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UACJ, un necesario cambio en el viento

Lourdes Almada Mireles/
Analista | Viernes 11 Mayo 2018 | 00:01:00 hrs

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es uno de los bienes públicos más preciados de nuestra ciudad. Representa parte de nuestra identidad y una de las opciones más importantes para que nuestras/os jóvenes accedan a la educación superior. Es una institución clave en la formación de miles de profesionistas en nuestra ciudad.

Es además, mi alma máter y actualmente mi lugar de trabajo, razones por las que le tengo un cariño especial y me siento impulsada a trabajar porque crezca y sea mejor cada día. Ello implica hacer visibles y trabajar por transformar situaciones que son inadmisibles, pues la dañan en su centro y deterioran su solidez institucional, su vida democrática y su calidad académica.

Esta semana llegaron a mis manos dos documentos que muestran la magnitud del problema y la urgencia de que la forma de administrar y dirigir la universidad cambie. Si lo que estamos viviendo fuera un incendio, lo que necesitamos con urgencia sería un cambio en el viento.

Según los resultados del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) en 2018, en la que se evalúan los conocimientos de los egresados de Medicina que buscan ingresar a una especialidad, la UACJ logró apenas el lugar 65 (12 lugares más abajo que en 2010). No es un hecho aislado, pues según el ranking de universidades publicado por El Economista, nuestra universidad pasó del nivel 16 al 40 en el transcurso de la actual administración.

Por otra parte, según el dictamen de verificación diagnóstica 2017 realizado por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), la UACJ reprueba en transparencia. El instituto detalla cada uno de los aspectos sobre los que la autoridad está obligada a presentar información y, sin embargo, la ha mantenido oculta.

Las autoridades universitarias mantienen en la opacidad información sobre asuntos relevantes para el desarrollo y cumplimiento de nuestra misión, información que no sólo debería ser pública, sino que debería alimentar las discusiones y la toma de decisiones en nuestros cuerpos colegiados y en nuestros órganos de gobierno.

Se trata de información relacionada con objetivos y resultados que permitan evaluar el desempeño de la autoridad y con la rendición de cuentas sobre recursos que son públicos. Entre otros rubros, se oculta información relacionada con los ingresos totales de los funcionarios, incluyendo bonos y compensaciones; los gastos de representación y viáticos; el total de plazas y del personal de base y de confianza (permitiría identificar aviadores en caso de haberlos); lo relacionado con las licitaciones y adjudicaciones directas en diversos tipos de contrataciones, así como el padrón de proveedores y contratistas; el listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; la remuneración de los profesores, incluyendo estímulos al desempeño, y finalmente el listado de becas y apoyos, así como los procedimientos para acceder a ellos.

El hecho de que estos aspectos deban publicarse conforme a la ley, implica que se reconoce el derecho de las/os ciudadanos a acceder a dicha información, pero sobre todo que se consideran indispensables para que se garanticen aspectos básicos de la vida democrática como la legalidad, la equidad y la transparencia.

Podría pensarse que el declive académico y mantener la información en la opacidad no son factores relacionados. Sin embargo, en la falta de transparencia se oculta la posibilidad del ejercicio discrecional de los recursos, de salarios desproporcionados por el desempeño de ciertas funciones, de su utilización para beneficios personales.

La opacidad favorece el desvío de fondos hacia fines distintos y ajenos a los de la universidad, la asignación de plazas que no cumplen con el perfil o a personas que no trabajan en la institución, la sobrevaloración de la burocracia y la administración sobre las tareas académicas, la generación de contratos por amiguismo o compadrazgo, el control de docentes y estudiantes mediante la autorización o negación de recursos o becas, entre otros.

La UACJ elegirá a su siguiente rector en unos meses. Es urgente que quienes aspiren a dicho cargo tengan un compromiso claro, tanto en el cumplimiento cabal de las obligaciones de transparencia como en la garantía de que todos los recursos de la universidad sean destinados a cumplir con su misión y a mejorar la calidad académica. Es menester además, que sus trayectorias permitan creer que tal compromiso será efectivo.



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