Sixto Duarte/
Analista
La controversia constitucional, es un medio de control constitucional que sirve para resolver las diferencias que existen entre distintos poderes y entre distintos niveles de gobierno. La Constitución dispone que todas las diferencias de corte político entre poderes de un mismo estado deberán resolverse por el Senado. Y las diferencias de carácter jurídico por la Suprema Corte, precisamente en vía de Controversia Constitucional. Sin embargo, todos los problemas entre poderes o gobiernos, pudiendo ser políticos, tienen una cara jurídica. De ahí que las diferencias políticas, mismas que pudieran resolverse por la vía del diálogo y la conciliación, se deban resolver en última instancia en las vías judiciales. Especialmente cuando una de las partes no está dispuesta a transigir en nada, como es el caso del Gobierno de Chihuahua.
Esto cobra vigencia por la discusión de las controversias constitucionales 150/16 y 179/17 por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para no confundir a los lectores con jerga estrictamente legal, diremos que ambas controversias fueron interpuestas por el Poder Judicial de Chihuahua en contra de acuerdos y decretos aprobados por el gobierno de Javier Corral, y la mayoría en el Congreso.
Una de ellas se interpuso en contra el contubernio entre el Ejecutivo y el Legislativo para cesar a Gabriel Sepúlveda como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. Es evidente que la remoción de Sepúlveda obedece a un capricho de carácter político. Su relevo poco tuvo que ver con un interés de genuina promoción de la justicia.
La otra, en contra de la creación del Consejo de la Judicatura local que dota a este organismo de facultades para nombrar, remover y destituir a quienes, en estricta teoría, son sus superiores: el Pleno. Este organismo administrativo, tiene facultades que en esencia deberían corresponderle al Pleno, a los juzgadores, no a un ente administrativo. Se ha pervertido tanto el espíritu de tener un organismo administrativo al interior de la Judicatura, que Lucha Castro, consejera del mismo organismo, les dicta línea a juzgadores y ministerios públicos, como si fueran sus empleados. El Consejo de la Judicatura de Chihuahua es algo así como un Supremo Poder Conservador en Siglo XXI.
Lo grave en ambas situaciones es el estado de vulneración en perjuicio de toda la sociedad, mismo que se logra cuando los poderes de un estado se concentran en una sola persona. Esta situación nos atañe a todos los ciudadanos del estado, pues como bien lo dice la doctrina política, no se puede alcanzar plena libertad cuando los poderes se concentran en una sola persona. De ahí la importancia de la resolución que emita la Suprema Corte en la discusión de los asuntos mencionados.
Conozco perfectamente lo que muchos van a decir: “Duarte también se metía en el Poder Judicial”. Curiosamente, ése fue precisamente un argumento que Corral usó hasta el cansancio para señalar que en Chihuahua no había división de poderes. Hoy, burdamente, el gobernador hace lo mismo que criticó. Justificar el actuar de Corral, porque Duarte “también lo hacía”, nos refleja una vez más la doble vara con que nuestra sociedad siempre mide las cosas, dependiendo de los actores. Opiniones ‘ad hominem’ les llamaría yo.
El día de ayer, estaban enlistados ambos asuntos para debatirse por parte del Pleno de la Suprema Corte. Sin embargo, la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad referente a determinadas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, evitó que la discusión de ambos asuntos se pudiera llevar a cabo en la misma sesión. Hoy a partir de las 11:00 de la mañana (o incluso el jueves) pudiera estarse discutiendo la constitucionalidad del actuar de las autoridades locales.
La resolución que emita la Suprema Corte será inatacable, por disposición constitucional. Es decir, no habrá recurso en contra de ella. Algunas voces desde hoy dicen que, derivado de la pugna entre la Federación y Javier Corral, la Corte fallará en contra de este último. Si bien coincido en el resultado, no creo que la resolución que emita la Corte se vaya a basar en la disputa entre ambos niveles de gobierno. Más bien creo que la resolución que emita el Tribunal se sustentará en la actuación del gobernador que ha vulnerado la división de poderes, y ha mancillado los más altos valores democráticos de Chihuahua.