Francisco Ortiz Bello/
Analista
Con el respaldo incondicional e indigno de los diputados blanquiazules, el gobernador Javier Corral Jurado ha sumido al estado en un clima de confrontación, encono y polarización sociales, además de una severa crisis constitucional, como lo ha venido declarando recientemente el comisionado presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), el licenciado Rodolfo Leyva Martínez, quien ganó un juicio de amparo en el que un juez federal ordena su reinstalación en el cargo y encuentra graves violaciones en su destitución hace una año.
Así es como están las cosas en Chihuahua, tristemente. Triste y amenazadoramente para la sociedad. Son muchas las voces ya que señalan los afanes represores, autoritarios, dictatoriales y revanchistas del gobernador hacia todo aquel que se atreva a contradecirlo o a no acatar una orden emitida por él, aunque no tenga facultades o competencia sobre quien disiente. De acuerdo con hechos recientes, poco importa al titular del Poder Ejecutivo si sus decisiones son legales o no, o si tiene facultades para tomar algunas decisiones, él quiere estar presente en todos los ámbitos de la vida política así sea violando la ley.
El caso de Leyva es emblemático para ilustrar con profusión de evidencias las ansias autoritarias y represoras de Corral, aunque no es el único. Ya en otras colaboraciones hemos dado cuenta de otros muchos ejemplos que abonan a este razonamiento. Sin embargo, y con riesgo de parecer repetitivos o monotemáticos, creo que vale la pena insistir en el tema porque es grave y muy delicada la situación. Pone en riesgo muchos de los valores, principios y derechos de la sociedad.
Cumpliendo todos los procedimientos y requisitos, Rodolfo Leyva fue electo comisionado del Ichitaip y luego presidente del mismo el 2 de enero de 2017. El 9 de marzo de ese mismo año, fue destituido de su encargo como presidente por sus propios compañeros comisionados en una sesión de Consejo General, como resultado de un enfrentamiento público que tuviera Leyva con Corral, a propósito de una instrucción que le habría dado el gobernador al comisionado del Ichitaip para nombrar como secretario ejecutivo de ese organismo, ni más ni menos que a Ricardo Humberto Gándara Hernández, esposo de Estefany Olmos, secretaria de la Función Pública. La instrucción no fue acatada por Leyva.
Es necesario puntualizar que, de acuerdo con la Constitución del Estado de Chihuahua, el Ichitaip es un organismo público autónomo e independiente de la administración estatal, ciudadanizado, con recursos, patrimonio y personalidad jurídica propias, es decir, se trata de una instancia en la que el gobernador del Estado no tiene facultades ni injerencia alguna, de ahí la negativa de Leyva a la instrucción del gobernador de contratar a Gándara.
En aquel momento, Leyva acusó a sus compañeros comisionados de haber conspirado en su contra y de permitir que el gobernador se entrometiera indebidamente en los asuntos del Ichitaip. Acusó a Corral y a sus compañeros comisionados de haberse reunido en el departamento de Alejandro de la Rocha la noche del 8 de marzo del 2017, para acordar su destitución y elaborar el escrito mediante el cual se llevó a cabo tal acto que desde el principio calificó de ilegal e infundado.
Finalmente, el 9 de marzo del mismo año en una acalorada sesión Leyva fue destituido por sus compañeros comisionados, y fue designado en su lugar precisamente Alejandro de la Rocha. El comisionado defenestrado se inconformó con la acción y presentó de inmediato un juicio de amparo en que hizo valer sus agravios, juicio en el que -por cierto- no solicitó la suspensión provisional del acto reclamado, precisamente para que el juez se fuera y resolviera al fondo del asunto.
El pasado 7 de marzo de este año, el juez Segundo de Distrito en Chihuahua, Arturo Alberto González Fierro, resolvió en definitiva otorgar a Leyva el amparo y protección de la justicia federal con todas las consecuencias legales y formales que se derivan, tales como la restitución inmediata en su cargo como comisionado presidente, además del pago retroactivo por la diferencia en sus remuneraciones desde que fue indebidamente removido del cargo. "Es la única forma de restituir el daño ocasionado" establece en su sentencia el juez Fierro.
Pero en esa misma sentencia hay un párrafo que no tiene desperdicio: "Como corolario debe decirse que, dado el vicio de legalidad advertido en este fallo, la autoridad responsable está jurídicamente imposibilitada para pronunciar otra resolución de la propia naturaleza de la reclamada en el juicio que nos ocupa, en términos del Artículo 124, in fine, de la Ley de Amparo, pues aunque el vicio (de legalidad) es de índole formal, debe tenerse en cuenta que la determinación combatida, no es competencia de la autoridad administrativa responsable".
En el estudio del expediente, y en la argumentación que funda y motiva la sentencia, el juez federal advierte que la determinación combatida (la destitución de Leyva) constituyó un vicio de legalidad, ya que quienes así actuaron carecían de facultades para tomar tal determinación, además de que, en su ejecución, se violaron todas las garantías del debido proceso, derecho de audiencia, derecho a la defensa y otras de igual trascendencia.
A pesar de todas estas consideraciones, en entrevista telefónica para mi programa de radio Vox Populi 860, Rodolfo Leyva denuncia amenazas recibidas desde el Gobierno estatal, mediante las cuales le advierten que se fabricarán expedientes en el Congreso y otras instancias, para lograr su destitución y que no le permitirán que ejerza su cargo como presidente del Ichitaip.
Lo cierto es que hay una total coincidencia en estos señalamientos del comisionado del Ichitaip, con lo ocurrido la semana pasada en el Congreso, en la sesión del martes 6 de marzo, en la que el Grupo Parlamentario del PAN forzó la aprobación de una iniciativa mediante la que se crea la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
La iniciativa además fue presentada violentando flagrantemente todo el proceso y protocolo legislativo que debe seguir cualquier iniciativa, mostrando con ello una extraña e inexplicable prisa para su aprobación. Justo como si hubieran querido aprobarla antes del proceso electoral que inicia en mayo. Sospechosa y reprochable actitud de los legisladores panistas.
Además, todas esas modificaciones, cambios o aprobaciones han sido "graciosamente" obsequiadas al gobernador Corral desde su mayoría simple en el Congreso estatal, merced a oscuros acuerdos con los diputados de Movimiento Ciudadano, Miguel Vallejo, y del Partido Encuentro Social, Israel Fierro quienes en conjunto con los 16 diputados blanquiazules han logrado construir y forzar aprobaciones totalmente cargadas hacia los intereses de palacio.
En esas condiciones, con esos vergonzantes y descarados acuerdos, y en las circunstancias electorales actuales, aprobar una modificación como la realizada a la Ley de Juicio Político resulta no solamente contrario a cualquier aspiración legal y democrática, sino una verdadera amenaza a la vida institucional y al Estado de Derecho.