Opinion

Desde el virreinato norteño se mide con el poder central

LA COLUMNA
de El Diario

2018-03-17

Si de algo no se puede quejar Javier Corral, por naturaleza peleador callejero, es que por fin se enfrenta a un enemigo formidable. El viejo dinosaurio del PRI personificado en Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, que ha puesto al chihuahuense los puntos sobre las íes en su ejercicio irreflexivo y voluntarioso de poder.
Ya no tiene Corral a Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación ni al fiscal especial electoral Santiago Nieto Castillo, sus compas, que no solo lo protegieron, lo alentaron en lo cortito para ir contra enemigos mutuos: Manlio Fabio Beltrones y Emilio Lozoya, ambos ubicados a la espalda de César Duarte.
Hoy se queja el gobernador sobre la decisión de la PGR mediante la cual desiste de judicializar la denuncia por el presunto desvío de dinero, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, atribuido al gran ladrón, cuando era sabido que el sistema haría eso y más para proteger a uno de los suyos.
Por eso, sabiendo que tarde que temprano la PGR dictaría el no ejercicio de la acción penal, nadie se explica por qué Corral abandonó a Jaime García Chávez en el procedimiento penal, situación que solo encuentra respuesta en la veleidad del poder y el uso pragmático del caso para alcanzar notoriedad, que vuelve a confirmar esta semana con su retórica mediática chilanga.
El gobernador es un animal político; nadie lo duda. Propios y extraños lo saben. Es por ello explicable que lo que critica a la Federación en la manipulación de expedientes judiciales y jueces a modo, hoy él lo hace con total desfachatez y cinismo. No hay un ápice de congruencia en él. Candil de la calle, oscuridad de la casa.

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Si critica Corral el uso de la PGR con fines políticos, aquí la Fiscalía no se queda corta en la persecución implacable contra enemigos y la omisión frente a los propios angelitos palaciegos en turno. La fabricación de expedientes es un deleite, incluidos métodos draconianos de tortura que Edgar Alan Poe envidiaría.
Si se queja del centralismo federal, basta observar lo que ha hecho de sus promesas hacia un nuevo municipalismo, con la supuesta entrega de las Juntas de Agua y la toma por decreto de las Policías Municipales. No le ha temblado la mano para decir en 2016, en su toma de protesta, que los municipios tendrían justicia, y desdecirse días después sin rubor alguno.
Si habla de la violación a la independencia a órganos autónomos, basta voltear al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información, donde ha hecho chilar y huerto, primero colocando un alfil respondón como Leyva y luego quitándolo cuando no cumplió sus órdenes y convirtió a la institución en un caso para la psiquiatría: acoso laboral, sexual, despidos inexplicables, gritos, peleas...
Si de concentración de poder se habla, por encima de los magistrados, ahí está el nombramiento del titular del Poder Judicial y la conformación a modo de un Consejo de la Judicatura, construida sobre ánimos de poder y control, aunque tenga como fundamento violación a normas constitucionales. Por ejemplo, con una Luz Estela Castro colocada sin cumplir ostensiblemente uno de los requisitos elementales, de primaria: la edad, sin importar en lo más mínimo el ánimo crispado de colegios de abogados, molestos porque se premia la oposición a la cultura de la legalidad, la iglesia en manos de Lutero: ¡la Canaco en manos de un vendedor ambulante! ¿Qué hacer con los jueces que no cumplan a cabalidad con sus funciones? ¿Trasquilarlos, como hacía El Barzón con los actuarios?
Y si de combatir la corrupción con manejo político se trata, la última joya, la designación del Consejo Anticorrupción, pasando por encima de la ley general en la materia, para colocar incondicionales que le permitan protección transexenal. Si la ley prohibía antecedentes de militancia partidista, había que quitarlos de la ley estatal. Había que hacer ostensible la marca PAN en la conformación del órgano, en un desaseo que llevó a golpeteos, renuncias y crisis por mal manejo. Irónico, en el órgano que debe cuidar esto.
Y ahí está la Auditoría Superior del Estado; y ahí está la elección de rector en la Universidad Autónoma de Chihuahua y del director de Derecho esta misma semana, entregada a la ultraderecha panista; y ahí está el uso de recursos para manejo político partidista bajo el estribillo de federalismo financiero y justicia, una caravana por 15 días de un gobernador y secretarios en funciones; ahí está el gasto en comunicación privilegiando televisión, y en particular a un canal que no puede comercializar por su naturaleza jurídica. La joyita del estaliniano Cambio 16, y el anuncio de la televisión y la radio de Estado con cargo a 85 millones de pesos de presupuesto público. Sin dificultades gastará mil millones de pesos en temas mediáticos al término de su segundo año de régimen.
Desde el virreinato norteño, se queja del abuso del poder central, donde el tlatoani impera, lo mismo que él hace en estas tierras, donde, a como dé lugar, su palabra es ley. Muy cara para los chihuahuenses.

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Los casos emblemáticos de ejercicio del poder sin ambages, o sea, el uso del poder institucional para la ofensiva y defensiva, sin límite alguno, ni moral, ni político, ni jurídico, lo es la operación Justicia para Chihuahua.
Es un ejercicio de persecución del delito sin precedente alguno. Sistemático, no ha dejado pieza suelta alguna.
Lo mismo ha irrumpido en la Cámara de Diputados para impedir la toma de protesta de un diputado que buscaba la protección del fuero, que ha sitiado durante horas el Campestre de Chihuahua, revisando cajuelas de autos a la salida, en busca de uno de los colaboradores del gran ladrón.
Ha obsequiado impunidad a testigos protegidos para recabar declaraciones y pruebas –existentes e inexistentes— para llevar a la cárcel a una decena de exfuncionarios públicos y personajes, que sin ser parte de la administración del anterior Gobierno, colaboraron simulando contratos.
Ha utilizado el poder con el celador que habla a la oreja del detenido para inducirle temor y angustia; usa la técnica de la luz encendida en la pequeña habitación aislada, para arrancar confesiones y más declaraciones inculpatorias. La guerra psicológica llega hasta la cárcel, y a los juicios abreviados, la aceptación de responsabilidad, como única vía de escape y expiación.
Detrás de ello, un ejército de ministerios públicos, agentes estatales investigadores, un exmagistrado federal y un exconsejero de la Judicatura Federal. Y la complicidad de los defensores de derechos humanos aceitados en la nómina estatal. Nada mal para un sultanato de provincia, aldeano diríase en su lenguaje despectivo hacia Chihuahua.

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La historia de la Auditoría Superior del Estado es también una belleza maquiavélica. Pensando que en verdad había democracia y separación de poderes, ilusos, la mayoría panista se alzó contra el sultanato y nombró a un auditor panista, pero lejano al grupo imperante, afectado de inelegibilidad por una postulación a un puesto de elección popular.
El celo por la legalidad fue bastante. Hubo incluso conferencias de prensa en Palacio para oponerse a tal nombramiento. Era inadmisible, no la ilegalidad, sino la insurrección panista.
Vino inmediatamente la destitución del coordinador parlamentario y la vía de hecho, por la fuerza, para quitar de en medio a Ignacio “Nachito” Rodríguez, a quien se le expulsó de su propia oficina, sin rubor alguno, reinstalando a un interino, que ahí sigue, sin poder firmar como auditor superior del Estado, sino como interino, una figura ilegal e inconstitucional, que es tolerada y rubricada desde Palacio.
Armando Valenzuela ahí estuvo, irónicamente, en la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción, a un lado del aún presidente del Tribunal de Justicia, cuyo nombramiento pende de un hilo debilísimo.

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Es cierto, Navarrete no es lo mismo que Osorio Chong. No la tiene fácil el gobernador. Pero nunca la ha tenido fácil. Por eso se ha mimetizado –hoy más que nunca— en el uso excesivo y abusivo del poder.
Por ello no es de extrañarse que la Federación retome su papel de fuerza mayor usando todas las artimañas legales e ilegales. Por ello la decisión de PGR para beneficiar a Duarte. Lo mismo hace Corral en Chihuahua sin rubor alguno.
Así las cosas, no le queda otra que ir de frente con Anaya. Antiguos aliados como Manlio no pueden poner un pie en Chihuahua. Corral quiso encantar al sonorense pero terminó traicionándolo. Error de primaria. Los tricolores y Morena lo tienen bien ubicado. No le tienen confianza. A Ricardo no le queda de otra aun a sabiendas que en cualquier momento puede caer la puñalada por la espalda como ha ocurrido y como es también su práctica.
Ha preferido Corral mimetizarse con el enemigo y actuar como su gemelo.

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