Gerardo Cortinas Murra/
Abogado
En la praxis legislativa, el presidente(a) de la Mesa Directiva del Congreso no es el diputado con más fuerza política al interior de la Asamblea legislativa; lo es, el coordinador del grupo parlamentario del partido político con más diputados. Sobre él, gira la dinámica de la agenda legislativa, ya que cuenta con el número suficiente de votos ya sea para aprobar decretos según su conveniencia política, o bien, para bloquear los decretos presentados por los diputados de la oposición.
Así las cosas, dentro de la partidocracia que impera en el seno del Poder Legislativo, federal y local, los decretos legislativos son aprobados según la óptica del grupo parlamentario mayoritario; sin embargo, la mayoría de las iniciativas solo son propuestas de solución a cierta problemática socio-económica o política meramente coyuntural. Ejemplos abundan en el gobierno del ‘Nuevo Amanecer’.
Durante la actual Legislatura, el grupo parlamentario del PAN ha sido prolijo en utilizar el término ‘participación ciudadana’ para justificar diversas iniciativas de ley tendientes a ‘optimizar’ la función pública y para adoptar estrategias de combate a la corrupción oficial. Sin embargo, en los casos en que se ha designado a servidores públicos ‘emanados’ de un consenso ciudadano, la participación ciudadana ha sido cooptada por insanas injerencias partidistas.
En otros, la participación ciudadana simplemente ha brillado por su ausencia, lo que se traduce en nombramientos excesivamente discrecionales. Tal y como aconteció con el nombramiento de los consejeros externos de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia. En ambos casos, sin pudor alguno, tanto el Congreso como el Ejecutivo estatal designaron a personas leales al gobernador.
Al día de hoy, el Congreso ni siquiera ha aprobado las adecuaciones legales relativas al nombramiento de los consejeros externos de la Judicatura. Motivo por el cual los nombramientos de ‘Lucha’ Castro y de Joaquín Sotelo resultan ser inconstitucionales, ya que en las leyes orgánicas del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo el término ‘consejero de la Judicatura’ no existe; mucho menos el procedimiento de selección, a través de una consulta popular.
En el caso del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, es un hecho notorio el fracaso del procedimiento de selección de estos servidores públicos, en el que quedó demostrado que el ‘filtro’ de selección a través del ‘Consejo de Selección’ no es garantía de imparcialidad y de profesionalismo.
Hace unos días, los diputados panistas Jorge Soto y Blanca Gámez presentaron una Iniciativa referente al nombramiento del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Proponen un procedimiento muy semejante al utilizado en la designación del titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, “mediante un mecanismo que involucra la participación ciudadana a través de un panel de especialistas en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”
Para tal efecto, se nombraría a un “Panel de Especialistas” integrado por nueve personas, de las cuales cinco serán nombradas por el Poder Legislativo y cuatro por el Poder Ejecutivo, “como un mecanismo de control democrático”. El cual deberá emitir una convocatoria pública con el objeto de invitar a participar a todas aquellas personas que cuenten con el perfil idóneo para ocupar el cargo.
Una vez desahogado este ‘novedoso’ procedimiento, “el panel integrará una terna con las personas mejores evaluadas para ser presentada ante el Pleno del Congreso, para éste elija a la persona que ocupe el cargo de titular de la ASE”.
La miopía política de los diputados panistas es evidente: pretenden hacernos creer que enarbolan la bandera de la anticorrupción oficial; mientras que encubren sus propios actos de corrupción al no establecer el órgano de control interno que investigue los actos de corrupción de los propios diputados y del resto de los servidores públicos del Congreso. Impunidad legislativa, ni más ni menos…