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Doble estándard en la procuración de justicia

Sixto Duarte/
Analista | Martes 06 Marzo 2018 | 00:01:00 hrs

La semana pasada, en este espacio hablé de la guerra de lodo entre candidatos. Desde entonces, el tema que más ha llamado la atención es la acusación de que Ricardo Anaya está involucrado en una red de lavado de dinero. Quienes hayan leído participaciones anteriores de quien esto escribe, se darán cuenta que recurrentemente hablo de temas de procuración e impartición de justicia, de la presunción de inocencia y del debido proceso.

Las acusaciones vertidas en este sentido contra Ricardo Anaya son graves. El tema se había ido olvidando, hasta el domingo que sale dando una conferencia de prensa con voz temblorosa, pidiéndole al presidente sacar las manos del proceso. Uno de los problemas en nuestro país es la laxitud que existe en la normatividad vigente para revelar nombres, actos y acusaciones a cargo de personas que aún no han sido juzgadas. Se estima que estos señalamientos pueden constituir un atentado a la presunción de inocencia, pilar fundamental de cualquier sistema jurídico medianamente moderno. A partir de estas pifias, la colectividad ya sentenció a Javier Duarte, a César Duarte, a Roberto Borge, entre otros.

El voto se ha convertido cada vez más en una actividad impulsiva, instintiva, y cada vez menos en algo reflexivo y racional. De ahí que uno de los métodos más efectivamente utilizados en campañas políticas y mediáticas es el uso del “populismo penal”. Algún personaje señala a su antecesor como el peor delincuente de la historia, y la sociedad se vuelca a juzgarlo de manera sumaria, expedita, sin derecho a defensa, y sin la necesidad de conocer la verdad o el fondo de los asuntos. La verdad es irrelevante para el caso de esta clase de acusaciones. Se ha explotado un morbo y una sed de sangre que tiene el colectivo, que cualquier cosa mala la creemos, y cualquier cosa buena la ponemos en tela de duda.

Bajo la premisa goebbeliana de que una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad, la opinión pública ha caído redonda en las acusaciones hechas por la PGR, y por Miguel Ángel Yunes cuando se trata de acusados priistas, pero ha puesto en entredicho las acusaciones de la misma Procuraduría cuando el acusado es Anaya. Ahí, la muchedumbre ve un uso tendencioso de los órganos del Estado.

¿Cuál es la diferencia entre ambas actuaciones? Únicamente los procuradores de justicia y los destinatarios de la acción del Estado. De ahí que la ciudadanía opte ingenuamente para elegir su bando, y decidir a su conveniencia e interés quiénes son los buenos y quiénes son los malos de cada historia. Muchas veces la opinión pública se pregunta quién está procurando justicia, y quién está siendo acusado. Dependiendo la respuesta, el ciudadano emitirá un criterio. ¿Lo hizo Corral o la PGR en contra de priistas? Entonces es un ejercicio genuino de procurar justicia. ¿Lo hizo la Procuraduría del gobierno de Peña contra Anaya? Entonces es una averiguación cuya única motivación es política. Existe pues una reflexión ‘ad hominem’ para determinar cuándo la procuración de justicia es válida y cuándo se procura justicia con un afán político. Algo vergonzoso e hipócrita en una sociedad que aspira a ser democrática.

El propio gobernador Corral criticó a la PGR, señalando que su actuar ha sido “faccioso”. Corral no tiene legitimidad para acusar esto, cuando ha hecho un uso faccioso de la Fiscalía General del Estado y de los jueces para fines que no necesariamente representan procuración e impartición de justicia. Sin embargo, ya sé cuál será la respuesta de la muchedumbre: no es un actuar faccioso, porque persigue priistas. El cuento, la doble moral, y la hipocresía colectiva se verán reflejadas en la respuesta.

Es tan irreflexiva la opinión pública que se ofende con el proceso de Anaya pero celebra lo de Duarte, lo de Borge, lo de Granier, actuaciones del mismo órgano procurador de justicia, la PGR. La sociedad debe dejar de medir todo con dos varas distintas. No es Borge el malo procesado y Anaya el bueno perseguido político. No podemos asumir dos roles distintos en circunstancias similares. Se trata de que todos los acusados enfrenten los señalamientos que se les imputen, pero que todos tengan las mismas garantías.

AMLO fue víctima del uso político de la PGR en 2005. Eran los panistas quienes tomaban esas decisiones en aquellos tiempos. La reciente determinación de la PGR refleja que este es el país del doble estándard: de las autoridades por hacer justicia selectiva y de la sociedad por aplaudir nada más ciertas acciones, dependiendo el acusado.



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