LA COLUMNA
de El Diario
Resulta irónico que el primer gobernador periodista, como se ostenta Javier Corral en cuanto foro público se planta, haya acumulado tantos errores y brutales ataques en materia de comunicación y libertad de expresión, pero que además proponga una reforma profunda que amenaza con golpear en su base el sistema de comunicación social de Chihuahua, que es algo más que Puntualizando, Cambio 16, el Canal 28 o las estaciones de radio y televisión que pretende.
Los sistemas de comunicación oficial son construcción lenta y constante de una sociedad con larga tradición en materia de libertad de expresión. No es el capricho coyuntural de un gobernante el que pueda conseguirlo.
Su actitud es de permanente desafío a los principios de libertad de expresión establecidos en el pacto de San José de Costa Rica y las resoluciones de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con esas determinaciones, no puede el sector público imponer criterios éticos, de objetividad o independencia a los medios de comunicación, porque al hacerlo anula la libre expresión de las ideas. Y en ello el gobernador ha sido prolijo siempre que puede. Hasta el leve roce de un señalamiento a su administración recibe una batería de ataques antes que responder por observaciones o enmendar acciones.
Tenemos en el mismo contexto un comportamiento de protección e impunidad a funcionarios de Acción Nacional y de su gabinete, involucrados en el homicidio de Miroslava Breach. Se opone por ello a la atracción del caso por la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el argumento infantil de que se va a politizar, cuando en realidad exhibe que busca preservar la comodidad de dirigir la investigación de la Fiscalía estatal desde su despacho, violentando cualquier autonomía técnica que se pudiera presumir existiera en el Ministerio Público chihuahuense.
De ahí el duro reclamo de Artículo 19 que le cala en la médula y le revienta el hígado de coraje; un estado fallido en Chihuahua en materia de libertad de expresión, donde no solo hay impunidad, sino aparente complicidad y una violencia institucional bárbara contra medios de comunicación y periodistas. Una ínsula o virreinato pleno en violación a la libertad de expresión.
Sumemos la opacidad en la construcción de una Ley de Publicidad Oficial que solo se conoce en su escritorio y que pretende apuntalar en los estándares internacionales de libertad de expresión. Acude recurrentemente a la Ciudad de México para defender sus puntos en foros subrepticios, sin más espacio que para los socios, los aplaudidores y los corifeos.
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El caso arquetípico es el de Miroslava, asesinada el pasado 23 de marzo de 2017, a las afueras de su casa. Fue atacada a balazos por un joven sicario que fue localizado muerto, meses más tarde, en Álamos, Sonora.
Desde el momento del homicidio comenzó la obra de teatro: Corral llegó a entrevistarse con la familia. Ofreció mil cosas y nada ha cumplido. Se ha enredado en sus ofrecimientos y contradicciones. El viernes lo gritaron sus familiares frente a su despacho en Palacio de Gobierno.
Dijo Corral que había sido detenido el principal autor intelectual, pero resultó ser el operador del homicidio. Juan Carlos Moreno se encuentra procesado en el Cereso, como brazo armado de Los Salazar. Ni siquiera los detuvieron investigadores estatales, lo hizo la Policía Federal.
Se rasga las vestiduras el gobernador. Solo voltea para un lado en la investigación. En el otro se encuentra el exalcalde panista Hugo Schultz que se pasea campante por el Palacio Legislativo durante la comparecencia del secretario de Educación Pablo Cuarón, protegido desde gobierno. Tampoco ve a su particular, José Luévano, enterado de la famosa grabación de Miroslava, arrancada por la traición terrible del comunicador social blanquiazul, Alfredo Piñera...
Estos individuos continúan disfrutando las mieles de la protección del poder, de la impunidad. A ellos no les alcanza la estridencia ni los manotazos. Ellos son parte de la decisión gubernamental, apurada, de acabar rápido con el asunto. No quieren que se lo lleve México, porque “harían un batuque político” para golpearlo.
Ciertamente la Federación se vio lenta. Facultades tiene para atraer el crimen. La normatividad penal posibilita atraer cualquier asunto que le resulte de trascendencia o haya conexidad con un delito federal. En el caso de los periodistas la norma es expresa. ¿Entonces por qué no lo hacen?
El timing político de unos y otros solo revictimiza a Miroslava, a su familia y al gremio periodístico, que una vez más resiente las duras declaraciones del mandatario, que se ve descubierto por sus confidencias de “amigo cercano a la familia”. Marchas, plantones, todo ello, desde su óptica, no son más que el interés político de golpearlo.
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Por ello explotó con el corresponsal de La Jornada como ha reventado contra periodistas de Proceso, El Universal, El Diario, La Opción, muchos, muchísimos más. A empellones es echado a un lado el de La Jornada el fin de semana, y de frente le dice que para su periódico nada de entrevista. Lo dijo y lo firma en un comunicado de prensa oficial enviado por comunicación social.
El exabrupto ocurre cuando se le increpa acerca de las investigaciones y lo que ha ocurrido con los funcionarios panistas. No admite preguntas ni cuestionamientos de un medio de comunicación al que cataloga de antiético.
Ahora las reglas de autoridad y moral periodística las impone el gobernador desde su ficticio sitial moral en la materia. Le dolió lo del doble discurso divulgado por La Jornada. Públicamente se duele del crimen y en corto le dice a la familia que "Miroslava tuvo la culpa por pisarle los callos al diablo".
Muy pronto se le olvidó aquello de que era "una comunicadora valiente, que fue silenciada por la vía de un asesinato cobarde".
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Relacionado con ello, indudablemente es el informe 2017 de la organización periodística Artículo 19, que no deja títere con cabeza. Desde el epíteto de zona del silencio, por la complicidad del crimen organizado con la autoridad, evidenciado en los trabajos de Miroslava, hasta la violencia institucional que ha desplegado el gobierno de Javier Corral en contra de los medios de comunicación y los periodistas.
Repasa también dicha organización la expulsión de periodistas de suelo chihuahuense por la falta de garantías para ejercer su trabajo.
El trabajo informativo de Artículo 19 molestó en gobierno. Tan es así que buscó contrarrestarlo en la Ciudad de México. Corral se apersonó allá para participar en un foro y anticipar lo que ha venido diciendo en los últimos meses, que tomando como referencia estándares internacionales en materia de publicidad, presentará su propia ley. Nadie la conoce más allá de su círculo de socios y cómplices. Nicolasito Maduro estilo chihuahuense.
El riesgo de la opacidad es mucha. Ya ha pasado con las iniciativas que impulsa en la materia. Lo hizo la diputada procorralista, Blanca Gámez, con una iniciativa que no pasó de las primeras mesas de trabajo.
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Tal vez esa propuesta tiene que ver con su intentona de fortalecer su aparato de comunicación social. No una comunicación social de Estado, sino una comunicación social aplaudidora que gaste lo que sea necesario del presupuesto público pero que no se aparte del guion subordinado.
Para qué tener un solo Canal 28 en condiciones de ilegalidad como empresa lucrativa si puede tener dos, y además una radio dispuesta a servir de difusor de su verdad.
Con una comunicación social, dos televisoras y radio, más Cambio 16, puede entonces pensar en influir realmente en el auditorio. Gasto inútil, su calificación entre la ciudadanía sigue sin rebasar un mísero tres. ¿Dónde están los tres millones de personas impactadas por el Canal 28? Locuras del oficialismo.
El corolario de esta trama kafkiana no puede ser otro que la desatinada comparecencia del comunicador social en el Palacio Legislativo. Antonio Pinedo terminó atropellado con sus palabras, sin dar respuesta a las principales interrogantes expuestas por los diputados. Sudoroso, inseguro, ignorante de su propia función.
Es el rostro que presenta la administración corralista en materia de comunicación y su relación con el ejercicio periodístico. Es el rostro también del fracaso como administración pública; como un ejemplo de los muchos, la severa crisis en salud.