Carlos Murillo/
Analista
Ya nadie lo recuerda –aunque apenas sucedió el domingo pasado–, el gobernador Javier Corral en la segunda asamblea informativa de la operación “Justicia para Chihuahua” anunció que continuarán las protestas contra el Gobierno federal, porque un Tribunal Colegiado federal atrajo los casos de Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, a quienes se les acusa de triangular 250 millones de pesos para las campañas del PRI.
Apenas unos días después del anuncio de Javier Corral, los maestros estatales –que pertenecen a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)–, comenzaron una manifestación para exigir justicia laboral; salieron de las aulas y tomaron las oficinas de su patrón, el Gobierno estatal, por la falta de pago de miles de maestros.
Javier Corral, en una evidente moral o doble estándar, en su papel de patrón dijo que los maestros no tenían razón y sugirió que se trataba de un asunto político en su contra y, por lo tanto, se deduce que existe una manipulación de los maestros. Lo que en nada ayudó.
En la opinión pública, solamente los incondicionales (o los bots) de Javier Corral sostienen la teoría oficial del complot donde Corral es víctima. La gran mayoría de los ciudadanos tiene empatía con los maestros que se están manifestando, porque consideran legítimas sus peticiones.
¿Quién podría estar de acuerdo con que no le paguen a los maestros por su trabajo? Solamente alguien cegado por el fanatismo. Pero ¿a qué se debe la falta de pago? La respuesta es compleja porque depende de cada caso en particular, no hay una regla general, para tener un diagnóstico se necesita ponerse a trabajar y para trabajar habría de que dejar de ir a las marchas o al golf. Eso es pedirle peras al olmo en esta administración que privilegia el ocio.
Para Corral no es ético que los profesores salgan a manifestarse porque dejan de trabajar, pero sí es ético que el gobernador Javier Corral mande a los burócratas a la marcha y dejen de realizar su trabajo en las oficinas. Depende del humor.
El secretario de Educación, Pablo Cuarón, dice que se trata de un caso de viabilidad financiera, porque los maestros estatales son contratados con ciertas prestaciones, que corresponden al contrato colectivo de trabajo y a los acuerdos que se han tomado en las últimas décadas, mismas que ya no se pueden pagar, pero sí se pueden pagar caravanas, gorras, camisetas, playeras y camiones para acarrear gente a los eventos del gobernador. Además, como algunos empleados estatales tienen el servicio de Pensiones Civiles del Estado, ese factor afecta directamente a las prestaciones de seguridad social, porque Pensiones tiene por lo menos 15 años en crisis y, según los expertos, decir que las finanzas están colgadas de alfileres es una afirmación muy optimista.
Las últimas tres administraciones estatales, al no poder resolver el problema financiero, fueron aventando la pelotita al frente; llegaban a acuerdos para pagar una parte y después ajustaban el presupuesto para pagar otra parte y así iban resolviendo sobre la marcha, pero el problema de fondo no se resolvía, al contrario, crecía.
Casualmente, en los gobiernos anteriores, el argumento para pagar era ético–social: “no podemos dejar a los maestros sin pago, porque provocaría un problema social y político”. Hoy, también se llama a la ética patronal, pero para no pagar, el dilema ya no es sobre los maestros, hoy el dilema es sobre el presupuesto, “no podemos seguir pagando porque es un problema de viabilidad financiera”. Así piensan los panistas, como patrones.
Entonces, según la administración estatal el dilema es ético–patronal (aunque lo enmascaren de legal), así que quien decide usa su medida moral para decidir qué es y qué no es correcto. Por ejemplo, según Corral sí es ético hacer una marcha a la Ciudad de México para exigir el pago de 900 millones de pesos, que representa un 1.3 por ciento de los 66,850 mdp del presupuesto estatal, pero no es legítimo que los profesores estatales exijan el pago de 149 docentes porque representa el 1.2 por ciento de los maestros, como lo explicó Pablo Cuarón en un comunicado. Además, los profesores afectados son miles, por diversos motivos, pero aunque fuera uno, hay que pagarle.
Si esa misma lógica de Pablo Cuarón la usamos para el caso de Alejandro Gutiérrez, donde según el discurso de Corral se pretende la reparación del daño (por los 250 mdp supuestamente desviados), hay que reflexionar si esta cantidad, que representa 0.3 por ciento del presupuesto estatal de un año, vale la pena para que las pocas acciones del Gobierno se dediquen a ese objetivo. ¿Qué empresa en el mundo dedica todo su tiempo para recuperar el 0.3 por ciento? Ninguna. Hasta en la contabilidad de las empresas hay un rubro que se llama cuentas incobrables, pero la obstinación de Corral es desmedida cuando se trata de sus adversarios políticos, con esto se demuestra que el objetivo de castigar a Gutiérrez es político.
Sí es ético dedicar la mayor parte del tiempo al caso penal de Alejandro Gutiérrez y descuidar los asuntos prioritarios del estado, pero no es legítimo que los maestros se solidaricen para apoyar a los compañeros que no les han pagado.
Esta doble moral es clásica en los panistas, Pancho Barrio, cuando fue gobernador (1992-1998) reprimió violentamente las manifestaciones, aunque fue el principal impulsor de las manifestaciones cuando acusó al Gobierno federal de operar el fraude electoral en 1986.
El error de cálculo del gobernador Javier Corral es evidente, la falta de pago no es una medida popular. A pesar de manejar muy bien el populismo penal, llevando a los duartistas a juicios públicos al estilo de los nazis contra los judíos, le falló la brújula a Corral en el caso de los pagos de profesores.
Aunque le dieran el beneficio de la duda en las razones financieras o las razones legales, la medida de imponer el poder político por encima de la legitimidad social es un fracaso seguro. La política, en todo caso, se trata de una constante negociación, donde el Gobierno tiene la responsabilidad democrática de cumplir con la ley, pero sin que la ley lastime los principios fundamentales que están en la Constitución y los tratados internacionales.
En ese orden de ideas, otro de los argumentos de Javier Corral es que algunas de las prestaciones no son legales y propone que sean los tribunales quienes decidan, Cuarón en una grabación que fue filtrada en medios de comunicación agrega que “si los tribunales dicen truénenla (a Pensiones Civiles), pues la tronamos”.
En ese sentido, olvidan que el derecho más importante del trabajador es el pago y la seguridad social y eso está por encima de cualquier decisión de un patrón, que en este caso es el Gobierno estatal. Parece que olvidaron que, en los últimos meses, prácticamente han perdido todos los asuntos que litigan en los tribunales, para muestra la decisión de la Suprema Corte sobre el presidente del Tribunal Superior, la reinstalación de los magistrados Sepúlveda y Ramírez, la reinstalación del consejero presidente en el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el no ejercicio de la acción penal en el caso del Banco Unión Progreso y los que faltan. Los abogados del Estado no han ganado un asunto.
Ni siquiera en la Operación Justicia para Chihua-hua han tenido éxito, porque los “Expedientes X”, las sentencias se han logrado porque los acusados se hicieron testigos protegidos y declararon contra otros o, porque después de unos meses de prisión preventiva, los presionaron para que se declararan culpables y aprovechar los criterios de oportunidad a través del procedimiento abreviado que les permite reducir la pena hasta en una tercera parte. No hay un solo juicio oral contra exduartistas.
En poco o en nada puede confiar el gobernador cuando habla de llevar el asunto de los maestros a los tribunales, en todo caso, la estrategia quizá sea alargar el proceso, lo que representa una burla para los maestros, además de que los cheques resultaron incobrables o por una cantidad mínima de lo que se les adeudaba, como acusaron los maestros en redes sociales.
Con estos datos, el caso de los profes no tiene salida, no hay forma de llegar a un final feliz. En este momento, el pago es el principal agravio, pero a la lista negra se suman las amenazas de descontar los sueldos, de despidos masivos, de llevar a los tribunales a decisión y de hacerle la eutanasia financiera a Pensiones Civiles del Estado.
Entre las frases más desafortunadas de Javier Corral, fue cuando dijo “a Duarte ni una cartulina le sacaron”, en un autosabotaje porque, además de entorpecer la negociación con los maestros, se acusa a sí mismo de incapacidad, confiesa que el mismo problema tuvo César Duarte pero, a diferencia de Corral, el exgobernador sí pudo resolverlo; si lo tiene tan ubicado en el extranjero, Corral debería pensar seriamente en pedirle consejo a Duarte para resolver el conflicto.
No hace falta ser un genio de la administración pública para saber que este problema se resuelve con voluntad y atención, pero para eso hay que gobernar, algo que Corral no quiere hacer, prefiere las marchas, pero sólo las suyas, las de otros le caen mal.