LA COLUMNA
de El Diario
Semana de nuevos estremecimientos en área vital para la sociedad chihuahuense. Sufre una de sus instituciones esa enfermedad crónica llamada control político, de consecuencias catastróficas para el desarrollo de la justicia en la entidad.
El Poder Judicial se debate en una severa crisis. Si antes, con César Duarte se transgredió la legalidad en el nombramiento al vapor de jueces y la famosa oxigenación de magistrados, en el régimen corralista actual persiste el mismo derrotero con intenciones de absoluto y férreo dominio, a costa de lo que sea. Nada ha cambiado. Los tapetes sobre los que el gobernador en turno pisaba hace dos décadas son los mismos usados en temporada del nuevo amanecer.
Este intento de control no es otra cosa que una demostración de inseguridad, en busca de afianzar hegemonía en un poder fundamental, como lo es precisamente el Judicial.
No fue suficiente para el gobernador, Javier Corral Jurado, con forzar el nombramiento de un incondicional en la presidencia del Tribunal Superior, sino que se promovió una reforma para colocar a un Consejo de la Judicatura con facultades anticonstitucionales, por encima del pleno, y una integración espuria, por carecer, cuando menos una consejera, Luz Estela Castro, del requisito mínimo de la edad. Está cristalizado el viejo sueño de hacer lo mismo que hicieron los priistas.
El afán de mando absoluto deviene en errores y autogolpes, como el bochornoso que presenciamos esta semana con la orden de reintegrar al magistrado Gabriel Sepúlveda, y en los próximos días, a Jorge Ramírez. El error cometido es tan infantil, que no hay explicación en los foros de abogados.
Siendo magistrados, ambos gozan de fuero. Y esta protección de carácter constitucional sólo la puede superar el voto de los diputados en el Congreso del Estado, y no una intentona despótica desde la Judicatura, cuyas facultades se encuentran subjudice; es decir, en revisión jurisdiccional.
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Hay una dislexia política: no se leen las formas ni los contenidos. Se olvida el Gobierno estatal que hay contrapesos de poder político que debe atender. El jefe del Ejecutivo de una entidad federativa se encuentra inevitablemente limitado por un sistema de competencias de carácter jurídico.
Si no se entiende ello, que es el fondo, al menos debiera entenderse la forma política. Si un gobernador puede mover voluntades en el Poder Judicial, lo mismo puede hacer la Federación, con la fortaleza de que el juicio de amparo y las resoluciones en controversias o juicios de inconstitucionalidad resultan inatacables, al recaer en ellas resolución final, y deben ser cumplidas en sus términos.
Perder de vista la realidad es error que se paga. No puede esperar a cambio flores quien actúa con sofocones, golpes en la nuca y actitudes pandilleriles.
En estos niveles no se puede ser ingenuo. “El Hereford”, aquel famoso filósofo priista de Rubio, es recordado siempre para estos efectos. A puñaladas iguales, llorar es cobardía, decía en una de sus enciclopédicas frases.
No se puede ufanar Javier Corral con adjetivos mil en contra de sus opositores. No es posible a estas alturas hacerla desde el Ejecutivo al columnista político, especulando.
Sin ningún asidero habla sobre información fidedigna y privilegiada, de personajes ligados al mas alto nivel, que dan cuenta de la teoría del complot PGR-defensa de “La Coneja”, en un mensaje de fin de semana que es una joya para un estudio de esta naturaleza. Se olvida que la alta responsabilidad de un gobernante es otra. Fue la misma reacción en el caso de los magistrados.
Metaconstitucionalmente le corresponde velar por el buen funcionamiento de la entidad pero no lo hace. Tiende al descuido y a la improvisación. Y arrastra con ello al Poder Judicial de una distracción tras otra, cuando tiene muchos pendientes durmiendo el sueño de los justos.
Tenemos como ejemplo la desaparición por decreto de una decena de juzgados tradicionales para convertirlos en orales. Tiene colapsado el sistema tradicional de justicia civil y familiar. Los juzgados a cargo de estos asuntos están más que rebasados. Los litigantes deben esperar hasta tres meses para un simple acuerdo de trámite, mientras que los ahora juzgados orales gozan de un año sabático por la ostensible inactividad en que se encuentran.
Es más, a dos meses de la decisión, no se ha terminado de radicar el cúmulo de asuntos que permanecen debajo y sobre escritorios, y en estantes que son insuficientes. Una justicia retardada es una justicia denegada.
No ha sido tampoco resuelto el grave problema que significa la estancia de más de 100 jueces provisionales, sin que se tome una decisión al respecto. Ni se ha concluido el litigio por la integración y facultades del Consejo de la Judicatura. Están pendientes también las responsabilidades legales por la deficiente construcción del ostentoso elefante blanco que ocupa el Tribunal de Justicia en la ciudad de Chihuahua. Varias centenas de millones de pesos siguen en juego.
Todo ello, mientras esta semana llegó el golpe demoledor de los tribunales federales que ordenaron la restitución en el puesto de los magistrados Sepúlveda y Ramírez, con el ingrediente de los múltiples asuntos que se encuentran pendientes de resolución en sus escritorios, y que preocupan a más de tres integrantes del nuevo amanecer.
¿Que hace gobierno? Amenaza con acudir, vía Fiscalía, al juicio de procedencia para efectos penales.
Un desafuero que sería fácil de obtener en las condiciones actuales: el PAN sólo necesita en el Congreso del Estado unos cuantos votos de sus aliados coyunturales para sacarlo porque se acusa de un delito en funciones a Sepúlveda y Ramírez. ¿Por que no lo han intentado?
La instrucción era enfrentar administrativamente los resabios del duartismo por medio del Consejo de la Judicatura, tratando de aislar el control de daños.
Sin embargo no fue suficiente. Ahora deberá entrar formalmente el otro poder, el Legislativo, a jugar desde las instrucciones de Palacio una nueva estrategia, asumiendo un rol largamente criticado...si desean continuar el show.
Al cabo que el fin justifica los medios, no importa que colapse el Poder Judicial, o se tenga que echar mano de otro poder emproblemado en su propia ineficacia, para completar la tarea.
Es un juego de vencidas donde de un lado están las estridencias y el descuido al gobernar, en los tres poderes -véase la integración del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción u olvidar que en las letras chiquitas dice que los recursos federales nunca pierden su origen- y del otro una Federación que, callada (con su propia losa, pesada, muy pesada, sobre la espalda), tiende la mano, chamaquea y opera políticamente sin aspaviento, como quien le da un dulce a un pequeño. En medio, la ciudadanía atónita por tanta ineficacia.