La inconstitucionalidad como arma política

Carlos Murillo/
Analista
2018-04-07

Los bordes entre política y derecho se diluyen cuando se trata de la lucha del poder. En México, que una autoridad viole la Constitución es lo normal. Lo extraordinario es que no lo haga. Una violación de la Constitución en Chihuahua no es la primera vez que pasa, ni será la última. Lo que sí es extraordinario, es que quienes dicen ser paladines de la legalidad y la moral, retuerzan la ley por motivos descaradamente de persecución política.
El caso que nos ocupa es relativo al Poder Judicial de Chihuahua. En su momento, los diputados afines al gobernador Javier Corral, argumentaban que sí era constitucional la reforma que proponían que permitía cambiar al presidente del Supremo Tribunal y los diputados opositores decían lo contrario.
Finalmente, la reforma se votó y obtuvo mayoría a favor gracias a los 16 diputados del PAN que sumaron los votos de los dos legisladores de Morena, tres de Nueva Alianza, uno de Convergencia y uno de Encuentro Social. En contra votaron, por considerarlo inconstitucional, las cinco diputadas del PRI, dos del PT, dos del Partido Verde y uno del PRD.
El 22 de noviembre de 2016, el debate se acabó en el Congreso con el voto de la mayoría, apenas mes y medio después de que asumiera el cargo de gobernador Javier Corral. Una vez publicado el decreto en el Periódico Oficial del Estado, fue removido el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Gabriel Sepúlveda, quien por cierto después fue perseguido hasta que fue destituido arbitrariamente el 10 de diciembre de 2016.
Cabe hacer mención que, hace poco más de un mes, un juez federal ordenó la reinstalación del magistrado Sepúlveda, junto con el magistrado Jorge Ramírez. A ambos se les sigue persiguiendo por razones políticas, según algunos rumores, hay una estrategia para continuar con el acoso en su contra; el motivo: ser duartistas o mejor dicho, ser duartistas y no ser testigos protegidos, porque a quienes se hacen testigos protegidos no solamente quedan impunes, se convierten en socios del nuevo gobierno.
Esta controversia no se acabó en el Congreso, continuó en la SCJN, donde el debate de la transgresión de la Constitución generó una alta expectativa entre los actores políticos locales y nacionales, por los antecedentes y las repercusiones que esto traería, sobre todo en la legitimidad del discurso ultra ético de la lucha contra la corrupción.
Entonces, que los diputados violen los principios constitucionales con fines de persecución política y al mismo tiempo sostengan el discurso oficial de “romper el pacto de impunidad” contra el gobierno anterior es, además de una contradicción monumental, algo tan absurdo como combatir la ilegalidad con más ilegalidad. Más allá de que sea una aberración atípica, eso no solo es interesante, es histórico. Y no es lo mismo pasar a la historia como Pinochet que como Mandela.
El jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió sobre un caso paradigmático, declaró la invalidez del artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de Chihuahua por infringir los principios de división de poderes, autonomía e independencia judicial.
Los diputados que votaron esa reforma -declarada inconstitucional por la SCJN-, argumentaron en la tribuna del Congreso la necesidad de agregar un artículo transitorio que permitiera la conclusión anticipada del periodo para el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
El caso no tendría mayor relevancia entre los cientos de asuntos que se debaten en la SCJN durante el año, pero en esta ocasión el asunto no es solamente jurídico, como hemos visto hay antecedentes y consecuencias en la esfera del poder político.
La reacción de los diputados que votaron en favor de la inconstitucional delata la estrategia de persecución política contra los duartistas que no quisieron ser testigos protegidos.
Entre los discursos de los diputados que pretenden justificar su decisión, se repiten frases como “sanear al Poder Judicial” y “acabar con el duartismo”. En el mismo sentido, quien no tuvo ningún pudor para revelar la maquinación de una inconstitucionalidad planeada fue el diputado del PAN Miguel La Torre, quien declaró: “Conocíamos el riesgo de la inconstitucionalidad del transitorio, pero era necesaria”. Cínismo puro.
El plan es revelado en una sola frase, como un cirujano que hace una autopsia, La Torre muestra el contenido real de la estrategia “Justicia para Chihuahua”, violar la Constitución es un mal menor para hacer un bien mayor: acabar con los duartistas. Según los diputados no había otra opción.
Así, los diputados panistas actuaron como en la paradoja del Asno de Buridán (donde, al no poder tomar una decisión, el animal moriría de hambre si se le ponía a la misma distancia la comida y el agua), pensando que no habría consecuencias del atropello legal. Pero se equivocaron.
La consecuencia mayor de la inconstitucionalidad que promovieron los diputados panistas para perseguir a los magistrados duartistas, es la crisis de legitimidad que provocaron en el discurso del Gobierno estatal sobre el combate a la corrupción. Ya no es creíble su bandera, ¿con qué cara siguen procesando penalmente a los exduartistas?
Otra de las consecuencias es la ingobernabilidad, porque si la autoridad es capaz de incurrir en violaciones a la Constitución, los gobernados se verán vulnerables ante la irracionalidad jurídica de quien aplica la ley, la lógica de esto es: “Si eres mi enemigo político voy a cometer ilegalidades para perseguirte”, naturalmente, esto también provoca una crisis de legitimidad.
Hacia adentro del Poder Judicial, la resolución de la SCJN también tendrá repercusiones, el actual presidente debe ser removido del cargo, pero en los próximos días también se definirá el futuro de Lucha Castro, integrante del Consejo de la Judicatura y a la sazón poderosa operadora del gobernador Corral, quien también está en la cuerda floja por los mismos motivos.
Y, finalmente, los diputados que obedecieron la orden de votar en favor de la inconstitucionalidad, seguramente serán sometidos a juicio político, porque la SCJN ya declaró que violaron los principios de división de poderes, autonomía e independencia del Poder Judicial, por lo que procede el Juicio Político según el artículo 178, fracción primera de la Constitución de Chihuahua y según la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, publicada el 10 de marzo de 2018, que en su artículo 4, fracción segunda, dice que procede el juicio político contra quienes ataquen la forma republicana de gobierno y la división de poderes.
Con los diputados del PAN en juicio político, el discurso moral de la lucha contra la corrupción está muerto. El Gobierno estatal tendrá que proponer una nueva estrategia para recuperar la credibilidad, porque la Operación Justicia para Chihuahua ya está agotada.

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