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Presidente incómodo

Francisco Ortiz Bello/
Analista | Domingo 04 Marzo 2018 | 00:01:00 hrs

La elección del domingo 1 de julio de este año trae aparejados varios escenarios no muy positivos o benéficos para la sociedad. De hecho, ya estamos viendo algunos de ellos.

La lucha por el poder suele presentar la peor cara de quienes aspiran a ejercerlo. Los métodos para acceder a un cargo de gobierno no siempre son de buenos modales, ni tampoco se apegan a valores éticos o morales. El ejercicio del poder decía Maquiavelo, debe estar alejado de la moral por definición.

Hoy, estamos viendo a nivel nacional un feroz ataque de las instancias gubernamentales de administración y procuración de justicia, hacia el candidato de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, que se inscribe precisamente en este escenario de la utilización de métodos poco ortodoxos -por decir lo menos- para alcanzar el poder.

Es muy clara la estrategia del PRI y del Gobierno federal emanado de ese partido, para enlodar el nombre de Anaya. No importa si es verdad la acusación que dio paso a la investigación sobre lavado de dinero que pesa sobre el panista. Tampoco importa si con la filtración a medios de dicha investigación se viola el debido proceso.

Del mismo modo que he señalado en este espacio, las formas obsesivas y violatorias de la ley con las que el gobernador Javier Corral ha utilizado el aparato de justicia no solo para poner tras las rejas a quienes infringieron la ley, sino para golpetear políticamente a sus opositores, de igual forma señalo esa misma ‘estrategia’ en el Gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República.

Resulta sumamente perverso y mezquino que cualquier instancia de gobierno utilice como herramienta político-electoral a las instituciones de procuración y administración de justicia, para sus fines partidistas o electoreros, porque se pervierte de fondo el sentido profundo, social e institucional, de uno de los valores más trascendentes e importantes para el ciudadano: la justicia, la correcta y oportuna aplicación de la ley.

El poder depositado en los gobernantes a través del voto ciudadano no debe ser utilizado para fines distintos de los que fue conferido. La sociedad espera recibir a cambio de su confianza y de su voto, el trabajo dedicado, esmerado y ético de los gobernantes que elige, un trabajo que dé como resultado mejores condiciones de vida para los gobernados, que les dé bienestar, seguridad, desarrollo y tranquilidad, y no un trabajo que se convierta en descarada promoción de su propia imagen o la de sus partidos políticos. Menos aún, si con ese trabajo se viola la ley.

La sociedad elige a sus gobernantes para que administren adecuadamente los recursos del Estado, para que retribuyan a la ciudadanía en servicios, programas y obras los impuestos que pagamos. Para eso elegimos gobernantes o representantes populares, no para que se enquisten en el poder sin escrúpulo alguno.

Por todo eso, el golpe dado a Anaya ha sido demoledor, contundente. Insisto, aún sin que tenga el sustento legal necesario. Eso no importa. Solo importó el ruido mediático y el daño que este ocasionaría. Y eso es lo preocupante.

A esos posibles y eventuales escenarios me referí al inicio de esta colaboración. Escenarios por supuesto no deseables, pero bastante probables. Si dicen que “por las vísperas se saca el día”, por lo que hasta hoy hemos visto, las campañas electorales de este año estarán llenas de lodo y basura.

Pareciera que los políticos y sus partidos olvidan la premisa fundamental que hoy prevalece en la sociedad: un rechazo absoluto de los ciudadanos a las formas y maneras que han utilizado el poder todos los institutos y organizaciones políticas. No parecen haber aprendido la lección.

Todos los partidos políticos -y por supuesto los políticos que de ellos emanan- gozan del más amplio rechazo y reprobación de la sociedad. Que no se les olvide.

De acuerdo con el estudio “MÉXICO: CONFIANZA EN INSTITUCIONES 2017” de Consulta Mitofsky, los partidos políticos como instituciones obtuvieron una calificación de 4.4 en una escala del 0 al 10, ocupando el último lugar de 17 instituciones evaluadas. Es decir, completamente reprobados.

El presidente de la República ocupa el lugar 13 con una calificación de 4.9, los senadores el lugar 12 con un 5, mientras que los diputados están en el lugar 15 con una evaluación de 4.8, todos en la parte más baja de la tabla.

Sin embargo, ni los políticos ni sus partidos parecen darse cuenta de esa terrible realidad. Se empeñan en seguir cavando más profundo el descrédito y desprestigio que los puso en las actuales condiciones. Las campañas de lodo y descalificación que se avizoran son la mejor muestra de ello.

Y, si este es el escenario nacional, en lo local no se ve un mejor panorama. En una contienda local por la Presidencia Municipal de Juárez, en la que el enemigo a vencer se llama Armando Cabada, el actual alcalde, se han dado ya algunas muestras de lo que serán capaces sus adversarios.

¿Por qué afirmo que Cabada es el enemigo a vencer? Desde luego que no por una preferencia o simpatía personales, sino a partir de la observación y análisis de hechos concretos.

El primer factor que lo coloca como favorito es que ejerce actualmente el cargo, lo que de manera natural le da ya una ventaja sobre los demás candidatos. Pero, además, debemos sumar también que el alcalde goza de una muy alta popularidad y aceptación sociales. Y no se trata de percepciones, sino de hechos tangibles y consumados.

¿En qué me baso para afirmar sobre su popularidad y aceptación social? Básicamente en dos eventos trascendentes. Cuando el proyecto “Juárez Iluminado” fue detenido por un amparo interpuesto por un grupo de ciudadanos, Cabada solicitó a la sociedad su respaldo a través de firmas, recabando más de 85 mil firmas en solo tres días.

Más recientemente, para lograr su postulación para reelegirse en el cargo, el Instituto Estatal Electoral le dio 24 días para recolectar 31 mil firmas de apoyo ciudadano, con fotografía de la credencial a través de una aplicación. Cabada recolectó 78 mil firmas en solo 15 días, y decidió detener la recolección para regresar a la presidencia, si no, quién sabe cuántas firmas más hubiera recolectado.

Esos son los hechos concretos a los que me refiero para afirmar que goza de una muy alta popularidad y aceptación, lo cual no quiere decir que no tenga señalamientos en contra. Claro que los tiene, y no son pocos ni menores, pero todos provienen de opositores políticos, o aliados de éstos, con una clara intencionalidad de demeritar el trabajo o resultados del alcalde. Es claro que ninguna gestión gubernamental puede asumir que todo está bien, pero en el caso concreto resulta evidente el golpeteo político para magnificar las fallas u omisiones de la administración municipal.

Es a partir de este razonamiento que planteo las siguientes preguntas, ¿qué estrategias y métodos utilizarán los partidos y sus candidatos para arrebatarle la Alcaldía a Cabada? ¿De qué serán capaces? ¿Hasta dónde llegarán los afanes de poder de los contendientes?

Esos planteamientos surgen de lo que observamos a nivel nacional entre la PGR y Ricardo Anaya. Sería muy lamentable que el Gobierno estatal, a través de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior del Estado o de cualquier otra instancia gubernamental, utilizara alguna estrategia similar, creando o fabricando expedientes, investigaciones o simples señalamientos hacia el actual alcalde, con el propósito de minar esa popularidad y aceptación de la que hablamos antes.

La estrategia es simple: calumnia, que algo queda. Al igual que Anaya con la PGR, Cabada tendrá que resistir los ataques de todos los contendientes, habrá de cuidarse muy bien de no cometer el más mínimo error. Pero también quienes buscan llegar al poder, utilizando indiscriminadamente tácticas y métodos poco aceptables, deberán estar conscientes que, de no lograr sus aviesos propósitos el efecto bumerang puede revirar con mayor fuerza en su contra. Pero lo más importante, la sociedad observa, analiza, juzga y decide. El juicio social será la mayor sanción para quienes usen la guerra sucia como estrategia de campaña. Veremos y diremos.



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