Manuel Narváez/
Analista
Han transcurrido 18 meses desde que Javier Corral Jurado protestó el cargo de gobernador constitucional de Chihuahua. Tras año y medio de inanición de inversión pública para poner en marcha la economía, la entidad comienza a sufrir los estragos de un gobierno perdido en la soberbia y de la falta de talento para administrar con decencia las reducidas finanzas.
La píldora está chamuscada de tanto dorarse. Los argumentos de ir tras César Duarte Jáquez, el penúltimo responsable de saquear las arcas públicas (no olvidar que el antepenúltimo fue Reyes Baeza, que contribuyó con una buena parte al endeudamiento), como el principal objetivo de los esfuerzos y recursos del estado, ya no satisface a la población ni al sector productivo que advierten pasmados un brutal retroceso económico de proporciones mayúsculas.
Sin demérito de las razones para perseguir al que suponen desfalcó el erario y endeudó al estado, el titular del Poder Ejecutivo relegó a segundo término la generación de bienes públicos e incentivar la economía.
El saldo de la confianza depositada en las urnas se le ha agotado a Corral. La bondad de las explicaciones de las finanzas comprometidas las ha reducido en pretextos para ocultar una doble moral en el ejercicio del poder y el despilfarro de los escasos recursos públicos que alimentan a una alta burocracia que rellena sus bolsillos por la sequía de tantos años fuera del poder.
La credibilidad del mandatario naufraga ante una población que urge con toda legitimidad y justicia, atender los renovados índices delictivos en todo el territorio estatal, empleo para profesionistas y personas mayores de 40 años mejor remunerados y obra pública.
Son muy pocos los que todavía se tragan el sapo de que toda la culpa es de Duarte y que la Federación jinetea los recursos que le tocan al estado. El endeble argumento de que no hay dinero para cubrir las prestaciones de la base burocrática, de los maestros, de los jubilados y los medicamentos de los pensionados, solo enardece el repudio que campea en las calles.
No hay pero que valga. Desde antes de asumir el cargo, el gabinete económico de Javier Corral conocía en gran medida las dificultades que afrontarían. En la entrega recepción participaron gente con experiencia en la administración pública como Francisco Barrio, Gustavo Madero Muñoz, Alberto Herrera González, etc. Ellos debieron elaborar un diagnóstico financiero y diseñar una ruta crítica para sortear las dificultades.
Sin embargo, parece que el equipo no supo o no quiso reestructurar el Poder Ejecutivo para, primero, ajustar a la baja la alta burocracia y disminuir el elevado gasto que significa, y segundo, conectar el discurso de la ética con la austeridad real.
Pero no, se fueron por el caminito trazado por el antecesor. Salvo unos menguados ahorros en supuestas restricciones de celulares, gasolinas, uso de aeronaves, en comunicación social y la venta de inmuebles suntuosos, se reemplazaron los mismos altos cargos de la burocracia VIP y se mantuvieron los ingresos de la administración anterior.
No se atrevieron a ser diferentes de Duarte. Relevaron a la corte que se despacha con una buena tajada del presupuesto. No quisieron suprimir la abultada nómina eliminando áreas repetidas en las secretarias, órganos descentralizados y desconcentrados. Prefirieron emplear a la mayoría de los consejeros estatales del padrón panista en los puestos jurídicos, contables, de dirección, jefaturas de departamento y coordinaciones.
Ya entrados en gastos, lo que pudo ser una buena oportunidad para hacer más eficiente y eficaz la administración pública y ejemplo de reingeniería del Poder Ejecutivo, se convirtió en una francachela de proporciones desmedidas.
Esto ha generado una gran decepción entre sectores académicos, intelectuales y empresariales que se preguntan cómo es posible que el DIF supla o duplique las tareas de la Secretaría de Desarrollo Social; que la Coesvi sea una costosa carga burocrática si no desarrolla viviendas ni otorga créditos; o que se haya aumentado la carga a los contribuyentes con la creación del fallido Sistema Estatal Anticorrupción que trajo consigo la Judicatura estatal y el Comité de Participación Ciudadana, donde se emplearon a distinguidos miembros del padrón del Barzón y de Acción Nacional.
Aunado al desfalco de las arcas públicas estatales, el recalentamiento de la deuda por nuevos empréstitos que solo ellos saben a dónde fueron a parar, la creación de nuevas plazas burocráticas VIP, el exorbitante gasto en un canal de televisión del gobierno y la reorientación de las carretadas de dinero a la prensa aduladora del titular del Poder Ejecutivo, son las razones por las que el gobernador y sus subordinados responden a las demandas e inquietudes de las sociedad: ¡NO HAY, NO HAY DINERO! Como el personaje de Héctor Suárez.