José Buendía Hegewisch/
Analista
Ciudad de México.- Si el PRI se precia de vocación de construir instituciones, al gobierno de Peña Nieto se le recordará como depredador de ellas. No solo a él, pero al final de su sexenio lucen contrahechas, aunque la deformidad viene de lejos por la acción corrosiva de tergiversar la política y la simulación del poder compartido desde el 2000. El recuento de daños en la justicia, respeto a derechos humanos, seguridad o anticorrupción, habla de estragos profundos al tejido institucional. Es el mayor reto para el ganador de la elección: reconstruir el Estado.
¿Qué candidato ve el formidable reto de gobernar así? Como el “Gesticulador”, esa obra para demagogos en tres actos de Rodolfo Usigli, sus movimientos y mensajes se baten en ataques, descalificaciones y “guerra sucia”, con la mirada puesta solo en ganar la Presidencia. “¿Quién amarrará al tigre si hay fraude?”, dice AMLO con confianza de que la languidecida presidencia con Peña Nieto se revitalice como cuerpo imantado sobre su victoria pasado el rubicón de las urnas. Acabar con el “pacto de impunidad” y meter a la cárcel al Presidente por la corrupción en su sexenio promete Ricardo Anaya, gracias a una presidencia todopoderosa que no necesitaría al MP para procesarlo. La confianza de Pepe Meade otra vez en el sueño modernizador de nuevas reformas que se deshacen en su ejecución como el Pacto por México.
El proceso político no está vinculado con un gobierno o con un partido, de izquierda o derecha, que son los responsables de ofrecer soluciones concretas a problemas y conciliar intereses divergentes. Pero sin instituciones, cualquier poder puede considerar una concesión como táctica u oportunidad para imponerse y eliminar al rival. El destrozo institucional es terreno propicio para la demagogia, que ajusta el discurso al auditorio o suple con promesas la falta de resultados gubernamentales. En un reconocimiento poco común, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aceptaba que el Estado de derecho está “quebrado” y “rotos” los esquemas anticorrupción y de justicia, aunque el mea culpa no se acompaña de responsables. Algo que, por ejemplo, la gran banca quería escuchar de los candidatos para ganar su confianza.
Así, en la CNB, AMLO les aseguró que no buscaría reelegirse para disipar sus temores por el peligro del cambio para la frágil democracia; o el pronunciamiento de Anaya a favor de una fiscalía general independiente que saque a la PGR de ser “casa de campaña del PRI”; y hasta la crítica de Meade al “cordón umbilical” que une al presidente con el MP.
Pero de las causas y responsabilidades de la política poco se escucha de ellos. Las reformas a favor del pluralismo sucumbieron al control de los partidos de las nuevas instituciones autónomas (ciudadanas), sin que todavía saquen la mano de ellas; tampoco de las elecciones, ni de la transparencia o anticorrupción, que naufragan entre la simulación y el descontento ciudadano. Peor aún, el daño a las instituciones de justicia por usarse, primero contra AMLO con Fox, y luego contra Anaya como instrumento electoral por parte de Peña Nieto.
La política existe hasta que un poder decide que puede actuar solo por su cuenta, al margen de las instituciones. Al desafuero contra AMLO siguió la crisis política de 2006 y el descrédito de las instituciones electorales. ¿Cuál es el impacto en las instituciones del uso faccioso del SAT y la PGR en el proceso electoral de 2018…?
El mensaje de la desaparición de la política es una amenaza para la democracia más que la misma demagogia, o consecuencia de ella; y aliento para la lucha sin cuartel desde cualquier interés, no sólo político, también privado o ilegal. Por ejemplo, de poderes de facto como el narco cuando decide que puede comprar instituciones como alcaldías en Morelos. Ahí nos encontramos. Y entonces, ¿quién podrá gobernar el 1 de diciembre de 2018?