LA COLUMNA
de El Diario
Este lunes Javier Corral, montado en su macho, enfrentará una de las peores crisis de su fracasado régimen. Deberá el gobernador operar para que Julio César Jiménez sea reelecto como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aunque con ello se coloque en riesgo de un incumplimiento a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Está echando mano el panista de amenazas, presiones y cualquier elemento, situación u objeto a su alcance. El fin justifica los medios. Hay que superar la controversia iniciada por el duartista magistrado Gabriel Sepúlveda que concluyó con la destitución de Jiménez por parte de la SCJN.
Abrió fuego el gobernador en un mensaje nocturno, acusando a la Corte de complicidad por el caso Alejandro Gutiérrez “La Coneja”, exsecretario general del PRI apresado por el gobierno chihuahuense.
La brecha parece más grande e insalvable cada día para el remedo de gobernador y su equipo.
***
En esta trama de ineptitud en la operación jurídica y política hay muchos capítulos que se están develando.
Se ha hablado de tres escritos enviados de manera subrepticia a diversos ministros de la Corte, en busca de atemperar la resolución, pero poco se sabe de ellos. Tenemos más información al respecto.
El que ha trascendido más es el segundo, al que hace alusión el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, cuando habla de un informe donde el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Julio César Jiménez, pide que no se revise en su totalidad la constitucionalidad del decreto de modificación en materia de la Judicatura estatal, incluyendo sus transitorios, y que solo se aplique la Corte al aspecto formal de las facultades y al procedimiento de designación.
Ese escrito es el que le valió a Julio César un comentario sarcástico por parte del ministro Arturo Zaldívar. Dijo: No se puede alegar que se le chispoteó a un quejoso, pidiendo que el máximo tribunal no resolviera de manera integral la inconstitucionalidad, cuando era obligado ir al fondo de la resolución, para sancionar la indebida intromisión del Poder Legislativo en el Judicial -moderna forma de hablar de la intromisión por parte del gobernador Corral-.
Bueno, pues hay dos escritos más. El primero es un documento que alguien le pasó por su escritorio al magistrado Jiménez, quien lo firmó sin más, y en el cual -shock y espanto en Palacio de Gobierno- el mismísimo presidente del TSJ pide a la Corte que la revisión sea integral, incluidos transitorios en los cuales se modifica la conformación de la Judicatura, incluyendo la destitución de los consejeros llamados duartistas.
Así como oye. Este escrito se mantuvo en sigilo, pero paró de puntas al edificio de Venustiano Carranza y Aldama. Nadie podía creer la existencia del documento hasta que lo conocieron.
Pero hay un tercer escrito, que no es otra cosa que una primera intención del segundo. Ante el error cometido con el primer oficio, desde Palacio se ordenó la elaboración de un documento tipo alegatos que fuera firmado por todos los magistrados corralistas. Pero la decepción fue grande: los magistrados se negaron a firmar por muy diversas razones, y el texto se quedó en el escritorio con los nombres sin firma. Al final fue el escrito, con una sola firma, la de Jiménez Castro, el que cayó en manos de los ministros afines, en particular de Pardo Rebolledo que lo presentó al pleno, como último intento luego de que la instrucción se había cerrado y por lo tanto el escrito estaba fuera del engrose. Pequeño gran error y exhibida mayor. De ahí las acusaciones de traición.
***
Con un presidente destituido como desenlace de estas torpezas monumentales, el destino de la Judicatura está cantado para este lunes. Si el nombramiento de Jiménez Castro es inconstitucional por la indebida intromisión del Poder Legislativo, en el caso de la Judicatura el asunto es aún más grave: la intromisión llevó a la destitución de un Consejo de la Judicatura ya integrado y al otorgamiento de facultades autoritarias a los nuevos consejeros.
Hay dos escenarios. Que la Judicatura en pleno sea destituida o que solo lo sean los consejeros del Tribunal Superior. Con ello, se reintegrarían a la Judicatura Luis Villegas, Miriam Hernández y Gabriel Sepúlveda, más el nuevo presidente y los representantes del Ejecutivo y el Legislativo. Pero entonces, Luz Estela Castro, la otra integrante de la Judicatura y tutora de Corral, ya no podría ser consejera porque rebasaría la edad y quedaría automáticamente fuera.
Ambos escenarios representan golpes demoledores al nuevo amanecer porque pierde mayoría.
***
En ese contexto, ¿quiénes son los candidatos para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en este nuevo proceso ordenado por la Corte nacional?
En primer lugar, el mismo Julio César Jiménez Castro. Los problemas para el presidente interino son dos: que en seis meses debe jubilarse, y su nombramiento constituiría una victoria pírrica para el gobernador. El segundo problema es la afrenta para la Corte. Los ministros se retorcerán cuando sepan que hay un fraude a la ley: que el presidente depuesto queda como titular del Poder Judicial por ser el decano, durante unos cuantos meses, en una auténtica burla para el sentido común.
El fallo de la Corte quedaría como un llamado a misa. Simplemente habría sido una decisión transitoria. Tal vez por eso la ministra Luna Ramos tenía una verdadera obsesión por el efecto de la resolución, que en la práctica -como ella lo anticipó-, se convirtió en una sentencia inoperante.
En segundo lugar se encuentra Marco Emiliano Anchondo Paredes, vetado por el gobernador Javier Corral bajo la amenaza de actuar en contra de su esposa, que es actualmente una pieza fundamental en la administración del Poder Judicial. El magistrado, entonces, se encuentra atado de manos. De nada le valdría encerrarse en piedra y lodo en su oficina, como lo hizo contra el duartismo. Los operadores del nuevo amanecer salieron más hábiles para sujetarlo.
Sigue en posibilidades, en un tercer sitio, Juan Rodríguez, quien ha estado tejiendo fino con los magistrados en busca de la postulación. Sin embargo, no logra concretar la mayoría calificada, está muy lejos de ella. Son 30 los magistrados en estos momentos pero la Corte podría quitar los dos de la Judicatura e incluso otros siete que han sido nombrados provisionales.
El más cercano es Pablo Héctor González Villalobos, con un pequeño detalle: fue el mismísimo Corral quien lo bajó de cualquier posibilidad de contender en contra de Jiménez; no le tiene confianza. La instrucción es clara: no debe avanzar en su intento por postularse para la presidencia, pese a que ha construido un andamiaje de apoyos entre los magistrados.
La decisión está tomada: debe reelegirse a Julio César, pésele a quien le pese.
La ventaja es el procedimiento de selección: si no hay mayoría calificada a favor de alguno de los contendientes, entonces debe elegirse al decano, es decir, al magistrado con mayor antigüedad, que no es otro que el depuesto Jiménez Castro. Sería una tontería que llegaran hasta ese grado pero son capaces de hacerlo.
***
En todo este embrollo, las amenazas están a la orden del día. Directas o indirectas, la operación del nuevo amanecer se ha dedicado a escudriñar con los magistrados. La acusación es clara: desde Palacio se habla de una traición y están buscando quién la pague.
Para ello están dispuestos a entrar al callejón de los golpes políticos y la amenaza de expedientes, auditorías, persecución de familias, despidos. Lo que sea.
Hay gritos y advertencias desde la oficina del gobernador, bajo la consigna que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia el regreso del duartismo al Poder Judicial. Se quiere imponer el corralismo, o corralato, le podemos llamar ya.
Podemos concluir que es la de Corral una visión maniquea que cobra víctimas todos los días y coloca en una situación de ingobernabilidad al órgano judicial chihuahuense, que este lunes enfrentará, por la presidencia y la Judicatura, su punto más alto de crisis institucional, provocada por la irresponsabilidad de un gobernador de medio tiempo.