Luis Javier Valero Flores/
Analista
En una convulsa semana, como pocas en el pasado, pero que en el presente parecieran lo común, y cuyo principal contribuyente es el actual mandatario, el grupo gobernante en Chihuahua recibió y propinó serias descalificaciones al gobierno de Peña Nieto, en un enfrentamiento que adquirió ribetes de verdadero escándalo, que no es ubicado de ese modo debido al indudable interés que ha despertado la contienda presidencial.
En el curso de unos cuantos días, al grupo gobernante le cesaron al presidente del Tribunal Superior de Justicia, la Corte los declaró violadores del orden constitucional y diversos tribunales les quitaron -o les ordenaron hacerse a un lado- varios procesos judiciales, los principales, los del operador financiero del Comité Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, y el del asesinato de Miroslava Breach.
Y unos cuantos días antes, la PGR ordenó archivar la denuncia presentada por el abogado Jaime García Chávez en contra del exgobernador César Duarte y el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral.
Por si fuera poco, luego de la ejecución de dos agentes ministeriales de Ciudad Juárez, uno de ellos, Arturo Ledezma, escolta personal del coordinador de agentes del Ministerio Público en Juárez, Ulises Pacheco, hombre muy cercano al gobernador Corral, se presentaron los atentados en contra de algunos de los custodios del fiscal Peniche y del mismísimo gobernante.
¿Es un complot federal contra el gobierno de Chihuahua?
La respuesta de Corral es, evidentemente, positiva, de ahí la celebración de la “asamblea” el día de hoy, a la cual decidieron apostar todo el peso de la administración estatal mediante comunicados públicos, telefonazos, citatorios a la burocracia y los llamados en las redes sociales.
Llaman la atención los inusitados atentados a los custodios del fiscal Peniche y el gobernador Corral, ¿mensajes? ¿De quién?
Fueron dirigidos a los círculos exteriores de seguridad de ambos funcionarios y evidentemente sin el propósito de ir más allá, sabedores, los agresores, que se encontraban en total desventaja y, tema central, sin el propósito, evidente, de atentar contra los funcionarios más altos de la administración estatal.
A menos que las investigaciones demostraran fehacientemente que obedecieron a circunstancias ajenas a los funcionarios gubernamentales.
Por otra parte ¿hay un complot del gobierno de Peña Nieto en contra del gobierno de Javier Corral? ¿Peña estará preocupado, cubriéndole las espaldas a Manlio Fabio Beltrones y a Alejandro Gutiérrez, además de a Duarte?
¿Tendrá esa capacidad, en este momento, el régimen que se hunde frente a nuestros ojos, como el Titanic? ¿O estarán consumidos por el terror de perder la presidencia frente a Morena y la casi totalidad de las gubernaturas en juego en julio próximo?
¿En ese escenario el mandatario chihuahuense, elocuente, buen orador, mejor estratega político-electoral, pero administrador de “apenas” 50 mil millones de pesos y gobernador de un poco más del 3 por ciento del padrón electoral, le importará mucho a un equipo que está a punto de perder todo, incluida la senaduría del Estado de México?
Inquietan las frases de Corral en el caso de Gutiérrez. Exige permanezca en Chihuahua debido a que, sostiene, enjuiciado por los tribunales federales, no aportará elementos que conlleven el enjuiciamiento de otros funcionarios o dirigentes partidistas, o del equipo de Peña Nieto.
El hecho es que tiene meses bajo la custodia y no han dado a conocer las supuestas aportaciones del detenido en ese sentido, que hubiesen sido obtenidas por la fiscalía chihuahuense.
¿Quién tiene la competencia en ese asunto?
La verdad, pareciera ya no tener importancia en este momento, debido al elevado nivel de confrontación política entre el gobernador Corral y el presidente Peña.
¿Y por qué no dejar las controversias sobre asuntos tan importantes para después de las elecciones, no solo por la “contaminación” política que sufren, de manera lógica, sino, sobre todo, porque a partir de julio será otro el escenario político?
Si hubiese dudas en el proceso de Gutiérrez, por el contrario, en el del asesinato de Miroslava Breach no las hay, este caso es del ámbito federal, tanto porque se trata de la agresión a una periodista, como porque, incluso con declaraciones del gobernador Corral, como del fiscal Peniche, están involucrados, presuntamente, miembros del crimen organizado.
Aún más, la atracción al ámbito federal le agrega un factor nada despreciable, el de la posibilidad de que la PGR pudiera llegar al extremo de detener -bajo diversos cargos- a los funcionarios panistas presuntamente involucrados en los hechos previos al asesinato de Miroslava Breach.
¿Hay garantía que la investigación sea efectiva si cae en manos de la PGR? Claramente, no.
¿Existe garantía de que las autoridades locales la hagan correctamente? No. Ya la tuvieron más de un año y las dudas son mayores que las certezas.
De igual modo, muy pocos días después del asesinato de Miros, la PGR anunció la atracción del caso. No pasó nada.
Y no son dudas menores. A raíz de la decisión federal, el mandatario de Chihuahua ha vuelto a denominar al detenido Juan Carlos Moreno Ochoa alias “Larry” como “uno de los principales autores intelectuales” del asesinato.
Por fin ¿es o no es autor intelectual del asesinato pues en ocasiones anteriores tan solo lo definió como el encargado del operativo?
¿Pueden ir a la cárcel los funcionarios -integrantes del grupo gobernante- mencionados en infinidad de ocasiones en las comunicaciones con miembros del crimen organizado, de acuerdo con sus propias declaraciones, razón que sería suficiente para que la Federación atrajera el caso pues forma parte de sus competencias?
Vamos, podría ocurrir que no fueran encontrados responsables de algún ilícito, pero sí llamados a ofrecer sus testimonios, que son de lo más valioso que puede haber en la investigación del crimen pues ellos, o tuvieron contacto con algunos de los criminales, o supieron de los arreglos para hacerles llegar la versión de que la reportera asumía ser la fuente de la información publicada y los descargaba de cualquier responsabilidad ¡no frente a las autoridades sino frente a los narcos!
Esa es una de las aristas incómodas para el gobierno del amanecer en este caso, que el dirigente partidario estatal en funciones recibió la queja del alcalde chinipense; que ordenó lo atendiera el encargado de prensa -supuesto amigo de la reportera- quien la contacta y obtiene la declaración que, además, graba sin el conocimiento y aprobación de Miroslava.
Ya con esa evidencia en la mano, o se la entrega directamente al alcalde, o a través del dirigente partidista, y el munícipe se regresa a su pueblo a buscar al criminal y hacerle entrega, no tan solo de la información, sino de la prueba física -la grabación de la voz de la reportera- de que, ni los gobernantes panistas de ese municipio, ni los dirigentes estatales del partido, le entregaron información sensible a la reportera, en contra del grupo criminal, material que, luego del asesinato, encuentran en una computadora hallada en el domicilio en el que, supuestamente, encontraron el vehículo del traslado de los asesinos.
¿Hay material para sospechar, por lo menos, de la comisión de claras, contundentes, omisiones ilegales y una conducta absolutamente alejada de la mínima lealtad a una persona, que pasaría por informarle a la reportera que la habían grabado y que los criminales de Chínipas la andaban buscando?
¡Y dos de ellos están ocupando cargos de muy elevada responsabilidad estatal pues uno es el vocero, aún, del Comité Estatal del PAN, y el otro es el secretario particular del gobernador de Chihuahua!
El exalcalde aún permanece en la estructura burocrática de la Secretaría de Educación Pública de Chihuahua.
¿Qué no hay, en el equipo gobernante, un mínimo de racionalidad?
En cualquier otro país, con cualquier otro grupo gobernante, por lo menos se les hubiera separado de los cargos, para dar pie a las investigaciones imparciales, alejadas de la cercanía con el poder, factor que ha contado centralmente en este caso pues dos de los integrantes de la cúpula gubernamental -el fiscal Peniche y el gobernador Corral- ya los exculparon.
Debiera hacer una reflexión autocrítica del grupo gobernante.
¿Acaso no se han dado cuenta que les acaban de propinar la peor desconocida en materia, no solamente jurídica, sino política, con los fallos unánimes de la Suprema Corte y que los señalaron como violadores del orden constitucional por haber cometido graves violaciones a la división de poderes?
La unanimidad de los ministros de la Corte tiene, además, un ingrediente aún más crítico pues los ministros más colocados en las filias del PAN también reprobaron constitucionalmente al gobierno de Chihuahua.
¿Cómo podría alguien medianamente informado confiar en que la aplicación de justicia en Chihuahua, en estos momentos, puede ser imparcial?
Y eso es lo que le restregaron los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, al rechazar las acusaciones y calificativos expresados por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
Debieran declarar una tregua.
La necesitamos.
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