Jaime García Chávez/
Escritor
En el conflicto que tiene su epicentro en el Poder Judicial de Chihuahua, los intereses de la sociedad son los grandes ausentes y los que pierden al postergarse la construcción del Estado de derecho, que tiene su principal arco de bóveda precisamente en esa parte del Estado. Las transiciones regionales habidas -la de 1992 y la de 2016-, llegaron acompañadas desde el principio con disputas fuertes que tomaron por arena el nombramiento de magistrados y, por ende, la cuota de control que ellos puedan representar en su pleno, que es jerárquicamente donde se deposita su poder. Las administraciones del PRI, los dieciocho años que ocuparon absolutamente todos los poderes, tampoco se vieron exentas de diferendos y encuentros de diversas dimensiones y calados. A esto se le ha llamado “la politización de los aparatos de justicia”, y si bien la política no tiene porqué serles extraña -es necesaria, está presente-, la que se ha hecho ha sido de la peor ralea, burda, chambista, cargada de nepotismo, de cortesanía y abdicación de un genuino ejercicio de la división de poderes, que dicho sea de paso no excluye la colaboración entre los mismos, por más que se ponga el acento en su separación que, a veces, se extrema de manera grotesca y simulada.
En el Poder Judicial no ha habido el ejercicio de la política como instrumento para amortiguar el conflicto, civilizarlo, resolverlo con apego a un institucionalismo cada vez más necesario. Ha habido abyección y politiquería, que llegó a su clímax durante el sexenio de César Duarte, durante el cual el Poder Judicial se convirtió en una dependencia del Ejecutivo y sus presidentes en palafreneros; así registra la historia reciente a los señores Javier Ramírez Benítez, José Miguel Salcido Romero y Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes. No hubo en ellos ni dignidad ni profesionalismo; se entregaron por completo a decorar la fachada de instituciones republicanas realmente inexistentes. Y todos salimos perdiendo.
Sí, todos perdimos, porque el Poder Judicial, por su naturaleza, ha de resolver conflictos y pugnas que se dan al interior de la sociedad, enjuiciar y castigar en los procedimientos penales que se sometan a su consideración. Con esto quiero decir que en las manos de jueces y magistrados están las vidas de muchos seres humanos y, a la vez, es paradójico que ese funcionariado viva en la irresponsabilidad, las intrigas, los peores intereses creados, la corrupción y la venta de justicia a quien quiera comprarla. El Poder Judicial ha crecido exponencialmente en muy pocos años, pero esa cantidad no se ha visto acompañada de una superación cualitativa que se corresponda con los requerimientos y la complejidad que tiene el Chihuahua de este siglo XXI.
En 2016, en pleno proceso electoral, la demanda central tuvo que ver con la exigencia de justicia, quizá emblematizada en la lucha contra la corrupción del régimen que se fue. Justicia, instituciones judiciales y Estado de derecho fue una tercia de conceptos que llegaron a millones de ciudadanos como un clamor reclamante. Los chihuahuenses, con su voto, lanzaron un mensaje inequívoco que constituyó un mandato para que quienes habían hecho posible una república de fachada, se fueran para ser reemplazados por nuevos actores dispuestos a tomar la estafeta y sanear la vida pública en esta esfera. Mas no fue así. Los que perdieron se aferraron a continuar, sabían que eran garantes de los privilegiados del régimen anterior, sus mejores instrumentos para evadir particularmente el ejercicio de la acción penal y, de paso, sus pretensiones tenían un soporte anclado en el derecho vigente, así fuera que contra él mismo se alzaba el fraude a la ley.
Se trata de una historia de enemigos complementarios, esos que no pueden existir el uno sin el otro. La retórica del gobernador facilitó la puntual respuesta, que no es otra que la de la revancha y ahí nos hemos ido a una fase de pugnacidades, odios, rencores sin límites, en una coyuntura nacional en la que reinan las intolerancias y soplan los vientos de la guerra civil.
Una coyuntura como esta no es ni inédita, ni se van a inventar fórmulas para su resolución. El equipo gobernante actual de Chihuahua sabía que esto se iba a presentar. Estaba obligado al más puntilloso ejercicio de política y derecho, de derecho y política. Se desperdiciaron tiempos, se malbarató el bono democrático, los ejercicios de cohabitación no pasaron de encuentros con un segundón como Omar Bazán -el topillero que despojó a campesinos en la sierra de Chihuahua-, y lo que se hizo fue reeditar la vieja cultura del autoritarismo sin darse cuenta que los autoritarios ya habían hecho callo, saben resistir y, sobre todo, están conscientes de que los muchos poderes que hay en la república se pueden mover en el tablero del ajedrez político. Cuando hablo de poderes incluyo también los de la delincuencia.
Se estaba obligado a trabajar, como dicen los neoliberales, “con calidad total”. Se pudo haber abordado el apartado del Poder Judicial de esa manera y se fue omiso. Me consta que un equipo de brillantes abogados le hizo llegar a Javier Corral Jurado todo un proyecto de reforma constitucional y Ley Orgánica del Poder Judicial, que él se comprometió a empujar, y simplemente no lo hizo. Tampoco se fue a un encuentro eficaz para resolver preventivamente los litigios existentes y planteados ante los tribunales federales. Se perdió una semana, otra, se acumularon los meses y nada. Se recurrió, para hacer la limpieza del duartismo, a un Congreso dócil que no supo a su tiempo las consecuencias de lo que sobrevendría después. Y ahí estamos: ante una crisis de gobernabilidad que toma como arena al Poder Judicial, básico y fundamental para que exista el Estado de derecho. Todo el viejo librito que viene de hace más de cien años se puso en escena, empezando por el nombramiento de amigos, camaradas, correligionarios y me contengo para no abundar en circunstancias de esa índole.
Atrás queda la retórica de que Chihuahua es libre para diseñar su régimen interior, el baldón de tener que padecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación corrija aspectos elementales del constitucionalismo y adelante quedan posicionados -con peso especifico suficiente-, los magistrados impuestos por un golpe descomunal infligido por César Duarte al Poder Judicial, a la cabeza del cual está Gabriel Sepúlveda, un enemigo de la sociedad democrática y del Derecho, con mayúscula. A un lado de ellos están las herencias y legados de Patricio Martínez y las adquisiciones de última hora de Javier Corral. Provocan en no pocos una insoportable levedad.
Evidentemente que en todo esto se hicieron reformas que se presumen inútilmente. ¿Qué le trajo a Chihuahua, aparte de burocracia y rijosidad, el Consejo de la Judicatura? A la sociedad nada; a la corte del Palacio, amigos para controlar, para afianzarse, para incluir en el presupuesto.
En el centro de la noticia ha estado Julio César Jiménez Castro, sin duda un hombre de bien, íntegro, profesionista brillante, honrado, con las dotes suficientes para encabezar un poder si no fuera porque, aparte de su poca praxis política, necesaria al cargo, está rodeado -no los incluyo a todos-, de adversarios ruines, aliados intrigantes, de una calidad humana que causa escalofrío cuando se piensa uno que puede estar en sus manos para que le apliquen la ley cuando se busca justicia.
Es difícil remar en favor de reformas viables en una circunstancia como esta. Ahora los magistrados de la corrupción se envuelven en la bandera de una ética de la que carecen; se dicen apoyados por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, paradójicamente, cuando son ellos la causa del desastre. La Corte, que dicho sea de paso dicta una resolución inatacable, que se debe leer jurídica y políticamente, se tarda todo el tiempo que discrecionalmente está en sus manos para resolver en el menor tiempo posible conflictos que desgastan la vida nacional y, en este caso, la de Chihuahua.
¿Cómo ver esta historia? Juristas de renombre bien ganado, novelistas de primera, en fin, se han preguntado: ¿Cuál es la forma más justa de valorar a un país? Y la respuesta llega en alas de la verdad: el juicio tiene que verse -inexcusablemente- sobre la base de su sistema judicial. Más allá de los frecuentes juicios, discursos autocomplacientes y autistas, de las palabras farisaicas, tenemos una realidad lacerante: en Chihuahua no hay ni talla ni estatura en los actores implicados para construir un Poder Judicial a la altura del reclamo del Estado de derecho. Tan necesario, tan preterido.