Gerardo Cortinas Murra/
Abogado
Racismo y discriminación. Pautas culturales milenarias que han sido el sustento socioeconómico y político de los países ‘civilizadores’. El comercio de esclavos africanos y el holocausto nazi son, sin duda alguna, los ejemplos más horrendos de este comportamiento cultural. Sin embargo, en la actualidad surge una nueva modalidad de esclavitud, la llamada ‘esclavitud moderna’ (esclavitud laboral, sexual y la mendicidad forzada, entre otras).
En cuanto a la discriminación, ésta sigue siendo un padrón cultural en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, en los últimos años, las corrientes derechohumanistas han logrado que sean aprobadas legislaciones contra la discriminación y de la violencia en contra de la mujer. Al extremo, que las formas de la ‘esclavitud moderna’ pasaron a ser conductas delictivas graves.
En nuestro país, existen diversos ordenamientos legales, federal y locales, en materia de discriminación, en los que se “refleja el firme compromiso del Estado mexicano para avanzar hacia una sociedad incluyente, en la que además de propiciar la tolerancia, se reconozca en las diferencias la fortaleza de nuestra democracia”. En ellos, se plasman listados de conductas que son susceptibles de una sanción administrativa.
Ahora bien, se considera la discriminación como un fenómeno que se sustenta en una visión dominante de que unas personas pueden ser superiores a otras por su origen social, por el color de su piel, por la lengua que hablan, por su apariencia física, su edad, su identidad de género o preferencia sexual, o por cualquier otro motivo. Por ello, se afirma que la discriminación es “un cáncer de la democracia porque daña el tejido social y coloca en desventaja a grupos sociales a quienes se les excluye del ejercicio de sus derechos”.
México, a través de su historia, ha sido un país en la que el trato discriminatorio es una pauta cultural arraigada en la idiosincrasia nacional. El insulto irracional fue una actitud aceptada, social y políticamente. La burla y el desprecio a otras personas forma parte de las relaciones cotidianas del mexicano moderno. El albur, ha sido la forma más ‘sutil’ para expresar ya sea el repudio político o para burlarse del prójimo, sin usar expresiones groseras o peyorativas.
Así, las expresiones discriminatorias de naturaleza sexual, reflejan una actitud homofóbica, de desprecio a las relaciones entre personas del mismo sexo. Porque, de la noche a la mañana, la legislación derechohumanista trasformó la burla y el insulto -socialmente aceptadas- hacia una persona por sus preferencias sexuales, a una conducta reprochable y sancionable.
Hoy en día, nos guste o no, debemos ser cautos en omitir ciertas expresiones prohibidas por la CONAPRED (joto, puñal, puto, marica, etc.) que conlleven un desprecio explícito por la orientación sexual de una persona. Dicha cautela verbal, resulta más exigible y reprochable tratándose de servidores públicos. Como es el caso del flamante Comisionado del Sistema Estatal Anticorrupción, Joaquín Treviño Dávila, a quien se le ‘chispoteó’ decir que los diputados estaban más interesados en “casar maricones”, que en atender el quehacer legislativo.
La respuesta de los integrantes de la Jucopo del Congreso al comentario homofóbico de este flamante servidor público, es contundente y confirma nuestra opinión: “han puesto en evidencia algo aún más profundo: que la falta de legalidad y respeto a los derechos humanos está enraizado en la sociedad misma”.
“Han designado a una persona carente de sensibilidad, respeto y ética para con las person… alguien que, en un examen, se dedicó a mencionar en el nivel más vulgar del lenguaje, sus críticas y prejuicios contra una parte importante de la población, atacando con groserías las preferencias sexuales de las personas… En menos de un minuto de entrevista, se puede observar que además de homofobia, el Comisionado electo ignora por completo lo que sucede en su entorno y lo que la Ley dicta”.