Pascal Beltrán del Río/
Analista
Ciudad de México.- El domingo 29 de abril, Abel Montúfar Mendoza arrancó su campaña para diputado local por el distrito 17 de Guerrero con una misa en Coyuca de Catalán, el municipio del que era alcalde con licencia.
“Preguntarán por qué iniciamos con una misa”, dijo ese mismo día durante un acto público con simpatizantes. “Les voy a decir por qué: porque pedimos paz. Desde aquí exhorto a los demás candidatos a no violentar la campaña”.
Y agregó: “Hoy empezaron a amenazar a mi gente, (les dijeron) que no vinieran porque su amigo Abel iba a ser muerto”.
Nueve días después de pronunciar esas palabras, el martes 8 de mayo, el candidato era asesinado.
De acuerdo con medios locales, Montúfar había vuelto de una gira proselitista por Ajuchitlán hacia las 10:30 de la mañana. Estando en su casa de campaña, recibió una llamada y salió acompañado de su secretario particular, Miguel Ángel Aureoles, sin dejarse proteger por elementos de seguridad.
Por la tarde, se supo de un enfrentamiento con armas en la comunidad de Las Anonas, a 21 kilómetros de la cabecera municipal, sobre la carretera que lleva a Zihuatanejo. Horas después, el cadáver del candidato apareció en el asiento trasero de su camioneta Frontier blanca, que estaba estacionada sobre el bulevar que une a Coyuca de Catalán con Ciudad Altamirano.
A reserva de lo que se investigue oficialmente, el asesinato de este ingeniero agrónomo, de 46 años de edad, miembro de una familia de políticos priistas, no puede desligarse del clima de violencia en la Tierra Caliente de Guerrero, que remonta a 2014.
Ese año se rompió el pacto que en 2011 habían establecido distintas facciones delincuenciales surgidas de la Familia Michoacana.
El inicio del conflicto coincidió con la detención de José María Chávez Magaña, alias “El Pony”, quien controlaba la región desde el sur del Estado de México. Originario de Tepalcatepec, Chávez Magaña fue detenido en Pénjamo, Guanajuato, horas después de la matanza de Tlatlaya.
El vacío lo llenaron tres grupos, surgidos de La Familia. El primero, a cargo de Rodolfo Maldonado Bustos, alias “José Pineda González” o “Don José”, en Ciudad Altamirano; el segundo, de Johnny Hurtado Olascoaga, “El Pez”, en Arcelia, y el tercero, de Raybel Jacobo Almonte, “El Tequilero”, en La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan.
Los dos primeros formaron una alianza para enfrentar al tercero. Mientras “Don José” y “El Pez” se han concentrado en la producción y tráfico de mariguana y opio, “El Tequilero” se ha dado a conocer sobre todo por realizar secuestros, a menudo grupales. El conflicto entre los bandos ha sido sangriento.
En ese marco, varios políticos guerrerenses han sido asesinados. Los más notables, el perredista Ambrosio Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato (Ciudad Altamirano), muerto en julio de 2016 después de resistirse a “cooperar” económicamente con “Don José”, y Carlos Salanueva de la Cruz, dirigente municipal del PRI en San Miguel Totolapan, cuyo cuerpo descuartizado fue hallado en junio de 2014, homicidio reivindicado por la banda criminal de “El Tequilero”.
Abel Montúfar Mendoza era hermano de dos delegados federales en Guerrero: Erit, de la Secretaría de Gobernación, y Saúl, de la Procuraduría Federal del Consumidor.
La curul que aspiraba a ocupar estaba vacante, pues el actual propietario, Saúl Orozco Beltrán, fue obligado a pedir licencia luego de admitir que era compadre de “El Tequilero” y de que fuera señalado en una investigación como presunto responsable de un homicidio. Un mes antes, el suplente de Orozco, Modesto Carranza Catalán, exsíndico de Ajuchitlán, fue asesinado a tiros en Pungarabato.
En las siguientes horas de que fuera encontrado el cuerpo de Montúfar, una llamada anónima alertó sobre la presencia de hombres armados en El Pozo, el rancho de la familia en Coyuca de Catalán. Un grupo de militares que se dirigía al lugar para confirmar la información fue emboscado. Tres soldados murieron y otros tres resultaron heridos.
Así se vive el proceso electoral en Guerrero, donde otros aspirantes a cargos públicos, en diversas regiones del estado, han sido asesinados o han dejado de competir luego de ser amenazados.
Falta mes y medio para las elecciones. ¿Quién irá gustoso a las urnas en una entidad donde ha habido empresas, como FEMSA, baleadas por tratar de surtir su producto, y donde virtualmente no existen las fuerzas de seguridad, como se demostró con el saqueo que sufrió, en Arcelia, un supermercado que no había pagado la extorsión?
Como alertó esta semana la titular del Tribunal Electoral, la violencia está decidiendo quién aparece en la boleta y quién llega a los cargos. Es un trágico voto de calidad.