Sixto Duarte/
Analista
Todos recordamos al exalcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez conocido como “Layín”, mismo que se hizo mundialmente famoso al reconocer en un evento masivo que él, durante su gestión como alcalde, había robado (recursos públicos), pero “no mas poquito”. Las respuestas fueron variadas por el cinismo de su dicho: hay quienes reconocían en él honestidad en sus palabras, y hubo quienes condenaron el descaro en su manera de conducirse.
Independientemente de posturas, la frase de “Layín” refleja un reconocimiento expreso de incumplimiento a la ley. La aplicación de la norma es estricta, lo mismo que debe ser su observancia. En el respeto a la ley no hay medias tintas: se cumple o no se cumple. Hay atenuantes en la sanción, mas no existe una “media violación” a las disposiciones legales o un “medio cumplimiento” de los mandatos. Sin embargo, en un país con alto grado de impunidad, parece que sí existe el “medio cumplimiento” de la ley.
Estos días pasados, el PAN publicó la lista de quienes serán sus candidatos al Senado por la vía plurinominal. Destaca en ella Miguel Ángel Mancera. Cualquiera que haya leído alguna vez la Constitución, advertirá que Mancera está impedido para ser senador, por lo dispuesto en el Artículo 55, Fracción V de la Constitución. El jefe de Gobierno no puede ser electo legislador durante el tiempo de su encargo, aun y cuando se separe definitivamente del puesto. Aquí el PAN, al igual que Layín, pretende violar la Constitución “nada más poquito”.
También en la izquierda se cuecen habas. El domingo pasado, Morena reveló su lista de candidatos al Senado por la vía plurinominal. El nombre que más llamó la atención dentro de ella es el de Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, prófugo de la justicia y refugiado en Canadá desde hace ya varios años. Se puede estar o no de acuerdo con la postulación de “Napo”, pero si sus derechos políticos no han sido suspendidos por una causa penal, es perfectamente válido que aspire a ser senador. Ya le corresponderá al elector no darle su voto.
Dentro de esta lista, aparece el de una mujer muy preparada, que en lo personal me parece una de las mentes jurídicas más lúcidas del país. Me refiero a la exministro de la Suprema Corte, Olga María Sánchez. De corte liberal, Sánchez tendría mucho qué aportar en el Senado. La muchedumbre inquisidora, acostumbrada a linchar y a impartir “su” justicia en México, probablemente no recuerde que fue ella quien redactó el proyecto de resolución para liberar a Florence Cassez en 2013.
Siempre he defendido la postura de que los jueces deben actuar exentos de posiciones políticas, y atendiendo estrictamente a lo que dice la ley, sin seguir las demandas sociales. Creo que Olga María Sánchez actuó bien. El único problema que enfrenta la letrada es que no cumple con los requisitos constitucionales para ser senadora. El Artículo 55, Fracción V de nuestra Constitución, dispone que los exministros no pueden ser legisladores, hasta en tanto no hayan transcurrido tres años de que dejaron de serlo. Sánchez dejó de ser ministro en noviembre de 2015. Al día de la elección, habrán transcurrido apenas dos años y ocho meses, tiempo insuficiente para aspirar al cargo. Nuevamente, con ese registro, Morena pretende violar la Constitución “nada más poquito”, es decir, nada más por cuatro meses.
Aquí en Chihuahua también tenemos nuestra “Layina”. Mucho (pero mucho) menos letrada que Olga María, la consejera de la Judicatura, Lucha Castro, excede la edad máxima para el puesto. Viola la Constitución cada vez que va a ‘trabajar’ a presionar jueces. Ella misma dijo públicamente que hacían mucho borlote por “unos cuantos meses”. Nuevamente, una violación a la Constitución, aunque nada más poquito. Lo mismo aplica para el jesuita Ávila, incrustado en el politburó corralista.
Tenemos que darnos cuenta que la Constitución no es un catálogo de buenas intenciones o sugerencias, sino un documento político-normativo que establece requisitos para determinados puestos. Si quienes protestan guardar y hacer guardarla son los primeros en violarla, el edificio constitucional en que sostiene nuestro Estado colapsará tarde que temprano.
Corral está muy enojado con la atracción de la justicia federal en los casos de Gutiérrez y Tarín. Dice que la Federación quiere entrometerse en el trabajo judicial. Curioso que haga esta acusación tan seria cuando él lleva meses haciéndo lo mismo: destitución de Sepúlveda y Ramírez, nombramiento del Consejo de la Judicatura, etc. El Poder Judicial de Chihuahua ha dejado de ser poder, para ser una agencia más del corralismo.