Luis Javier Valero Flores/
Analista
Empeñados en desarticular, a como diera lugar, las redes del poder construidas por el ex gobernador César Duarte, los integrantes del nuevo grupo gobernante no repararon esfuerzos, estrategias y recursos para ello.
Dos vertientes no contemplaron: Respetar irrestrictamente el marco jurídico -pues serían acotados y vigilados estrechamente por el viejo régimen- y el de no repetir los actos criticados por ellos en su etapa de opositores y que fueron el motivo principal para concitar el elevado grado de rechazo al ex gobernador César Duarte.
Ambos aspectos se les han empezado a revertir.
La resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, en la que le ordena al juez Octavo de Distrito, Tomás José Acosta Canto, admitir “la demanda de amparo interpuesta por el magistrado destituido Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, quien es investigado por corrupción”. (Nota del Staff, Diario de Chihuahua, 14/II/18), es un duro golpe a aquellos intentos, orientados a desarticular los nombramientos efectuados en el Tribunal Superior de Justicia para ubicar como magistrados a un grupo de los más cercanos al ex gobernador Duarte y a dos destacados panistas, que aún ocupan un lugar en el tribunal de Chihuahua, Rafael Quintana y Luis Villegas.
Pero las baterías principales estaban dirigidas a Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez, el primero de ellos sustituto de José Miguel Salcido en la presidencia del TSJ. El problema era armar sólidamente la estrategia para lograr su destitución.
Estaban obligados a respetar la ley pues era sabido que sus determinaciones darían pie a la participación del Poder Judicial de la Federación, y no porque este órgano obedezca a pie juntillas las determinaciones del presidente Peña Nieto, sino precisamente por lo contrario, porque cada vez toma más distancia de la eterna subordinación frente al Poder Ejecutivo.
Bueno, el grupo gobernante en Chihuahua en por lo menos en tres temas rebasaron esos límites: El del nombramiento de los integrantes del Consejo de la Judicatura; en el mecanismo de la separación de los magistrados Sepúlveda y Ramírez y en de las facultades otorgadas al Consejo de la Judicatura.
En el último tema el desaseo fue tal que, por unanimidad, el Pleno del TSJ impugnó la constitucionalidad de la norma creada por el Congreso de Chihuahua a instancias del gobernador Corral.
Luego, en el de la integración de la Judicatura, es un asunto que se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, finalmente, el caso del magistrado Sepúlveda.
¿Cuál es el hilo conductor de todo lo anterior?
El de la inexistencia de la división de poderes. Es tan visible, tan aparente y de tal dimensión, que hasta el ex presidente de Coparmex Chihuahua, (el sindicato patronal estrechamente ligado al PAN) Ignacio Manjarrez, y en estos momentos, presidente de la Comisión de Seguridad del organismo a nivel nacional, ha expresado lo anterior, que tal “hecho sólo existe en el papel”.
Así, en un solo tema, el de la integración del TSJ, el grupo gobernante en Chihuahua cometió los dos errores: Violó los procedimientos legales existentes y efectuó actos semejantes a los realizados por el gobierno de Duarte.
Y aún faltan las resoluciones del Poder Judicial de la Federación sobre las facultades del Consejo de la Judicatura, sobre el nombramiento de Luz Estela Castro, de la inconstitucionalidad del nombramiento de Javier Ávila en la Comisión de Atención a Víctimas y la de la remoción, como presidente del Ichitaip, de Rodolfo Leyva.
Es probable que les esperen más tardes tristes con esas resoluciones.
UNA NOTA AL CALCE: Elaborada por la agencia internacional de noticias EFE, la mayoría de los medios de comunicación dieron a conocer un hecho -el de que César Duarte no tiene orden de aprehensión en Estados Unidos- de acuerdo con la información de la policía de El Paso, Texas., sin que se contextualizara la información en el sentido de que se necesita una orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos, luego de una petición de extradición, para que los agentes del U.S. Marshals lo puedan arrestar, proceso que, según la PGR ya se encuentra en manos del gobierno norteamericano (“El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República [PGR], Alberto Elías Beltrán, confirmó que las seis órdenes de extradición solicitadas para detener al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, se presentaron a Estados Unidos”: La Jornada, 14/II/18).