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Aun la caja de Pandora tiene sus límites

LA COLUMNA
de El Diario | Domingo 11 Marzo 2018 | 00:01:00 hrs

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El corte monárquico-dictatorial aplicado por el gobernador del estado, Javier Corral, para la administración de la entidad más grande de la República ha derivado en una afectación proverbial a los intereses de todos los chihuahuenses. No hay manejo político básico ni gerencia competente. Hilos de esta soga han empezado a ahorcar al panista.

Ocurrió el lunes una muestra ejemplar de los muchos casos acontecidos a lo largo de los 17 meses de administración corralista. Un crimen inverosímil en la casa blanquiazul que no debió ocurrir.

El tesorero del municipio de Ignacio Zaragoza, Guadalupe Payán Villalobos, fue sacado de su oficina por un grupo delictivo, fue violentamente trasladado a las afueras de la cabecera municipal y acribillado sin policía o militar que interviniera en su auxilio. Fue dejado solo en medio de todos y a la luz del día.

Al menos para el gobernador y la Fiscalía General del Estado no debiera ser un caso como los más de mil 500 asesinatos registrados en Chihuahua durante su régimen. Zaragoza es administrado por el Partido Acción Nacional. El tesorero tuvo durante mucho tiempo a Corral como su ídolo político.

Posaron juntos ambos para las cámaras fotográficas. (Tenemos una imagen en la versión digital de La Columna). Juntos trabajaron el “territorio electoral” en la región durante campañas electorales. En su funeral el miércoles hubo mucha gente de la localidad, nadie del Gobierno estatal, nadie de la dirigencia blanquiazul en la entidad. Ya para qué, en esa falta de sensibilidad del nuevo amanecer.

Ha dejado Javier Corral de cumplir su responsabilidad como gobernador de los chihuahuenses. Tienen arrebatada su atención temas bastante superficiales, cercanos al sensacionalismo, al amarillismo y a la ambición política, no al beneficio real, de fondo, en favor de los gobernados.

Si alguien conoce la calamidad ocurrida en Zaragoza es el propio mandatario. Dedicó tiempo y bastantes recursos al inicio de su administración para atender la problemática de inseguridad específicamente en ese municipio y otra media docena más de la región. Cuauhtémoc, una localidad grande entre ellos.

Formal, legalmente mediante decreto, sin avisar ni contemplar siquiera el punto de vista de las correspondientes autoridades municipales, tomó el control de las policías preventivas a través de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo, la severa crisis lo ameritaba. Fue a partir de febrero del 2017.

Si Corral hubiera dado seguimiento a esa estrategia la situación de dichos municipios “tomados” sería hoy muy distinta. Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Madera, Namiquipa, Gómez Farías, Temósachic... Cuauhtémoc. Aventó el decreto, aventó a los policías estatales (sacados de otros municipios), los abandonó y ahí están las consecuencias. El escenario de violencia peor que antes. El panista tesorero de Zaragoza estaba en su oficina de la Alcaldía cuando fue secuestrado. ¡Ahí mismo se ubica la comandancia de policía!

***

A media semana otro golpe duro a la carencia de oficio político de Palacio de Gobierno y su jefe el gobernador. Amparó un juez de distrito al comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Rodolfo Leyva Martínez, contra la destitución de que fue objeto en marzo del 2017 como presidente de la institución autónoma. Fue ordenada su reinstalación.

Es posible que la decisión del juzgador sea impugnada. Independientemente de que ello ocurra y del tiempo que pueda transcurrir hacia una nueva resolución, son la intransigencia, la intolerancia, la incapacidad y el desinterés, los aspectos que de nuevo hacen su aparición como contexto en la personalidad del régimen panista y su conmocionado portabandera, el gobernador del estado.

Vamos a conceder que Corral y sus operadores tengan razón en buscar deshacerse políticamente de Leyva Martínez como rector del Ichitaip puesto que apenas tomó su asiento se alzó como el principal crítico de la administración estatal y rechazó literalmente a gritos le fuera impuesto como funcionario el marido de la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos.

Pero fueron el gobernador y sus asesores quienes convirtieron a Leyva primero en comisionado y después en presidente. Es adjudicable a ellos, entonces, la impericia no solo para seleccionar adecuadamente al jefe de transparencia por al menos tres años sino para enmendar con pertinencia el error garrafal una vez cometido.

El interés, el derecho de los chihuahuenses por la información pública transparente y la protección de sus datos personales ha sido menos que atendido por el régimen corralista. Sus calificaciones son reprobatorias. Sumado a ello la pérdida del control político, estamos en presencia también del Estado fallido en esta materia.

“Mándame matar y se acaban tus problemas”, le dijo Leyva a Corral en entrevistas concedidas a los medios de comunicación el jueves. En efecto. Entretenido como está en asuntos que para los chihuahuenses son secundarios, como la búsqueda de la Presidencia de la República, Corral ahora tiene dos graves problemas: el regreso de Leyva y la amenaza real a la opacidad en que tercamente mantiene a su administración. Parió a Rodolfo pero no lo ha criado. Formidable costo en imagen.

***

El asesinato del tesorero y la restitución de Leyva, son el preludio de momentos peores para Corral Jurado y su régimen de corte opresor e ineficaz. A toda monarquía déspota le llega su muerte. Es el temprano inicio de ese final.

Justo mañana es la siguiente parada en ese camino que puede terminar abruptamente antes del 2021, conclusión de su período de gobierno. Tiene sesión pública ordinaria la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los ministros de la Corte resolverán los expedientes número 150/2016 y 179/2017. Ambas son aquellas controversias promovidas por el Poder Judicial de Chihuahua contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado. Las dos tienen que ver con decisiones bastante apartadas de la razón y del sentido común político, producto de la víscera y del mero ánimo de venganza.

El gobernador ordenó en un caso destituir a través del Congreso del Estado al presidente del Tribunal de Justicia, Gabriel Sepúlveda. Colocó en su lugar al actual titular de ese órgano, Julio César Jiménez Castro. Ya no podrá la Corte restituir en su cargo a Sepúlveda porque el cuatro de octubre del año pasado terminó el período para el que fue designado. Posiblemente hable de la invasión de poderes, catalogue la medida como inconstitucional y retire al que ahora está para que haya un nuevo proceso de designación. Difícilmente se salvará Palacio de un golpanazo.

Igual de grave el otro caso. Ordenó Corral modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que entrara en funciones el Consejo de la Judicatura armado durante el duartismo.

Concedamos la necesidad que el gobernador tenía no tanto por limpiar de duartistas al Poder Judicial, sino porque en su seno permanecieran magistrados y jueces honestos, probos, verticales y al menos imparciales en el ejercicio de su función. Tomó la oportunidad, aprovechó la circunstancia y se fue más lejos. Pisoteó a la totalidad de los magistrados que conforman el pleno del Tribunal de Justicia.

Integró Corral un nuevo Consejo de la Judicatura en el que puso al frente formalmente a Julio César Jiménez Castro pero de facto el mando es ejercido por la magistrada Luz Estela Castro, quien llegó ilegalmente al cargo procedente del activismo social de izquierda, experredista y estrecha amiga del mandatario estatal. Un cabello cerca del nepotismo.

Ese Consejo de la Judicatura quedó colocado por encima del pleno del Tribunal, conformado por los aproximadamente 30 magistrados y magistradas. Sus poderes son metaconstitucionales. Manejan la administración del Poder Judicial y tienen facultades para enmendar la plana a jueces y magistrados y hasta destituirlos.

Dos magistrados fueron suspendidos por ese Consejo pero luego de un corto litigio quedaron reinstalados por jueces federales, lo que significa que la Corte acotará los alcances de dicho Consejo corralista.

El “ahí se va” garrote en mano tiene sus consecuencias. Altamente probable es que este lunes la justicia federal recuerde a Corral de nuevo que no es el dueño de las instituciones. Que solo es gobernador por cinco años y que en ese tiempo debe regirse por las leyes que protestó cumplir y hacer cumplir. Nada menos pero tampoco nada más.

Fue electo para un Estado democrático, no para convertirse en amo y señor de vidas, pueblos, ciudades y organismos públicos de toda índole.

Su personalidad autócrata y desinteresada por el bien común ha costado a Chihuahua más violencia, más inseguridad, más muerte, más deuda pública, más problemas financieros, subejercicios multimillonarios... Menos pavimento en las calles, menos carreteras nuevas, menos hospitales, menos servicios médicos de calidad, menos educación. Su ambiente es de arena de lucha libre, de pelea de arrabal, de mala vibra social y política... Los chihuahuenses no están contemplados más allá de su interés egoísta. Muy contados caben ahí. Es la inesperada caja de Pandora para quienes lo creyeron próximo a la santidad política.



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