Gerardo Cortinas Murra/
Abogado
A una década de la implementación en nuestro estado del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), para los miles de chihuahuenses que hemos sido víctimas del delito, resulta evidente el rotundo fracaso de esta modalidad de proceso acusatorio adversarial.
A pesar de las tantas ‘cirugías legislativas’ de las que fue objeto este aberrante injerto penal (cuyo pecado es ser un procedimiento penal ajeno a la idiosincrasia mexicana); hoy en día, con la implantación del Código Nacional de Procedimientos Penales el proceso penal se ha convertido en una institución judicial que fomenta la delincuencia y prostituye la justicia penal.
Hace ya 10 años, en una colaboración editorial señalé: “Las reformas penales serán constantes e interminables y, al final, la imagen del Frankenstein penal será más horrible que el original, toda vez que los supuestos doctrinales que avalan a este injerto de justicia penal son afirmaciones dogmáticas”. Así se desprende de la lectura del dictamen de la reforma constitucional: “el modelo de justicia penal vigente, ha sido superado por la realidad en que nos encontramos inmersos…”.
De esta manera resulta fácil entender el porqué la sociedad chihuahuense se encuentra atemorizada por la delincuencia organizada que, dada la inoperancia de este novedoso proceso penal, ha encontrado el paraíso terrenal: delinquir con plena impunidad. Sin duda alguna, el fracaso del NSJP es consecuencia de la deficiente investigación del delito.
Para el penalista Guillermo Zepeda Lecuona “el sistema penal mexicano tiene dos grandes problemas: uno cualitativo (un sistema muy injusto) y el otro cuantitativo (un sistema muy ineficiente). Es injusto, porque existe inequidad en el proceso… es muy ineficiente, porque los procesos se prolongan por meses y la víctima generalmente sale con las manos vacías”.
El propio Zepeda Lecuona define la etapa de la averiguación previa como el ‘corazón de la impunidad’, ya que la evidencia empírica evidencia una notoria incapacidad, por parte de las Procuradurías o Fiscalías, para dar una atención adecuada a la demanda de los servicios solicitados por la ciudadanía. Chihuahua no es la excepción.
A pesar de que diversos estudios en esta materia señalan que la ausencia de mecanismos que incentiven la profesionalización del personal es la principal causa de la ineficiencia en la investigación de los delitos, en nuestro estado la investigación inicial del delito continúa (de manera por demás inexplicable) a cargo de personas sin ninguna experiencia forense.
En efecto, los agentes del MP no reúnen un perfil idóneo; lo que los convierte en meros oficinistas de escritorio, y que por ello, la investigación de los delitos es lenta, tardía, deficiente y frustrante. Luego, si en la etapa de averiguación, no se cuenta con el personal suficiente y capacitado, resulta obvio que “en esta etapa de indagación del delito sea donde se incuba la impunidad delictiva”.
Por ello, resulta inexplicable que el Gobierno estatal contrate a abogados recién egresados (Agentes del MP ‘gerbers’) a pesar de que dada su obvia inexperiencia forense, configura el delito de retardo en la procuración de justicia al entorpecer, negligentemente, la indagatoria de los delitos.
Así las cosas, resulta oportuno recordar las enseñanzas del ilustre penalista mexicano, don Raúl Carrancá y Trujillo: “la política criminal ha vivido a la deriva, sin un plan reflexivo; leyes y medidas pragmáticas momentáneamente puestas en vigor y rectificadas a poco de ser aplicadas; constante hacer para deshacer… El Estado, así, se empeña en una labor de Sísifo, hacer hoy para deshacer mañana, que la sociedad no tiene porqué agradecer”.
Desde las primeras ediciones de su libro Derecho Penal Mexicano, en la década de los cuarentas, este insigne jurista predijo -sin imaginarse la amarga realidad del México del siglo XXI-, lo siguiente: “Ya es urgente que el Estado Mexicano ponga manos a la obra, pues de lo contrario el crimen nos devorará”.