Carlos Angulo Parra/
Analista
En recientes fechas, de una manera alarmante, hemos presenciado de una forma cada vez más clara y burda el deterioro de las instituciones del Estado Mexicano.
Tenemos sistemas que han quedado truncos, como el Sistema Nacional Anticorrupción, y se han desnaturalizado funciones de órganos de control, todo con el fin de continuar protegiendo las sendas colusiones de las personas del poder, tanto para ocultar y dejar impunes innumerables actos de corrupción y para el control político dirigido desde las más altas esferas del gobierno.
El caso más escandaloso es el de la utilización de la Procuraduría General de la República para impulsar persecuciones, como la que pretende involucrar a Ricardo Anaya en actos de un supuesto lavado de dinero. En donde claramente se ve la acción coordinada (coreografiada en términos de danza), en una perfecta sincronía del encargado de despacho en la Procuraduría y el presidente nacional del PRI y su candidato.
En esa misma instancia de gobierno, claramente se vio cómo procedieron a destituir de su cargo a un fiscal especial, el de Delitos Electorales, que se tornó incómodo para el sistema, aduciendo una indiscreción en una carpeta de investigación.
Pero lo más patético del asunto es ver cómo todo el sistema político nacional comandado por el PRI-Gobierno, ha venido poco a poco dejando hoyos por todos lados en las instituciones de Estado. No tenemos procurador general, apenas la semana pasada se nombró al auditor superior de la Federación, no hay fiscal anticorrupción, las Salas Especiales de Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa no se han establecido. Tenemos en los estados situaciones similares en muchos de estos temas.
En contraste, vemos en países como Estados Unidos, cuando actores políticos tratan de manipular las instituciones, se activan innumerables salvaguardas, pero lo curioso del caso, es que muchas de ellas no derivan de sus estructuras orgánicas en sí mismas (por ejemplo en Estados Unidos no existen los organismos autónomos), sino que los funcionarios de gobierno aplican la ley a rajatabla por simple ética profesional y por convicciones personales.
En México tenemos el absurdo legal de tener que probar la “legitimación”, para que un ciudadano tenga el derecho de solicitar que se corrija una ilegalidad de la autoridad, que aunque este concepto se ha liberalizado recientemente, tenemos en nuestra ciudad el caso del amparo interpuesto en contra del proyecto “Juárez Iluminado”, mismo que fue desechado so pretexto de la susodicha “falta de legitimación”, aunque nos perjudique a los juarenses esta gran estafa de Cabada y su gobierno.
En el reciente caso sufrido por los chihuahuenses en donde la Secretaría de Hacienda quiso extorsionar al gobierno de Javier Corral para intervenir en las investigaciones y procesos judiciales de corrupción de César Duarte, reteniendo partidas presupuestales convenidas con el Estado, tenemos claramente un diseño institucional para la intervención política en los asuntos de un estado de la Federación.
Ejemplo claro de ello es la famosa partida presupuestal llamada “Ramo 23”, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que la Secretaría de Hacienda sugiere al Congreso, viene una cosa al respecto, y de repente, en el dictamen que supuestamente emite la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (digo supuestamente, porque dicho dictamen lo elaboran en Hacienda), sale una cosa muy distinta, en donde se incluye el famoso “Ramos 23”, que es un fondo de miles de millones de pesos que se reparten a los estados sin ninguna normatividad de por medio.
Debemos hacer un rediseño del Estado mexicano, a fin de evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo es posible que no hayan remedios legales efectivos para el contumaz incumplimiento del Poder Legislativo de cumplir con las obligaciones impuestas por las leyes?
Es necesario generar estos remedios y darle el poder a los jueces para que de una manera más efectiva obliguen a los legisladores a que cumplan con sus obligaciones.