Gerardo Cortinas Murra/
Abogado
En los últimos años, la calidad de la función electoral ha tenido un notorio retroceso. Cuando todos suponíamos que la creación de órganos electorales autónomos en la década de los ‘90, sería la pauta de una competitividad electoral ajena a toda suspicacia política, la añeja desconfianza del mexicano y, en especial la inmadurez de la clase política nacional, trajo consigo que las contiendas electorales sean, hoy en día, aburridas y fastidiosas.
Para empezar, la excesiva injerencia del INE en lo procesos electorales locales, no solo ha demostrado que las nuevas reglas electorales no están a la altura de la cultura cívica de la ciudadanía chihuahuense; sino además, ha convertido a los consejeros del IEE, en vasallos del Consejo General.
Es ya una tradición que a las sesiones del ‘árbitro electoral’ local, acudan los periodistas y reporteros de los medios de comunicación para realizar apuestas con respecto a la duración de las sesiones y la participación de los consejeros electorales. Una de las apuestas más recurrentes es: ¿El Consejo Estatal romperá el récord de duración de una sesión de escasos 15 minutos?
Es decir, la apuesta consiste en la posibilidad fáctica de que una sesión dure menos de 15 minutos. Otra apuesta, consistente en apostar si en una determinada sesión los consejeros electorales tan solo se limitarán a levantar el dedo para aprobar los acuerdos que les remite su patrón, el Consejo General del INE; o bien, harán uso de la palabra para sustentar tal o cual acuerdo que ha sido cuestionado por un representante partidista.
Por desgracia, el órgano colegiado del IEE ya no es, como en tiempos pretéritos, un órgano deliberativo y autónomo. Motivo por el cual, la mayoría de los acuerdos son aprobados ‘de manera económica’, es decir, sin discusión alguna con un simple ‘levanta-dedos’, al mero estilo legislativo. Y aun cuando el órgano electoral se ufana de que casi todos los acuerdos han sido ‘fruto del consenso’; la realidad es que la mayoría de los acuerdos aprobados son meras directrices elaboradas en las oficinas patronales del INE.
Por otra parte, a pesar de que la Ley Electoral establece que el IEE tiene como fin el de “coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política democrática y la educación cívica” y la de “orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales”, hasta el día de hoy, no existe difusión en los medios de comunicación, impresos y digitales, en los que se explique al electorado chihuahuense, cuando menos, el impacto político de los actuales comicios concurrentes y de la integración de las casillas electorales.
Al consultar el sitio oficial del IEE, lo que destaca son las pláticas promovidas por las consejeras electorales para “impulsar los mecanismos de protección para garantizar el derecho de las mujeres a participar en los comicios y para prevenir y dar seguimiento a los casos de violencia política por razones de género”. No más.
Por último, quisiera citar como referencia, la práctica que estuvo de moda en los pasados procesos electorales en la que ciertos candidatos publicitaban su ‘firme’ compromiso de cumplir sus propuestas de campaña, certificándolas ante un Notario Público.
Postura por demás ridícula, toda vez que dicha certificación notarial ni siquiera trasciende al mundo jurídico-político. ¿O acaso, existe algún procedimiento administrativo o judicial por el cual el electorado pueda exigirle al candidato, cuando asuma el poder, el cumplimiento cabal de sus promesas de campaña? Por supuesto que no.
Ahora, la moda es otra: los candidatos al Senado de la Republica y a diputados federales, solicitan el voto tratando de convencer al electorado de que ellos harán posible la obtención de ‘recursos’ para abrir más guarderías y fuentes de trabajo. Es decir, los candidatos asumen el papel de futuros gestores políticos; denigrando con ello, la función legislativa. Qué bajo han caído…