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Los bochornos en el séptimo piso judicial

LA COLUMNA
de El Diario | Jueves 15 Febrero 2018 | 00:01:00 hrs

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• ‘Cuelga’ hoy el sindicato a cabadistas

• Prefieren tricolores el cascarón que ganar

• Gato encerrado de PGR y Seguro Social






Los sofocones que sufrió ayer el séptimo piso del Tribunal Superior de Justicia continuarán este jueves. Durante toda la mañana el corralista Consejo de la Judicatura sesionó para impedir el regreso a su Cuarta Sala de lo Familiar al magistrado Gabriel Sepúlveda. Es inminente que ocurra hoy lo mismo con otro magistrado, el de la Primera penal, Jorge Abraham Ramírez.

Pacientemente esperó el togado Sepúlveda en la antesala de su oficina para que la encargada temporal de la misma, Margarita Herrera Quintana, corriera hacia los despachos de los miembros del Consejo de la Judicatura e informara que, amparo en mano de un juzgado de distrito, Sepúlveda pedía ingresar a su lugar de trabajo.

Los magistrados Sepúlveda y Ramírez fueron suspendidos el ocho de diciembre pasado por los miembros del Consejo, acusados de maniobrar algunos millones con una “bodega digital”. No les dieron oportunidad alguna de defensa. Sin más los echaron de sus salas. Iniciaron pleitos jurídicos que hasta el momento van ganando.

El conflicto se reduce a una “minucia política”, la Judicatura es creación del gobernador Javier Corral, particularmente manejada por su activista en campaña electoral, la hoy magistrada Lucha Castro. Los defenestrados vienen de la administración de César Duarte. Corral, Lucha y sus apoyadores han cuidado menos que poco las formas para ejecutar algunas venganzas. Han ido deslegitimando por ello su flamante “operación justicia para Chihuahua”, en la que han pretendido incluir a Sepúlveda y Ramírez.

***

Hoy el dirigente del sindicato de trabajadores de la Presidencia Municipal, Arturo Silvadoray, dará por consumada su victoria contra los independientes liderados por el alcalde, Armando Cabada. Colgará en la plaza de una asamblea a varios activistas que le hicieron mosca durante varios meses.

Hay convocatoria para cónclave sindical. Cómo único punto a tratar es la “expulsión de compañeros disidentes ya conocidos por todos nosotros como Mauricio Martínez, Luis Cárdenas, René Estrada y Rigoberto Estrada”. Les aplicarán la fracción segunda, artículo 27 de los estatutos sindicales.

Tendrán los acusados chanza de defenderse ante sus colegas con tres ponentes a su favor; la Comisión de Honor y Justicia pondrá a tres en contra y adiós. La resolución está más que tomada.

Es un asunto de intereses por todos lados. Le pegaron los “disidentes” regular encuerada a las múltiples maromas financieras, personales y hasta político-personales a los directivos del sindicato, con especial “cuidado” en la figura de Silvadoray.

Hoy sufren las consecuencias.

***

Las rivalidades en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) chihuahuense no tienen luz al final del túnel porque algunas facciones no visualizan el 2018 sino el 2021.

Al menos esa es la certeza que guardan asesores y analistas cercanos a la dirigencia de Omar Bazán, obviamente preocupados por presentar buenos resultados en la jornada electoral del primer domingo de julio de este año.

Uno de los principales grupos que hizo equipo con otras facciones internas para permitir la llegada de Bazán a la presidencia del tricolor es ahora su principal crítico, el del exgobernador José Reyes Baeza. Tampoco a los seguidores de este agradó que Bazán se colocara al frente de la lista de candidatos a diputados plurinominales, entre otros detalles no menos importantes.

Bazán candidato y algunos de sus allegados también con algunas postulaciones en la bolsa es lo menos extraordinario en los partidos, pero es herramienta para el golpeteo.

Así lo asumen hoy los cercanos al líder estatal pero cuestionan que la pelea sea tan intensa que sólo se preocupen por ganar espacios para sus propios intereses y no para todo el partido. “Quieren quedarse con el cascarón con miras hacia el 2021”.

Esa tónica no es desconocida para el tricolor chihuahuense. Fue aplicada por el duartismo en el 2016 y los resultados fueron desastrosos. En calzones quedaron.

No es remoto así que hasta el propio Reyes Baeza pueda quedarse sin asiento en el Senado con un eventual tercer lugar del PRI en el estado: las encuestas así van, en el uno el PAN, el dos Morena y tres el PRI. No hay precandidato independiente al Senado pero en los sondeos surge con preferencias en el segundo lugar.

***

Ni por atención institucional la Procuraduría General de la República (PGR) ha prestado oídos al Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichimujeres) para conocer y dar seguimiento al caso de la mujer de Guachochi con estudios sonográficos y de toda índole que le indicaban un embarazo de gemelos y tras el parto sólo le entregaron a un bebé en la clínica del Seguro Social de Guachochi.

La señora interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes de aquel lugar pero casi de inmediato el asunto fue atraído por la PGR como un caso de orden federal.

Los hechos ocurrieron desde diciembre del año pasado pero fueron conocidos hasta finales de enero por las vueltas y vueltas en las que trajeron el IMSS y la PGR a la señora. Finalmente cayó el tema en Ichimujeres por queja directa de la afectada. El órgano estatal emitió un comunicado oficial que fue respondido  con otro del Seguro Social en el sentido de que el asunto continúa en investigación.

Esta semana Ichimujeres apretó el acelerador ante la PGR para tener acceso a la información pero con la misma fuerza la subdelegación de dicha institución en Parral se negó a otorgarla.

Por supuesto que hay gato encerrado en el tema porque ya fue probada la alteración en el expediente médico de la señora. Más temprano que tarde el Seguro Social, y particularmente la PGR, deberán explicar lo ocurrido. No es uno de los miles de casos a los que dejan sin atención.

***

Ayer anduvo el presidente municipal, Armando Cabada, por la embajada de los Estados Unidos en México. Lo acompañó el jefe de la Policía Municipal, Ricardo Realivázquez. Estuvieron también en algunas áreas de seguridad del Gobierno federal. Buscan respaldo en las operaciones locales correspondientes.


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