Luis Javier Valero Flores/
Analista
¿Qué ocurre al interior del grupo gobernante? ¿Por qué razón existen, por todas partes, evidencias del desaseo jurídico -y del no menos desaseo político- del quehacer de los gobernantes chihuahuenses? ¿En dónde perdieron el rumbo acerca de las transformaciones democráticas que estaban obligados a realizar?
¿Cuáles son las explicaciones para que un grupo tan avezado en materia política -entre los cuales hay gente que se suponía tan calificada en materia jurídica, como el todavía Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, ex integrante del Consejo de la Judicatura federal- tomara resoluciones tan alejadas de las normas jurídicas, tanto, que en los primeros escarceos serían abatidas por los jueces y magistrados federales?.
Sorprende que no previeran que sus determinaciones, las concernientes a los litigios penales y administrativos, serían combatidas sin denuedo por el Poder Judicial de la Federación; que no hubiesen desarrollado una estrategia en la que uno de los principales ejes pasaba por la pulcritud jurídica de sus hechos.
En la semana fueron vapuleados, no solamente por los magistrados federales, también por las determinaciones tomadas en lo que presumían como joya de la actual administración: La integración de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción.
Más aún, a juzgar por las evidencias, no elaboraron una especie de ruta crítica de lo que no debieran hacer en el ejercicio gubernamental ¿O los rebasaron las ansias del poder? ¿El ejercicio del poder los transformó?
Si tres años atrás nos hubieran dicho que en el gobierno de Javier Corral se separarían de sus cargos a integrantes del Tribunal Superior de Justicia sin otorgarles el ejercicio de sus derechos, de audiencia, de respeto al debido proceso y al de la autonomía judicial, no lo hubiéramos creído.
Si nos hubieran pronosticado que para integrar a los órganos de dirección del sistema estatal anticorrupción (SEA) habrían quitado -al contrario de lo sucedido en el ámbito federal- el candado de la militancia partidaria, no lo hubiéramos creído.
Esto último ocurrió en la elaboración y aprobación de la ley estatal que da origen a la versión local del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), lo que dio pie a que un militante del PAN sea hoy el presidente del SEA. ¡Increíble!
Pongamos las cosas en el mundo bizarro, es decir, al revés, imaginemos por un momento que en Chihuahua hubiese ganado la elección el priista Enrique Serrano y que el Comité Ciudadano hubiese elegido a un militante del PRI para presidir el SEA ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo hubiesen sido las reacciones de la oposición política, la del PAN, y la de los activistas sociales (los que ahora son funcionarios de gobierno)?
Era imposible de aceptar. ¡Cómo va a ser posible que un priista sea quien dirija el organismo encargado de vigilar que no haya corrupción en Chihuahua sin que “la sociedad civil organizada proteste”!.
Bueno, pues de ese tamaño son las cosas que efectúa el nuevo grupo gobernante, el mismo que, casi, ha consumido el 40% de su gestión.
Los panistas habían sido los más fuertes impulsores de la creación del sistema civil de carrera -para evitar el “reparto” de empleos conforme a la militancia política de los nuevos gobernantes-. Se les olvidó. Crearon y aprobaron una ley para quitarle requisitos académicos a los aspirantes a ocupar cargos administrativos en el Congreso del Estado para darle cabida a uno de los suyos.
También habían sido los más decididos impulsores de la “ciudadanización” de los organismos vigilantes de la función pública y en la legislación local del SEA quitaron el requisito de NO haber sido miembro de un partido político.
¿Y qué pasó? Pues ya lo saben, nombraron a un panista como presidente! A José Antonio Enríquez Tamez, militante del PAN desde 1985.
Por otra parte, algo ocurre en la relación de los nuevos gobernantes y un organismo empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
¿Cómo es posible que el organismo empresarial en el que más integrantes podrían ser tema-objetivo del SEA participe en la elaboración de propuestas de integrantes, tanto del Comité Seleccionador, como de los comisionados “ciudadanos” del SEA?
Aclarémoslo ¿Porqué tanto interés del organismo aglutinador de los constructores en formar parte del organismo anticorrupción? ¿Acaso no debiera eximirse, por el conflicto de interés de muchos de sus miembros, que podrían ser beneficiarios, y lo son, de los contratos con el gobierno?
Peor, dos miembros de la dirigencia de la CMIC forman parte de ese organismo seleccionador y no se eximieron de participar en la designación de los comisionados, en especial de Joaquín Treviño, integrante del organismo y ahora criticado miembro del SEA, no sólo por sus expresiones homofóbicas y discriminatorias, sino por la supina ignorancia mostrada en la presentación realizada ante los seleccionadores.
Más aún, la calidad de los integrantes de ese comité seleccionador -por supuesto no de todos, pero sí del organismo en su conjunto- queda en un gravísimo entredicho pues las expresiones homofóbicas e ignorantes de Treviño fueron realizadas ante ellos, en el proceso de selección, y ¡a pesar de ello lo eligieron!
¡Increíble!
La ignorancia de Treviño sobre el marco jurídico existente -algo a lo que está obligado a conocer, si aspiraba a formar parte del SEA ¡Imagínense, ser miembro del organismo encargado de evitar y castigar la corrupción en Chihuahua!- es tal que en su disculpa llega a decir “Si mi expresión resultó ofensiva”. ¡No sabe que cometió una falta a la ley, todavía lo dijo en el supuesto de que hubiese ofendido a alguien!
Pero lo anterior pudiera ser el pecado menor de quienes gobiernan.
El asunto de los magistrados Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez los retrata de cuerpo entero. Ambos episodios forman parte de un defecto mayor, el mismo que tanto criticaron en su principal adversario, el del patrimonialismo.
Incapaces de leer adecuadamente las voluntades populares, creyeron que los chihuahuenses los eligieron a ellos para formar el gobierno. Se equivocan, fue el más extendido rechazo a un partido y a un gobernante -César Duarte y el PRI- lo que los llevó al gobierno. No han asimilado tal hecho.
Ahora bien, pues claro que los magistrados Sepúlveda y Ramírez llegaron a ese cargo por la decisión del gobernador César Duarte, en lo que fue una jugada concertada con el PAN, para cambiar a 13 magistrados del Tribunal Superior de Justicia y en la que al PAN le “tocaron” dos magistrados.
Unos cuantos años antes de estos hechos, Sepúlveda incumplió los requisitos para acceder a la Secretaría del Supremo Tribunal de Justicia (TSJ) -no había transcurrido aún un año de la terminación de su gestión como diputado y ya ocupaba la segunda posición más importante del TSJ-. No importaba, era un deseo del gobernador y se cumplió, no importaba el respeto al marco jurídico. De ahí ascendió a la magistratura, gracias a que había ocupado la Secretaría.
Ramírez, igualmente, no cumplía con los perfiles. Llegó porque el mandatario así lo resolvió. Luego, Sepúlveda sustituyó a José Miguel Salcido en un truculento episodio de salvaje violación a la división de poderes en Chihuahua. Como ahora.
Bueno, si el gobierno del “amanecer” quería desarticular tales redes de poder, estaba obligado a hacerlo mediante un escrupuloso respeto a la ley, a la división de poderes y al marco constitucional.
Hicieron todo lo contrario y le abrieron todas las puertas para que los magistrados defenestrados regresaran, no solamente por la puerta grande, sino enarbolando la defensa de las instituciones y del estado de derecho, sólo porque al momento de separarlos de sus cargos les violaron el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, y la garantía constitucional de la inamovilidad judicial -es decir, la certeza de que los magistrados no serían removidos al capricho de alguien, menos si ese alguien es el titular del Poder Ejecutivo, como mecanismo central de la defensa de la división de poderes-.
Vistas así las cosas, uno se preguntaría cuáles fueron las razones para, por ejemplo, no notificarles personalmente a los magistrados que estaban suspendidos, con lo que abrían toda la puerta para que tal hecho fuera usado como mecanismo para argumentar la violación a sus derechos.
¿Cómo explicar que los magistrados integrantes del Consejo de la Judicatura violaran tan flagrante y tan torpemente la ley?
¿Cómo explicarnos que decidieran sancionar a dos magistrados sin siquiera escucharlos en su defensa, en la exposición de sus argumentos y exhibición de pruebas, como parte esencial del debido proceso legal y para evitar un posterior descalabro jurídico como el que ahora arrostran?
¿Cómo explicarnos que el grupo gobernante, tan ducho en la defensa de los derechos humanos -durante años- no actuara con la diligencia, la prestancia y la plena observancia a los derechos de quienes pretendían expulsar al Poder Judicial, precisamente para evitar que pudieran escabullirse?
Otra vez ¡Increíble!
Bueno, pues no solamente el grupo gobernante tiene un problema, también la sociedad chihuahuense: La pérdida del rumbo de quienes ascendieron al poder en octubre del 2016; los imaginábamos distintos, integrantes del mundo de la democracia.
Nos equivocamos.