Francisco Ortiz Bello/
Analista
En Chihuahua no hay más verdad que la que diga el gobernador. ¡Y ay de aquel que ose contradecirlo! Se expone a ser exhibido en la plaza pública como un mentiroso, traidor y enemigo de los chihuahuenses que no merece ni el saludo siquiera. Bueno, al menos eso es lo que Javier Corral Jurado quisiera.
Y no se trata aquí de exponer como una opinión razonada y analizada, un mero desperdicio de las vísceras o algún producto del resentimiento personal del que escribe (como sí lo acostumbra a hacer el gobernador), no. Cada palabra está perfectamente bien razonada y sustentada en hechos reales. Cada concepto está bien aterrizado a argumentos fríos, sólidos y cuidadosamente analizados.
En Chihuahua nadie más puede tener la razón. No hay argumento válido alguno que se pueda oponer a lo dicho por el mandatario estatal. No importa si es la ocurrencia más descabellada (Caravana por la Dignidad Chihuahuense) o la mentira más grande del mundo (no hay subejercicios ni sobregiros en el presupuesto estatal), eso nada importa. Como José Alfredo, su palabra es ley.
Desde el principio de su gestión al frente de la administración estatal, abrió fuego contra cualquier periodista o medio de comunicación que se atreviera a contradecir sus dichos u opiniones, vaya, siquiera a cuestionar sus decisiones o acciones. Y para ello no necesitó más que acusarlos de chayoteros y corruptos, que criticaban todo en su gestión y callaban en la de Duarte.
Para hacer esos señalamientos el gobernador no necesitó pruebas, sólo su palabra, como ha sido la constante a lo largo de toda su trayectoria. Usando medias verdades (contratos millonarios a medios de comunicación), revueltas con mentiras absolutas (por esos contratos los medios favorecían a Duarte), a Corral sólo le bastó con sembrar la duda entre la sociedad, o al menos eso ha intentado desde el inicio de su mandato.
En ese sentido, el manejo discrecional de los contratos publicitarios que tanto critica Corral de administraciones pasadas, es el mismo que él viene realizando con algunos medios de comunicación y periodistas específicos. Sólo han cambiado los personajes y los medios, pero no la práctica de “influir” en la opinión publicada o la información, a través de la asignación de jugosos presupuestos.
Por cierto, habría que aclararle al jefe del Ejecutivo estatal que publicidad oficial y “chayote” no son lo mismo, ni necesariamente significa que un medio deba entregar su línea editorial a cambio de recibir contratos publicitarios, como sí lo hacen descaradamente algunos “medios amigos” hoy en día. Pero para el caso es lo mismo, para Corral no es necesario probar ni argumentar nada, él sólo acusa y señala sin que haya defensa que valga. Para esos casos la palabra del gobernador adquiere la fuerza de la sentencia de un juez.
Pero el caso -o casos- más emblemático es el que recientemente estamos viviendo en el Estado. A raíz de un fuerte diferendo con la Federación, concretamente con la Secretaría de Hacienda federal, por la falta de cumplimiento de cuatro convenios firmados en diciembre de 2017, Corral emprendió una fuerte manifestación contra el Gobierno federal, sin que para ello valieran las explicaciones y aclaraciones que hicieran altos funcionarios hacendarios. A la hora de las aclaraciones, Corral es experto en revolverlo y confundirlo todo. Es maestro de la estrategia del “pleito ratero”, como argucia para lograr sus fines.
Hay que señalar puntualmente que los recursos derivados de dichos convenios, 900 millones de pesos, no formaban parte del presupuesto legal de Chihuahua, sino correspondían a excedentes de la partida presupuestal conocida como Ramo 23, cuya naturaleza de origen es, precisamente, que se trata de recursos adicionales, extraordinarios, extras.
No obstante esta circunstancia, y las múltiples aclaraciones del Gobierno federal, el gobernador decide emprender una Caravana por la Dignidad Chihuahuense, a la que sumó el reclamo de la extradición inmediata del exgobernador César Duarte. Ya no eran sólo los recursos presupuestales.
En lugar de hacer lo que cualquier otro gobernador hubiese hecho, tomar un avión y apersonarse en la Ciudad de México, reunirse con las autoridades correspondientes y presentar la exigencia más firme de cumplimiento, haciendo valer para ello por supuesto su alta investidura como el gobernante de los chihuahuenses, no, en lugar de eso decide tomar las calles y realizar un extenso e incomprensible recorrido por casi todos los estados del país. No hubo poder humano, ni razonamiento alguno, que impidiera al gobernador tomar las calles en una extraña manifestación pública desde el poder, en lugar de utilizar las vías institucionales de las que dispone un gobernante. Otra vez sólo su verdad, sólo su visión, sólo su criterio.
El final de esa extraña e incomprensible aventura de Corral, y luego de 15 días de una costosa e innecesaria caravana por medio país, ya todos los sabemos. A través del secretario de Gobernación, se firma un acuerdo en el que se pacta devolver a Chihuahua los recursos retenidos y dar trámite a la solicitud de extradición del exgobernador prófugo.
El mismo Navarrete Prida explicó que cada punto de ese acuerdo era parte de la obligación del Gobierno federal, y que se hubiese cumplido igual con o sin Caravana por la Dignidad de Corral, “No queremos ver a los gobernadores marchando por las calles del país, los queremos ver gobernando” diría el titular de gobernación federal al respecto, pero bueno, al gobernador le encanta hacer ruido y ser el centro de atención de la prensa nacional.
El punto a destacar de todo esto es que, mientras Corral recorría medio país, encabezando su marcha, se defendía de las críticas con su reconocido, encendido y acostumbrado discurso sobre las libertades y derechos, sobre la democracia, principalmente exaltando el absoluto derecho a la libertad de expresión (concepto, por cierto, muy manoseado por el gobernador).
Y aquí es donde viene la tremenda incongruencia. En Chihuahua, luego de no ser atendidos en sus demandas por ninguna instancia de gobierno, un grupo de productores agropecuarios deciden tomar la caseta de cobro de la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua, en protesta por esta situación de abandono e indiferencia gubernamentales y, en respuesta, lo que reciben es un brutal y desproporcionado ataque de la policía estatal, quienes arrestaron a 21 productores de frijol que mantenían tomada la caseta.
¡Represión pura! Utilizando para ello la fuerza pública que, mejor debería garantizar la seguridad, tranquilidad y bienestar de los ciudadanos, ante una manifestación pacífica y legítima (hasta donde entendemos) de un grupo de productores agropecuarios, quienes les gritaban a los policías estatales “sin golpes” y a cambio exactamente eso fue lo que recibieron, golpes y arrestos.
Al respecto, rescato lo dicho por Hugo González -uno de los manifestantes- en las redes sociales: “Cuando Javier Corral hace caravanas pagadas por el gobierno le llaman ‘Justicia’, pero cuando el pueblo sale a exigir Justicia como el caso de los productores de frijol, el gobernador reprime con el uso de la fuerza pública”, sin palabras.
Pero hay más todavía. Otro usuario de redes sociales, Ramón Gilberto Gutiérrez, apunta en uno de tantos comentarios sobre el incidente de los productores de frijol: “Nada menos ayer apuntaba su incongruencia cuando decía (Corral) que el depuesto director del UPNECH debía utilizar los cauces legales y que los alumnos no debían manifestarse, cuando le dijeron esto mismo desde la SEGOB contestó que su caravana era legítima, al igual que su manifestación porque era el pueblo de Chihuahua. Entonces, para este sujeto (Corral), ni los estudiantes, ni los maestros, ¿ni los campesinos forman parte del pueblo de Chihuahua?”.
Esa es la visión de la sociedad sobre un gobernante al que más vale decirle que sí a todo, aunque no tenga la razón, porque de lo contrario se corre el riesgo de enfrentar su ira, que no es poca ni inocua. Con Javier Corral, en Chihuahua, la única palabra que vale es la de él. El monopolio absoluto de la verdad en manos de quien gobierna. Malas noticias para los chihuahuenses.