Luis Javier Valero Flores/
Analista
Bajo el título de “No hagas cosas malas…” (El Diario, 13/11/16), asentamos que la reforma a la regulación del Poder Judicial del Estado era un grave atentado a la división de poderes, realizado por el nuevo grupo gobernante de Chihuahua.
Parecía un exceso, y hasta políticamente incorrecto plantear tal cosa, a escasas semanas de la asunción de los panistas, que habían iniciado su gobierno bajo el lema de ser un “nuevo amanecer”.
Esbozar, siquiera, que las reformas corralistas, iniciadas ante el Congreso del Estado por el entonces coordinador de los blanquiazules, Miguel La Torre, y apoyadas sorpresivamente por los legisladores de Morena, con la oposición de las bancadas de los partidos que en el pasado reciente habían apoyado a César Duarte -PRI, PT, Panal, PRD y Verde Ecologista-, era un despropósito pues en ese momento todo el que se opusiera al nuevo gobierno, inmediatamente recibía la etiqueta de duartista, o casi…
Teníamos razón.
Nunca, en toda la historia del México independiente, el presidente del Poder Judicial de una entidad había sido separado de su cargo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De esa dimensión es lo acaecido en las sesiones de lunes y martes del Pleno de la SCJN.
Decir que se había incurrido en lo mismo que se criticaba del gobierno de César Duarte era, casi, una “herejía”:
“¿Quién medianamente informado podría oponerse a que la mayoría de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueran removidos, porque sus designaciones fueron claramente opuestas a la correcta aplicación de las leyes y la ética y que llegaron a sus puestos por la decisión del entonces gobernador César Duarte?
La respuesta es obvia. Pero lo que menos necesitamos los chihuahuenses son las respuestas maniqueas.
¡Ah, lo que ahora se hace está bien, no importa si se violan las normas, porque lo hacemos en nombre del bien! ¡Porque nosotros somos los buenos y la sociedad -y nosotros hablamos por ella- lo ‘está pidiendo’!.”. (Ibídem).
¿Por qué? Porque la reforma aprobada establecía que el presidente del TSJ en funciones, Gabriel Sepúlveda, -uno de los alfiles del duartismo-, debería ser removido de su cargo y sustituido por el decano de los magistrados y éste encabezar el proceso de elección del nuevo presidente.
Pero se les olvidó un pequeñísimo detalle a los legisladores, a sus asesores, a los abogados del Congreso, al secretario de Gobierno -César Jáuregui, exmiembro del Consejo de la Judicatura Federal-, que elegir al presidente del TSJ es una facultad exclusiva del Pleno de ese órgano judicial, establecida de esa manera para preservar la independencia y la autonomía del Poder Judicial frente a los otros dos poderes, especialmente del Ejecutivo.
De ahí la unanimidad de la resolución de la Corte en ese punto.
¿Tiene repercusiones mayores en la vida de los chihuahuenses?
La resolución sienta varios precedentes. El primero, relacionado con las campañas electorales: El gobierno del amanecer no puede presentarse como respetuoso del principio de la división de poderes, está “certificado” por el máximo tribunal del país, como lo contrario, igual que sus antecesores, solo que en su caso la Corte le ha dado un verdadero sopapo.
El segundo tiene que ver con la marcha futura del Gobierno estatal, deberá ceñirse estrictamente al marco de la ley, algo en lo que, hasta ahora, está reprobado.
Pero, pareciera que no aprenden. El miércoles, dos de los legisladores panistas, el actual coordinador, Jesús Villarreal, y el anterior, Miguel La Torre, insistieron en la versión maniquea y hasta paranoide de insistir que la resolución de la Corte, o fue una “revancha” del Gobierno federal -sostenida por La Torre- o que fue para “fortalecer” al duartismo -dicha por Villarreal-, sin parar en que hasta los ministros ligados al panismo, como la ministra Margarita Luna Ramos (apoyada en su nombramiento por Diego Fernández de Cevallos y votada solamente por la fracción panista del Senado), o el ministro Eduardo Medina Mora, quien no desconoció su militancia en el PAN; votaron en contra de la ilegal e inconstitucional reforma que le dio paso al nombramiento de Julio César Jiménez Castro en la presidencia del TSJ.
Otro que se “dejó llevar” por la seducción del amanecer.
Pasará a la historia como el primero de su clase separado del cargo por la SCJN.
Y todavía falta la resolución sobre la legalidad del Consejo de la Judicatura.