Santiago González/
Analista
La tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, son bastante comunes en Chihuahua. No especulo, lo hemos visto en los detenidos que en custodia de las autoridades son presentados molidos a golpes, se les ha visto sangrantes, llorando, derrengarse de dolor, y nadie sería tan ingenuo como para pensar que se cayeron durante el arresto.
Desde 2012 el delito de tortura fue eliminado del Código Penal de Chihuahua y pasó a ser un delito federal, adicionalmente un gran número de criterios sobre la actuación de las autoridades ante casos de tortura fueron emitidos por el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo a razón de un caso de tortura ocurrido en Ciudad Juárez, el caso de Israel Arzate, acusado del multihomicidio de Villas de Salvárcar; sin duda una herida abierta en nuestra sociedad y que es achacable a los vicios en la investigación de las autoridades estatales y la tortura realizada por el Ejército.
En 2014 el relator especial de la ONU para la tortura, después de su visita a México terminó por dar una declaración contundente: “La tortura en México es una práctica generalizada”. Ante tal aseveración el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reaccionó ofendiéndose formal y diplomáticamente, extrañándose de la falta de tacto de quien no iba a hacer relaciones internacionales, sino a conocer la situación de la tortura en México. Poco tiempo después el mismo presidente promulgaba la “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, es decir, tomó nota y acusó de recibido.
Desde que es delito federal y según el quinto informe presidencial, se encuentran abiertas algo más de cuatro mil investigaciones por ese delito en todo el país, una cantidad ridícula ante la magnitud del fenómeno, pero más absurdo aún, en tanto se omiten mencionar en el mismo informe cuántas personas han sido condenadas por ese delito. Ya estamos de acuerdo en que no somos ingenuos, y sabemos porqué no se incluyen los resultados de dichas investigaciones. El punto es que, si no pueden sancionar, ¿cómo se podrá prevenir? Si no contamos con datos reales sobre la magnitud del problema, ¿cómo se podrá erradicar?
La tortura es algo más que dar un escarmiento a quien ha dañado a otras personas. Es un acto por el que se convierten a personas inocentes en culpables, es un delito de lesa humanidad, es una forma de arruinar una investigación dejando a víctimas sin justicia, es una ofensa a la dignidad humana y los anhelos que puede tener cualquier sociedad, es un acto que despoja a quien lo comete de valores, conciencia y toda idea de justicia. Porque la tortura encuentra cabida principalmente en los regímenes corruptos, viciados, marcados por la impunidad e ineficacia.
Lo cierto es que aún existe en la sociedad quien se siente resarcido ante la evidencia de que alguna persona detenida por cometer un delito ha recibido lesiones, golpes o tortura, cual si fuera parte de la justicia. He escuchado argumentos como: “quieren que los tratemos con pétalos de rosa, cuando ellos no se tentaron el corazón para dañar a otros”, en esa fórmula reiterativa de llevar los argumentos al extremo absurdo para justificar su punto, cuando no existe dentro de una actuación legal y profesional de un agente de la ley, cabida para ningún tipo de maltrato. Y no, señalar los abusos de las autoridades no significa estar en contra de la víctima, significa estar a favor de actuar como seres humanos civilizados.
Malgastaría espacio en la presente opinión mencionando todos los tratados, convenciones, acuerdos, cumbres, lineamientos internacionales y de derecho interno que ha adoptado, firmado y ratificado México en contra de la tortura, simplemente diré que lo ha firmado todo y, sin embargo, seguimos apareciendo al lado de países como Zimbabue y Sierra Leona, según The World Justice Project y Amnistía internacional. Porque lo único que no se ha adoptado en México es la voluntad política y conciencia social de lo deleznable que es la tortura. Lo vemos, es evidente y no mencionamos palabra, porque cuando alguien señala actos de tortura es acusado de defender criminales, como si quien comete la tortura no fuera un criminal.
¿Qué incentivos tiene una persona que ha sufrido de tortura para poner una denuncia?, ¿qué esperanzas guarda de recibir justicia?, ¿qué le inhibe a un agente de la ley propinar palizas, choques eléctricos o asfixia, para obtener confesiones? Más allá de avanzar en el combate a la tortura, retrocedemos con instrumentos legales que abren la puerta a la discrecionalidad y secrecía de la actuación de agentes del estado, como es el caso de la Ley de Seguridad Interior, que significa un retroceso grave para el combate a la tortura.
El gobierno no combatirá algo que no le genera críticas, aun y si es un delito. Mientras como sociedad sigamos tolerando la tortura, sigamos sin señalarla, no en beneficio de los imputados, sino en beneficio del derecho a un proceso justo para la víctima, esta seguirá ocurriendo.