Francisco Ortiz Bello/
Analista
Finalmente, el gobernador del estado rindió cuentas sobre los gastos de su Caravana por la Dignidad de los Chihuahuenses. Bueno, si es que se le puede llamar rendición de cuentas, a un simple informe, bastante escuálido e incompleto, sobre los gastos generales, con cifras totales y algunas sólo como estimaciones.
Un informe que, además, volvió a servir como marco de lucimiento personal del gobernador, en un evento en el que inauguró, o develó, en el patio central de Palacio de Gobierno, la exposición audiovisual sobre la Caravana y en el que, por supuesto, él fue el protagonista central y retomó su encendido discurso contra la corrupción, la impunidad, así como la exigencia de justicia en el caso Duarte.
El martes pasado, la diputada Isela Torres, del grupo parlamentario del PRI en el Congreso, presentó una iniciativa de exhorto, para que fuera votada y aprobada de manera urgente y por obvia resolución, en la que se solicitaba al Gobierno del Estado un verdadero informe de los gastos ocasionados por la caravana, así como la fuente o fuentes de financiamiento.
Un informe de esta naturaleza, al que cualquier autoridad de gobierno está obligada, y al que los legisladores estatales tienen plena facultad de solicitar y exigir, debe tratarse de un documento pormenorizado a detalle, en el que se incluya la naturaleza del evento o acto, los beneficiarios, la normatividad que permite al gobierno realizar la erogación, así como cada rubro de gasto, el importe detallado de cada rubro, y la partida o partidas presupuestales a las que se aplica el mismo. Por supuesto, para el caso de las aportaciones o donaciones de particulares, también debe aplicar lo mismo.
En el caso de los donativos de particulares hay un tema bastante delicado. Representaron un ingreso al Gobierno estatal. Un ingreso que no está considerado en la Ley de Ingresos de 2018, por tanto, habría que revisar escrupulosamente la figura legal que se utilizó para recibir tales donativos ya que, hasta donde el mismo Gobierno estatal comunicó, tales aportaciones de particulares fueron ingresados o depositados a las cuentas bancarias de la administración estatal.
¿Por qué es tan importante un desglose tan pormenorizado de los gastos? Primero, porque es recurso público. Es dinero de los chihuahuenses y, por tanto, el gobierno está legalmente obligado a rendir cuentas de su uso.
Segundo, porque ningún gobierno puede gastar dinero del erario en conceptos no autorizados por el marco normativo correspondiente. Es así de simple. Es así de sencillo y de importante el acto de rendición de cuentas. Se requiere saber con precisión y exactitud cada rubro del gasto aplicado a la caravana, así como el soporte legal que justifique claramente su aplicación.
Pero también el informe debe contener una lista detallada de todos quienes participaron en dicha caravana. Tanto de ciudadanos cómo de empleados de gobierno, porque es vital para el análisis que se desprenda del informe, conocer en qué calidad el Gobierno estatal les paga a ciudadanos viáticos o diversos gastos, para un acto oficial del gobierno.
Por eso resultó muy extraño e inquietante, que la bancada panista en el Congreso se opusiera a la iniciativa de la diputada Isela Torres, ya que con su negativa evitaron que el Congreso tuviera acceso, de manera inmediata, a esa información en los términos antes descritos, es decir, un verdadero informe, completo y detallado. Los legisladores blanquiazules aparecieron como una barrera de contención en favor del Ejecutivo estatal, convirtiéndose en una especie de defensa oficiosa del gobernador.
Los diputados de cualquier Congreso son los representantes de la sociedad, de los ciudadanos, esa es su calidad, esa es su función. Están ahí para, a nombre del pueblo, hacer o modificar las leyes, fiscalizar los recursos y el trabajo de los gobernantes o funcionarios y para gestionar las demandas sociales. Esa es la naturaleza de su función y no otra. Por eso resulta inquietante que los legisladores panistas no hayan cumplido con esa parte de su responsabilidad, oponiéndose a un reclamo justo, legal y válido de la legisladora priísta.
Que no se les olvide a los legisladores panistas que quien los puso ahí fue el pueblo, fueron los electores que les dieron su voto para que los representaran a ellos, a los votantes, y en general a toda la sociedad, no para que sirvieran de tapadera al Gobierno estatal emanado de su mismo partido.
Que no se les olvide tampoco a los diputados y diputadas blanquiazules que, la mayoría de ellos y ellas, buscarán reelegirse en sus cargos, por tanto, tendrán que salir a pedir de nuevo el voto de la ciudadanía, y tendrán que explicar por qué no han cumplido cabalmente con su obligación de representar los intereses de la sociedad, y no los del gobierno.
Son ya varios los temas y momentos en los que la bancada panista en el Congreso de Chihuahua ha servido de ariete y hasta ejecutor para los fines o propósitos del Gobierno estatal, o particularmente los del gobernador, ignorando o atropellando el interés general de la sociedad. Todos recuerdan seguramente los casos de la destitución del titular del Poder Judicial, o el grosero manoseo que se hizo en el Ichitaip destituyendo a su titular, o el caso del ex auditor superior del estado. En fin, hay tela suficiente de donde cortar para que los ciudadanos reclamen a los diputados y diputadas panistas, su inconveniente y cuestionable complacencia hacia Javier Corral.
Pero volviendo al tema del “informe de gastos” presentado ayer por el gobernador en Palacio de Gobierno, convertido en acto de lucimiento personal, Corral dijo que "...de acuerdo al informe preliminar, incluidos los vuelos del gobernador, en la caravana se tuvo un gasto de 2 millones 647 mil 932 pesos, mientras que durante 20 días se consiguieron aportaciones particulares para 74 depósitos en cuatro cuentas bancarias, por un millón 196 mil 932 pesos", es decir, que la administración estatal erogó únicamente la diferencia (que se reducirá por apoyos cuyo depósito está en trámite aclaró el jefe del Ejecutivo); o sea, un millón 451 mil pesos. Cifra que aún no se tiene clara ni es definitiva.
Sin embargo, de acuerdo con un comunicado oficial, el gobernador también señaló en el evento que "en especie, se le brindaron a la caravana aportaciones por cerca de 2 millones de pesos entre comidas, estancias en 11 sedes, más los apoyos en las plazas donde se realizaron los eventos, todo lo anterior ofrecido por habitantes de las ciudades que se visitaron". Es decir, la cuantificación total que hace Corral de los gastos de la caravana está mal calculada, porque a la suma que él menciona hay que agregarle los dos millones de comidas y alojamientos que, aunque no fueron pagados por el Gobierno del Estado, forman parte de los gastos ocasionados por lo tanto se deben considerar como donativos en especie e incluirlos en el total de los gastos. O sea, la caravana de Corral costó en total casi los 5 millones de pesos.
Lo que aterra de verdad, es la respuesta tangencial que da Corral a quienes señalamos o cuestionamos dicho gasto. Afirmó el gobernador: "...el Ejecutivo estatal destacó que los que no se preocupaban por las botellas de vino de 50 mil pesos que se tomaba el exgobernador César Duarte, ahora están muy preocupados por el 'gastadero' de la caravana"… O sea, según este razonamiento del mandatario chihuahuense, no debemos hacer señalamientos ni criticar sus gastos porque, comparados con los de Duarte, son inferiores.
Corral concluyó diciendo: “Es la mejor, la más grande y a la vez la más pequeña inversión económicamente hablando que ha hecho el Gobierno de Chihuahua en muchos sentidos, ya no se diga en términos del costo-beneficio de recuperar lo que nos habían retenido, pero mucho más en términos de la justicia que reclamamos. El verdadero tema, nunca lo olviden, la verdadera demanda planteada por nosotros, como absolutamente innegociable, lo que dijimos siempre es nuestro ineludible, es la extradición de César Duarte”.
Y qué bueno que así sea, pero, con todo y lo noble de sus exigencias, con todo y lo valioso de su reclamo, con todo y lo legítimo de su postura, aun queda pendiente la aclaración detallada de los gastos ocasionados en su caravana, así como la justificación legal de la misma. Porque no se puede exigir el cumplimiento de la Ley, violando la misma.
Y que no se salga el gobernador por la tangente. Él es totalmente responsable de los actos de su gobierno y de su administración. Duarte deberá responder ante la Ley por los suyos, pero los excesos o delitos cometidos por el ex gobernador no pueden servir para justificar los de Corral.