Javier Cuéllar/
Abogado
Pasando al tema de la política local, se ha difundido que el candidato del PAN favorito del gobernador Javier Corral Jurado es el contador público Ramón Galindo Noriega, que con tal apoyo tiene todas las posibilidades de ser el elegido por el partido albiceleste para contender por la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez en las próximas elecciones, enfrentando al independiente Armando Cabada Alvídrez.
Este presunto dedazo deja fuera de combate a otros precandidatos de la militancia panista que en otros tiempos tenían derecho a contender en una elección interna para ser designados candidatos como lo es Carlos Angulo Parra, que a juicio de muchos es uno de los abogados más brillantes del estado y que haría un magnífico papel en el caso de ganar las elecciones generales.
Como quiera que sea esta designación dedocrática va en contra de toda la tradición democrática interna del partido Acción Nacional y no es del agrado de las masas panistas de todos los tiempos a quienes no les gusta que su partido se parezca cada día más al PRI.
Por su parte, en el Partido Revolucionario Institucional el ambiente es de desolación pues la creencia general se orienta a que en las próximas elecciones difícilmente pudieran ganar algunas de las candidaturas que estarán en juego en el estado de Chihuahua.
La impresión generalizada es de un instituto político corrupto hasta la putrefacción de acuerdo a los últimos escándalos que se han conocido del régimen del exgobernador César Duarte Jáquez. Tal parece que todo lo que tocó ese funcionario priísta lo contaminó involucrando en sus enjuagues a muchos de sus colaboradores.
La desconfianza hacia ese partido está generalizada. Afecta a sus propios militantes. Por eso causó sorpresa el promocional que está publicando el propio PRI en los medios televisivos en los que se ve a un Ricardo Anaya, actual candidato a la Presidencia de la República por el frente que encabezan los panistas, profiriendo una serie de halagos y reconocimientos al exsecretario de Hacienda José Antonio Meade, que ni los propios priístas le han proferido.
MORENA indeciso
En Morena las cosas no se han definido en cuanto a la candidatura del Javier González Mocken para la presidencia municipal de Ciudad Juárez y parece que el diputado Pedro Torres le está haciendo una férrea competencia argumentando su militancia.
Muchos morenistas consideran que González Mocken sería un candidato externo, expriísta, que tiene vasta experiencia de campo y que le atraería una buena cantidad de votos incluyendo los descontentos del PRI, al partido de Andrés Manuel López Obrador.
Estos votos le serían muy necesarios porque la popularidad del Morena no ha calado lo suficiente en el estado de Chihuahua y mucho menos en Ciudad Juárez, donde la familia De la Rosa, que regentea esas siglas, las ha manejado a la manera de una franquicia comercial de su propiedad.
La moneda aparentemente se encuentra en el aire y la decisión debe tomarse a la brevedad porque organizar una campaña exitosa requiere tiempo y recursos económicos y personales que el licenciado González Mocken puede conseguir con más facilidad por sus extensas relaciones con la clase empresarial.
Meade prometió paz
José Antonio Meade en su gira por Chihuahua fue bien recibido. Aprovechó el momento para enderezar severas críticas al Gobierno del Estado con motivo de la ola de violencia que nos aqueja y que mantiene a nuestra sociedad chihuahuense al borde de la desesperación. Prometió reinstaurar la paz y la seguridad publica pues este tema es el que todos los candidatos van a poner de moda en sus discursos por ser una reclamación urgente de la comunidad. Pocos son los que se han salvado de ver cercana la violencia y en algunas comunidades los movimientos poblacionales ya se han acentuado al grado de que esas regiones parecen ya pueblos fantasmas.
Todos los niveles de gobierno están obligados a implementar efectivas acciones para detener este flagelo que amenaza con destruirnos como sociedad.
Muchos hablan de un pacto de cogobierno con las bandas del crimen organizado para poder controlarlo pero esto es muy riesgoso si tomamos en cuenta que estas bandas adquieren tanto poder que después es muy difícil controlarlas para cualquier gobierno nacional, según se vio con el crecimiento exagerado de uno delos carteles en el sexenio de Felipe Calderón.
A ese respecto parece más seguro el sistema que parece tenían anteriores Gobierno de pequeños feudos regionales y no un solo mando mafioso nacional que fácilmente se desborda.
El pleito de la inquina
El pleito entre el conductor Héctor Gónzalez García y el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez ha acaparado grandes segmentos de la atención pública por lo que, si en un principio consideré irrelevante tratarlo por aparentar ser una cuestión de carácter personal, las cosas han cambiado y por el momento me resulta insoslayable abordarlo de la manera más imparcial que me sea posible aportando mi personal punto de vista.
De acuerdo a nuestra constitución la difusión de opiniones, informaciones o ideas por cualquier medio es inviolable y solo tiene límites en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.
El ataque al honor personal, máxime cuando este se torna sistemático o impulsado por intereses personales no le es lícito a ningún comunicador que no debe utilizar su profesión para difamar o difundir información distorsionada o que falte a la veracidad mucho menos con burlas. El riesgo es provocar la ira de alguna persona que en determinado momento tiene el derecho de defenderse.
Lo cierto es que el conductor Héctor González ha mantenido una campaña permanente de ataques contra Armando Cabada. Esa actitud provoca reacciones inconvenientes que por lo prolongada pueden llevar al atacado a momentos de desesperación muy comprensibles.
Sin embargo, como hombre público que es Cabada debe ser tolerante con la crítica y no incurrir en exabruptos que perjudiquen a la institución que representa. Creo que ambas partes deben moderar su conducta en aras de no atizar el ambiente de encono social que existe en nuestra comunidad.
Por otra parte se me informa que el mantenimiento de un portal de internet tiene un costo de treinta o cuarenta dólares anuales, tal vez un poco más en algunos casos, por lo que llama la atención que algunas entidades gubernamentales paguen cantidades estratosféricas a los propietarios de estos portales por supuesta publicidad cuya difusión es muy limitada en comparación con los medios de comunicación formales que tienen costos muy elevados de operación lo que puede implicar la existencia de ciertos contubernios o favorecimientos hacia personajes de la prensa que colateralmente tienen estos portales para facturar legitimando a medias verdaderos chayotes obteniendo así lucros personales indebidos o hasta compartidos con algunos malos funcionarios.
Esta conducta implica en cierto modo una extorsión disfrazada bajo el expediente de un pago de publicidad cuestionable, aunque muchas veces esto se haga utilizando a prestanombres para que el comunicador eluda su responsabilidad personal y su relación directa con los funcionarios públicos. Es un modo de obtener dinero fácil aparentando una actividad publicitaria que en el fondo o no existe o es muy dudosa. Esperemos que con este escándalo las cosas se compongan para bien del periodismo profesional y ético.
Solidaridad entre los independientes
En el movimiento independiente todos los precandidatos cumplieron sobradamente con la cuota de firmas de apoyo que les exigen las autoridades para autorizar los registros de sus candidaturas y es de esperarse que estas les sean aprobadas en los próximos días. Causó muy buena impresión en las bases el apoyo que los diferentes candidatos recibieron del señor Armando Cabada para lograr reunir dichas firmas pues incansablemente los acompañó en sus diversas jornadas de recolección cosa que tal vez no hubieran logrado ellos solos. Se vio una labor de equipo y solidaridad que tendrá sus frutos en la elección constitucional.
Extrañamente las fracciones edilicias del PRI y del PAN presentaron en el cabildo un punto de acuerdo para forzar una licencia del alcalde para que atendiera una supuesta demanda por insultos y amenazas interpuesta en su contra lo cual es improcedente y desestima la presunción de inocencia que todo acusado tiene a su favor pretendiendo infringirle desde ya una especie de castigo.
El alcalde no ha confesado ante autoridad alguna que hubiera cometido delito alguno y solo la confesión de parte proferida ante una autoridad en ejercicio de sus funciones hace prueba en juicio y esto no ha sucedido y dudo mucho que se dé.
La regla procesal de cualquier defensa regular sería negar la acusación y arrojar a la parte acusador la carga de la prueba en forma total. Bien dice por ahí una regla general que se aplica en el derecho penal. “Acusado que se confiese culpable, que lo defienda su madre.” Hayan sido las cosas como hayan sido, no creo que el equipo de abogados defensores del alcalde Cabada le sugieran confesar siquiera una mentadita de menta.