Carlos Murillo/
Analista
La PGR decidió no ejercer la acción penal sobre el exgobernador César Duarte, así se cierra el primer capítulo de este caso que involucra también al exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, por los depósitos del Gobierno estatal en el Banco Unión Progreso.
La autoridad consideró que todas las operaciones financieras fueron legales; y ni siquiera la sospecha hubiera existido de no ser porque Duarte y Herrera eran accionistas del banco. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y los expertos en delitos financieros desestimaron la denuncia. No hay daño al erario, así de simple.
Jaime García Chávez y Javier Corral, hace dos años condenaban que esos depósitos eran un delito, eso declararon ante los medios de comunicación y se sacaron fotos cuando entregaban decenas, por no decir que cientos, de supuestas pruebas en cajas de cartón para demostrar su dicho. Pudieron haber llevado toneladas de papel, pero si no representan medios de prueba no sirven de nada. Era puro ‘blof’.
Todavía quedan algunos recursos legales para que este asunto del Banco Unión Progreso quede firme, mientras tanto, este revés jurídico se suma al de los magistrados Jorge Ramírez y Gabriel Sepúlveda que fueron reinstalados por el Tribunal Colegiado, así como a la derrota jurídica en el Ichitaip donde, en un juicio de amparo histórico, un juez federal le dio la razón jurídica al consejero Rodolfo Leyva, quien deberá ser restituido como presidente del organismo de transparencia local.
Por si la mala racha fuera poca, en los próximos días se emitirá otra resolución, esta vez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitirá una sentencia sobre la legalidad de la destitución de Gabriel Sepúlveda como presidente del Tribunal Superior y con ello, también podría desconocerse la conformación del Consejo de la Judicatura Estatal, donde por cierto despacha Lucha Castro, a la sazón una incondicional del gobernador Corral y su operadora para mantener el control del Poder Judicial.
Más allá de la mala suerte, las derrotas jurídicas de Javier Corral tienen una constante: en los casos de destituciones se violó el debido proceso legal y en la acusación del banco se integró deficientemente la denuncia penal. Hasta hoy, parece que las últimas consecuencias –a las que se refería Corral en sus discursos–, están por llegar. Y no son lo que esperaba. Los expedientes que tanto presumió y las autoritarias maniobras se le escurren entre las manos.
Así como se derrumbó la estrategia jurídica de los casos del Banco-PGR, el Ichitaip y los magistrados del TSJ, es muy probable que las once carpetas de investigación que se tienen contra César Duarte, junto a las 50 que se presumen contra otros duartistas, se vayan cayendo como un dominó por deficiencias en la integración o violaciones al debido proceso legal. La razón es muy lógica, fueron planeadas y ejecutadas por los mismos operadores jurídicos, por lo tanto, la estrategia y los errores son los mismos.
En un apretado resumen, en estos casos, el discurso político ha sido vencido por la verdad jurídica. Por encima de la verdad mediática, hoy la única verdad legal que existe es que Javier Corral no probó su dicho ante la autoridad, en el caso del Banco-PGR y que se violó la garantía del debido proceso legal en los otros casos, por órdenes del mismo Corral.
Esto comenzó como una estrategia de populismo penal de Javier Corral, primero para ganar la elección de 2016 y después para seguir acumulando capital político rumbo al proceso electoral del 2018. Hoy, la persecución política permanece como la única agenda del gobernador.
El populismo penal o punitivo, es una categoría que se construye desde la academia para evidenciar un fenómeno muy singular, se trata de dar cuenta del cruce entre el derecho penal y la política. El populismo penal es una respuesta neoliberal/neoconservadora para simular que se resuelven problemas sociales a través de un combate superficial y aparente, frecuentemente la solución que se busca legitimar es criminalizar alguna actividad que está fuera del catálogo de delitos que impone el Estado y también individualizar el origen de esa problemática para reprimirla, usando los medios de comunicación y la opinión pública para crear en el imaginario colectivo una realidad alterna como distractor, esto se hace con fines electorales y de legitimación del Estado.
Para ponerlo en claro, aquí en Chihuahua se criminaliza el duartismo, por lo tanto, la persecución, bajo el método del populismo punitivo, fue únicamente contra los duartistas. Más de media docena están en la cárcel con la presunción de culpabilidad que, además de ser inconstitucional representa una violación sistemática a los derechos humanos contra un grupo de personas; por otro lado, Corral manipula a la opinión pública para personificar a la corrupción en ese mismo grupo y así legitimar el combate de ese mal social encarcelando duartistas. Todo eso distrae a la sociedad de lo importante, principalmente del precario combate a la delincuencia que nos tiene en una crisis de inseguridad en todo el Estado.
Pero el populismo penal tiene sus límites, sobre todo cuando se trata de una entidad federativa que quiere pasar por encima del Estado de Derecho. En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación es quien tiene la última palabra, porque el sistema jurídico así lo establece. Afortunadamente, no vivimos aislados del resto de la nación. Si Javier Corral dice que algo ocurrió lo tendrá que probar.
Hasta ahora, las únicas pruebas contra César Duarte son los testimonios contaminados de testigos protegidos que afirman ser cómplices para negociar la libertad, ¿qué calidad de testimonios pueden ofrecer quienes tienen miedo de pisar la cárcel o quien está adentro y quiere salir? En esas circunstancias algunos son capaces de testificar vehementemente que vieron al Chupacabras.
Por lo tanto, estos primeros casos son muestra de que se han cometido actos ilegales en aras del populismo punitivo y eso genera una duda razonable sobre los demás casos, el golpe va directo al corazón de la estrategia corralista, porque pierden legitimidad las acusaciones y se incrementan las sospechas de las violaciones al debido proceso legal.
Ante estos hechos objetivos, existen dos escenarios probables para el día en que César Duarte sea procesado; el primero en donde las carpetas de investigación se integraron deficientemente y por los errores procesales una autoridad federal las desestima; el segundo escenario donde se le condena a César Duarte a permanecer en la cárcel y la reparación del daño.
En ambos casos, cabe hacerse la pregunta ¿y después de Duarte qué pasará? Porque, con la resolución -favorable o desfavorable-, se agota el discurso del populismo penal y se acaba también la mayor parte de la agenda del Gobierno del Estado.
Más provocativa es la pregunta ¿y si César Duarte es inocente? Nadie se pregunta eso, porque ya lo condenaron sin un juicio, sin defensa y sin pruebas (como en la Santa Inquisición). Pero les tengo noticias, hasta ahora César Duarte es inocente. Aunque les cale a los examigos y a los enemigos -que ahora son como hermanos-. Sí, Duarte es inocente porque no se ha demostrado lo contrario en un juicio, ni un juez ha emitido una resolución judicial que diga que es culpable, ni siquiera ha comenzado el proceso y, como se ven las cosas, más vale que esperen sentados.