es magistrada provisional desde diciembre del año pasado.
Fue un promedio de 15 por sala los (as) que hicieron el examen aplicado por la Universidad Iberoamericana. El puntaje total fue de 200. La media estuvo entre 135 y 145, pero los mencionados quedaron por arriba de 160 puntos.
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Vía Twitter -el espacio de desahogo favorito de los políticos-, Alejandro Gutiérrez Gómez, el hijo de “La Coneja”, denunció el inicio de una argucia en contra de su papá, recluido en el penal de Aquiles Serdán.
En 4 tuits, Gutiérrez Gómez dijo que el sábado sometieron a su papá a una revisión para realizar “algo de lo que no estamos enterados”.
Directo, el junior señaló al comandante Javier Pérez Benítez de preparar una certificación de desconocido contenido para perjudicar al reo y, por supuesto, impedir su traslado a un penal federal.
Después, responsabilizó al gobernador de todo lo que le suceda a él y a su familia.
“Podrá decir lo que quiera @Javier_Corral y toda su banda de secuestradores, nosotros no buscamos llamar desesperadamente la atención, nosotros nos defendemos en tribunales, en donde debe de ser y no en medios. Se queja quien instaló la ley del monte en #Chihuahua .”, sentenció.
Hasta de secuestradores acusó el junior a los integrantes del gabinete. Lo dicho, los extremos se tocan.
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Dependiendo de la votación obtenida y del arrastre de López Obrador, Morena podría estar abonando para que lleguen al Congreso dos connotadas expriistas, cercanísima una de ellas al exgobernador Patricio Martínez y la otra duartista beneficiada por familia con el hoy prófugo exmandatario.
Las postuladas son Lizeth Avril Gómez López, que va de suplente en el primer lugar de la lista, y Martha Laguette Lardizábal, en tercer lugar como propietaria.
Gómez López fue la candidata suplente de Lucía Chavira, esposa del priista Marco Quezada, a la Alcaldía de Chihuahua en la elección de 2016. El esposo de Gómez es Ramón Elorza Néder, director de Obras Públicas los últimos tres años de Duarte. Por si en alguien quedaba duda de hacia dónde operará Quezada, no será para el tricolor.
Mientras que Laguette es exdiputada local y federal priista y primera candidata del PRI a la Alcaldía en 2004, muy, pero muy de las confianzas de Patricio Martínez.