Lourdes Almada Mireles/
Analista
El lunes pasado los abogados de Hugo Almada Mireles, quien fuera subsecretario de Desarrollo Social en la Zona Norte, presentaron una denuncia pública en la que afirmaron la actuación ilegal, parcial y violatoria de derechos de la Secretaría de la Función Pública. En la presentación de algunas de las irregularidades más sobresalientes que encontraron en el expediente administrativo 23/17, afirmaron: “Como autoridad que ejecuta tareas materialmente jurisdiccionales, la Secretaría de la Función Pública tuvo el fundamental deber de dirigir el procedimiento administrativo incoado al Dr. Hugo Almada con imparcialidad y estricto apego a la ley. En vez de ello, ha instrumentado un expediente plagado de violaciones y arbitrariedades, con el evidente propósito de cumplir una consigna política contra el doctor Almada”.
Las acusaciones planteadas por los abogados son muy serias. Establecen, entre otras cosas, que la autoridad toleró la presentación de testigos falsos y la fabricación de pruebas para inculpar al denunciado, lo que, según argumentan, es apreciable a simple vista sin la necesidad de “ser abogado o jurisconsulto”. Lo anterior, aunado a una serie de violaciones procesales en su perjuicio, como el haber sido retirado de su cargo por la presentación de una denuncia sin que el proceso hubiera iniciado y sin haber sido siquiera notificado de ello, o haberse la autoridad administrativa convertido en juez y parte, mejorando oficiosamente las pruebas y habiendo aceptado pruebas que la denunciante ofreció en contravención a la ley, entre otras irregularidades.
De ser ciertas estas acusaciones, se está hablando de delitos que se persiguen de oficio y sobre los cuales la mencionada Secretaría está obligada a dar parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Precisamente por las implicaciones que éstas tienen, la Secretaría de la Función Pública debe una explicación clara sobre las acusaciones vertidas en su contra, pues, si éstas fueran ciertas, es muy preocupante que la institución del Gobierno del Estado encargada de velar por el respeto a la ley y a los derechos humanos, sea responsable de la violación a los mismos. Si cuenta con los argumentos para desmentir el análisis jurídico presentado sobre el caso, es indispensable que los presente. Si no los tuviera, Gobierno del Estado tiene la obligación de hacer las investigaciones correspondientes, fincar responsabilidades sobre las/os funcionarios que hayan actuado de manera irregular y resarcir los daños al doctor Hugo Almada Mireles.
El análisis de este caso nos hace reflexionar sobre la situación de la justicia y las implicaciones que tiene para “el ciudadano de a pie”, que no tiene los medios necesarios para una defensa legal adecuada. En el ámbito de lo político, es igualmente preocupante el hecho de que se utilicen la calumnia y la complicidad de las autoridades para acceder a posiciones de poder o incluso a recursos públicos. El acceso a la justicia y al debido proceso es uno de los pilares de la democracia y debería ser una prioridad de cualquier gobierno que se precie de estar bajo ese régimen.
La justicia es un derecho, no una concesión. Pero si ello no fuera suficiente, el gobernador de nuestro estado tiene una segunda responsabilidad. Es innegable que Javier Corral ha jugado un papel importante en la exigencia de respeto a la ley, en la demanda de poner freno a la corrupción y la impunidad respecto a la extradición y los procesos judiciales contra el exgobernador César Duarte. Su posicionamiento claro sobre el asunto ganó la simpatía -e incluso el voto- de un importante sector de las y los chihuahuenses. Coincidimos muchos en que se trata de una lucha necesaria y fundamental para sentar precedentes y acortar los márgenes de la impunidad. Precisamente por eso, y en aras a que su lucha y su liderazgo sean creíbles, requiere dar muestras contundentes contra la impunidad, a favor del apego a la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos.