El Diario de Juárez
2018-02-27
“Hervidero de protestas en Palacio”, así fue una de las cabezas de El Diario en la edición del sábado pasado, en una gráfica que enlistaba las manifestaciones que el viernes paralizaron el centro de la ciudad de Chihuahua: ferrocarrileros que exigían la liberación de las vías del tren en Delicias, bloqueadas por los productores de leche, quienes a su vez demandan un aumento en el precio al que les compran su producto; paralelamente la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) reclamaban el apoyo de 40 toneladas de frijol para mil familias, producto por el que los agricultores demandan también un precio mejor y apoyos para comercialización.
Lo anterior sin contar las protestas de los propietarios de autos “chuecos” por el decomiso de unidades, los estudiantes de la escuela Normal de Saucillo y los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua que repudian la destitución del director Arturo Limón, y ocho campus de esa institución hacen frente común para exigir la renuncia de la rectora Victoria Chavira.
Mientras esto ocurría en la capital del estado, en Cuauhtémoc fueron desalojados por la Policía Estatal los productores de frijol que se habían apostado en la caseta de peaje y detenidos 21 manifestantes en lo que fue calificado como un acto de represión, ya que estos productores plantean demandas justas al exigir que les paguen mejor por lo que producen y en vez de soluciones el Gobierno les lanza la Policía.
En efecto, el término más apropiado para este conjunto de inconformidades es ese, “hervidero”, porque se refiere justo a lo que se refiere el diccionario de la Real Academia Española: una muchedumbre y un lugar donde hay mucha actividad, pero en este caso adquiere una connotación negativa porque esos conglomerados presentan reclamos y demandas derivadas del mal ejercicio del poder gubernamental que ha dejado crecer los problemas del estado y no aplica aquí las demandas de combate a la corrupción y ejercicio de la justicia.
En este aspecto de combate a la corrupción cabe advertir el completo desorden que prevalece en la desaseada conformación del Comité Ciudadano Anticorrupción en el cual se presentó la dimisión —aún en términos legales no esclarecidos— de Joaquín Treviño por sus comentarios homofóbicos y posteriormente la renuncia de la comisionada Ivonne Alicia Arroyo Picard.
Por lo que toca a la problemática educativa, principalmente en la Upnech, luego de la actitud pusilánime del titular del área, Pablo Cuarón Galindo, de deslindarse del problema y echarle la papa caliente a Gobernación estatal, se le hizo el más grande y problemático asunto, al conjuntar a ocho de los 11 campus que hay en el estado en contra de la rectora Victoria Chavira para exigir su renuncia. Obsérvese de paso que ella había ofrecido pedir licencia temporal si sus detractores presentaban una denuncia formal ante la Secretaría de la Función pública para que se realizara una auditoría, lo cual fue hecho ayer, y sin embargo ella no cumplió con lo ofrecido. Simplemente no pidió licencia.
En torno a este conflicto, la única intervención que ha tenido el gobernador Javier Corral ha sido advertirles a los estudiantes —que lo abordaron en un acto— que con marchas no conseguirían nada; él sí puede hacer marchas de protesta, pero no acepta que se las hagan. Ese es su modo peculiar de gobernar: exigir a otros, pero que no le exijan a él.
En el hervidero de inconformidades se encuentran los productores de leche y de frijol. Hemos hecho mención en este espacio de la similitud que había de la situación de los productores del campo actualmente con la que padecían en los años setentas y ochentas del siglo que recién ha pasado, que eran los precios de garantía, por lo cual se organizaban protestas ante el Gobierno Federal para que los elevara, especialmente en el caso de la producción de maíz y frijol. Hoy parece que no es motivo de preocupación para el gobierno estatal. ¿Por qué no organiza una marcha para que les paguen mejor a los productores agropecuarios? Eso también es justicia.
Lamentablemente esta administración estatal ha privado el término justicia de sus amplias dimensiones y lo ha reducido en la frase “Justicia para Chihuahua”, a la detención del exgobernador César Duarte y nada más.
Claro, Duarte debe rendir cuentas y ser llevado ante la justicia, pero ahí no acaba la justicia, ésta debe abarcar luchar por un buen precio a los productos de los campesinos, que tengan apoyos para no quedar fuera de competencia ante los extranjeros que son introducidos con dumping; justicia para las víctimas de los delitos, justicia en los tribunales con expedientes debidamente integrados por la Fiscalía de manera que sus yerros no les abran las puertas a los delincuentes. Justicia abarca mucho más. Si atendiera a eso, no habría este hervidero de protestas que lamentablemente no inmutan a esta administración insensible.
El gobierno está emplazado, grupos de productores organizarán el próximo 12 de marzo, una serie de acciones como bloqueos en las vías del ferrocarril en algunos puntos del país, y otras manifestaciones en la entidad, encaminadas a buscar mejores condiciones para el campo en la exigencia de la participación de las autoridades, en este caso del Gobierno del Estado, para generar mejores condiciones en el sector productivo primario.
Si las autoridades estatales no asumen esos retos, la inconformidad crecerá.