Luis Javier Valero Flores/
Analista
Parodiando una de las frases más populares de José Martí, decoro es una cualidad que le hace falta a los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), (dejo de lado, por el momento, a los legisladores y al titular del Poder Ejecutivo) en un momento en el que el grupo gobernante de Chihuahua -al que pertenecen el todavía presidente del TSJ, Julio César Jiménez Castro, y la consejera Luz Estela Castro (del Consejo de la Judicatura)- es el hazmerreír de la clase política, del mundo de la abogacía, de la academia jurídica, de los círculos académicos universitarios, de los integrantes de todos los tribunales del país, de los jueces, etc.
Y lo son porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les acaba de endilgar una tremenda vapuleada constitucional. En lugar de acatar el fallo de la controversia constitucional (y todavía falta la resolución sobre el Consejo de la Judicatura), decidieron ¡cuestionar el fallo de la SCJN, que no otra cosa es poner a “consulta” de la Corte si Jiménez Castro es “elegible” y si sería un nuevo periodo el que ejercería el nuevo presidente del TSJ, o terminaría el del actual!
¡Ah, y además, decidieron “preguntarle” a la Corte en cuánto tiempo deberían nombrar al nuevo presidente!
¡Híjole, están a un paso de ser puestos a las órdenes del Ministerio Público por desacato a una orden judicial!
Representativa de tal ausencia es la actitud de César Jiménez Castro. Al señor magistrado lo acaban de cesar en sus funciones y aún así es capaz de decir que se va postular para la reelección pues al fin y al cabo le ¡“faltan 7 meses para jubilarse”!
Da grima el papel del magistrado, que concluirá su carrera profesional en medio de una muy extendida opinión crítica a su desempeño al frente del Poder Judicial del Estado. La Corte les acaba de restregar en la cara que han cometido una gravísima violación al marco constitucional mexicano, que el Poder Legislativo y el Ejecutivo violaron la división de poderes, que transgredieron la independencia y autonomía del Poder Judicial, y en estas transgresiones, tanto Jiménez Castro, como el gobernador Javier Corral, son corresponsables de tan serio atentado a la institución que debiera ser garante del Estado de Derecho en Chihuahua.
Es tan grave, que es la primera ocasión en que la Corte cesa en sus funciones al titular del Poder Judicial de una entidad y, como si la SCJN hubiese fallado en un asunto menor, aún intentan “chicanearlo”.
La Corte falló que el TSJ, en uso de sus facultades y atribuciones, de acuerdo con las normas vigentes, designara a su presidente, que la sesión electiva debería ser presidida, como dice la ley orgánica, por el magistrado decano y ya.
A estas horas, el TSJ debería tener un nuevo presidente.
Pero el colmo sería que resolvieran reelegir a Jiménez Castro, así fuera, solamente, para intentar preservar algo de la buena imagen del Poder Judicial.
¿Se acuerdan de cuando el Poder Judicial de la Federación le ordenó al Congreso de Chihuahua que repusiera la elección de los consejeros del Ichitaip -en tiempos del “odiado” César Duarte-, debido a que habían designado a quienes no tenían los merecimientos requeridos para recibir tal designación y que, a pesar de ello, eligieron a las mismas consejeras, solo porque esa era la decisión del mandatario?
¿En qué se diferencia, la actitud del actual grupo gobernante, de la asumida por su inmediato antecesor?
¿Qué horas son? -Las que usted ordene, señor gobernador-.
Como muchos, el escribiente pensó que la llegada de Javier Corral significaría la puesta en vigor de muchas cosas republicanas: La plena independencia de los poderes; la transparencia en el ejercicio gubernamental; el más estricto apego a la legalidad; el ensalzamiento de las mejores virtudes cívicas; el establecimiento de reglas muy claras y precisas en el gasto de comunicación social, además de la puesta en vigor de una sana y adecuada política en esta materia, la elaboración de la Ley de Publicidad gubernamental; y como la cereza del pastel, la asunción de un gobernante absolutamente alejado de los devaneos y tentaciones de las posturas autoritarias.
Duele expresar que estamos lejos de todo lo anterior, a lo que se le agrega otra sorpresa, la decepcionante labor de César Jáuregui Robles, el secretario de Gobierno, en quien se depositaba la necesaria mesura para atemperar el carácter controversial del gobernador Corral, además de aportarle todo el bagaje jurídico que se creía le añadiría al nuevo equipo gobernante, luego de su tránsito por la Cámara de Senadores, el Comité Nacional del PAN y, sobre todo, por su paso por el Consejo de la Judicatura.
Pareciera que de nada sirvió todo ello, a Corral, a Jáuregui, a Jiménez Castro, a Lucha Castro, a Víctor Quintana, a Gustavo Madero, etc., les dieron, en términos coloquiales, una verdadera “desconocida”, especialmente a Corral, Jáuregui y Quintana, porque contaban con una fama muy extendida de ser integrantes de la oleada de políticos impulsores de la transición democrática del país y hoy empiezan a ser reconocidos como poseedores de los mismos defectos del resto de los gobernantes mexicanos, especialmente en lo referente a la intromisión en el Poder Judicial.
Son iguales.
Vale la pena hacer una precisión.
En el gobierno de Javier Corral participan algunos destacados miembros de la izquierda social chihuahuense, entre ellos el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, que ante hechos como los ahora abordados ha guardado un inexplicable e injustificado silencio.
No romperlo significará un aval a lo realizado por el grupo gobernante.
Y es que lo efectuado, sin recato alguno, sin decoro, es desmesurado, y no podrán argumentar, como lo han hecho los diputados Jesús Villarreal -líder de los diputados- y Miguel La Torre, que la resolución de la Corte es en defensa del exgobernador César Duarte. ¿Cómo pueden acusar de tal actitud a la ministra Margarita Luna Ramos, o al ministro Eduardo Medina Mora?
¿Cómo puede sostener César Jáuregui Robles que “no ha habido intromisión del Poder Ejecutivo en el TSJ”, si quien sostiene tal aserto es la Suprema Corte de Justicia, en la cual cuenta con no pocos amigos?
“No hay ninguna intromisión del Poder Ejecutivo, de hecho de este poder, a diferencia de otros gobiernos ha sido sumamente respetuoso de la actuación de quienes son magistrados… Las reformas que se hicieron en momento por el Congreso del Estado y avaladas por el Ejecutivo con la promulgación correspondiente, van en el sentido de buscar que se reconozca la carrera judicial”. (Nota de Argelia Domínguez, Entre líneas, 6/IV/18).
Esas y otras declaraciones las hace quien está obligado a velar porque las acciones del gobierno de Chihuahua estén apegadas a derecho, máxime cuando están a punto de recibir otra derrota jurídica, la referente a la remoción, integración y facultades del Consejo de la Judicatura, en las que la Corte ha perfilado, en la voz del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la inconstitucionalidad de la norma mediante la cual removieron al Consejo de la Judicatura anterior y crearon uno nuevo, integrado, mayoritariamente, por personajes ligados al panismo, en primer término y, destacadamente, en el caso de Lucha Castro, al gobernador Corral.
Son lapidarias las frases del ministro Zaldívar:
“Es clara la afectación a la independencia judicial y a la división de Poderes, ¿Cómo es posible que desde un poder (Ejecutivo y Legislativo) se haya destituido a todo un Consejo de la Judicatura que estaba ya instalado? Eso es gravísimo, es un tema delicado y grave… Los artículos impugnados son importantes ante la eventualidad de que llegue un nuevo gobierno en cualquier estado y separe a todos los integrantes del Consejo de la Judicatura, me parece que hay una afectación gravísima y que puede sentar un precedente muy delicado en el país, se está lesionando la división de Poderes…”. (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario de Chihuahua, 5/IV/18).
Es de tal desmesura la desubicación de los gobernantes que el presidente César Jiménez Castro se atrevió a presentar un documento a la Corte en el que, expresamente, se desistía (¡Otro episodio de “vuelves, safis”!) de la impugnación de la constitucionalidad del artículo 107 de la Constitución, el que establece la integración del Consejo de la Judicatura, pues, dijo, “los magistrados habían mostrado su avenimiento a la reforma, en virtud, -sostuvo tramposamente- que habían votado para elegir al nuevo consejo”.
Este acto fue impugnado severamente por el ministro Zaldívar, al grado de, prácticamente, burlarse del magistrado Jiménez Castro, quien, dijo, buscara contactar “al menos a dos ministros de la SCJN para tratar de reducir el alcance de la sentencia proyectada. Tampoco pueden después venir a decir ‘fíjate que no quise decir lo que dije’, y vienen y presentan un memorando, cerrada la litis, (diciendo) ‘ahhhh se me chispoteó, pues mala (noticia) venirnos a decir ‘no quise impugnar lo que impugné’, dijo Zaldívar”. (Ibídem).
Lo dicho, se necesita una dosis de decoro, la necesaria.
Muy probablemente la Corte resuelva que la integración del Consejo de la Judicatura es inconstitucional y con ello le dará un nuevo revés al grupo gobernante de Chihuahua.
¿Seguirán actuando como si nada hubiese pasado?
Les están diciendo que son violadores del marco jurídico, ¿no habrá una reflexión autocrítica?
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